Ley RhodesLa ley de infancia enfila su aprobación en el Congreso con la eliminación del Síndrome de Alienación Parental

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por 27 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones el informe de la ponencia sobre la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una medida que llegó a la Cámara Baja arrastrando muchas críticas (principalmente por la falta de perspectiva de género y de enfoque de infancia) y que ahora ha sido reforzada tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los diferentes partidos políticos del arco parlamentario, exceptuando a Vox.

La iniciativa legislativa, que partió del departamento de Derechos Sociales, recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y fomenta la formación para jueces y fiscales en esta materia.

Si bien, tal como han celebrado la mayoría de los portavoces de la comisión, los cambios introducidos durante los trabajos de la ponencia han "mejorado mucho" el texto legal. En este sentido, se han incorporado más de 200 enmiendas, de las cuales más de 60 han sido transaccionadas. Una de las principales mejoras es la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una modificación introducida por los partidos que sostienen el Gobierno, y exigida por juristas y colectivos feministas. El SAP es un criterio que, pese a no tener aval científico y estar desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía sigue usándose en sentencias de custodia.

"Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) puedan ser tomados en consideración", recoge el texto. Y es que, tal como justifican estas formaciones en la enmienda, "resulta esencial prever una cautela explícita frente a la aplicación de criterios y teorías sin aval científico que actualmente se siguen aplicando y que, sustituyendo la investigación rigurosa y con todas las garantías, invalidan de partida el testimonio de la niña, niño o adolescente, especialmente en los casos de rechazo paterno, por presumir interferencia adulta".

Asimismo, se incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar. También, se establece la garantía de una atención integral para la recuperación de los y las menores víctimas de delitos violentos de naturaleza sexual y/o de género; además de eliminarse la posibilidad de la custodia compartida en caso de que existan indicios de violencia de género.

El texto de la nueva Ley Rhodes, bautizada así por el pianista James Rhodes —víctima de abusos sexuales cuando era niño—, incorpora además varias de las demandas exigidas por los partidos en aras de asegurar la protección y no revictimización (o victimización secundaria) de los menores, garantizando el acceso a sus derechos sin necesidad de mediar consentimiento de los representantes legales; reforzar el acompañamiento de las víctimas en el proceso de denuncia; reconocer plenamente la violencia digital, es decir, la violencia realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación; y de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Suspensión de los desahucios y prohibición de la entrada a los toros

No obstante, a tenor de los expuesto por varias portavoces de los distintos grupos, la norma es "mejorable porque contiene algunos déficits de especial gravedad", ha señalado la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua. En esta línea, destacan dos enmiendas transaccionadas que no han salido adelante por el rechazo frontal del PSOE, como son las medidas para evitar los desahucios de familias con menores a cargo y la prohibición de la entrada de los menores a los espectáculos taurinos. Si bien, las dos propuestas seguirán vivas para el debate y votación de la norma en el Pleno, que será previsiblemente la próxima semana.

La primera medida, apoyada por Unidas Podemos, ERC, Cs, EH Bildu y el Grupo Plural (Más País-Compromís) hace referencia a las soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial. El actual redactado del texto ofrece una información vaga en esta materia, por ello se plantea que el juez tenga que realizar "un juicio de proporcionalidad antes de tomar la decisión de autorizar la entrada en un domicilio familiar en el que residan menores de edad para proceder a su desalojo", atendiendo a los derechos recogidos en la Convención de los derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea.

Asimismo, la propuesta de estos partidos determina que las soluciones habitacionales contemplarán el mantenimiento de la convivencia de los menores con la persona que ostente su tutoría legal, priorizando la estabilidad escolar de los niños. Además, —sostiene la enmienda— la suspensión del lanzamiento deberá extenderse para permitir que el menor pueda completar el curso escolar. Por su parte, el Ministerio de Transportes defiende que la vía para canalizar esta iniciativa tiene que ser la ley de vivienda que actualmente se discute en el seno del Gobierno.

El PSOE ha rechazado también una iniciativa impulsada por su socio de Gobierno, que a su vez ha sido respaldada por ERC, BNG y Mas País-Compromís mediante una enmienda transaccionada. Es la que contempla la prohibición de la entrada y permanencia de menores de dieciocho años en plazas de toros, o recintos habilitados cuanto tengan lugar eventos taurinos, incluidas escuelas taurinas si estas utilizan animales en sus prácticas.

Con esta corrección, se pretende "dar respuesta a la preocupación de las instituciones nacionales e internacionales de proteger los derechos de la infancia y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia". En particular, nace de la preocupación de la máxima autoridad internacional en Derechos de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con respecto a la participación activa o como espectadores de niños, niñas y adolescentes a espectáculos públicos en los que se maltrate o sacrifiquen animales vivos y donde estos puedan herir de gravedad, incluso matar a humanos en presencia de los menores.

Sin embargo, el PSOE se opone a la medida porque, según aseguran fuentes socialistas, es una competencia autonómica. Además, existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han rechazado iniciativas que impidan la celebración de corridas de toros, por lo que esto podría provocar que la ley fuera "tumbada" por los tribunales.