El proyecto de ley para regular la eutanasia permitirá que la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud pueda llevarse a cabo también en el domicilio particular, además de los centros sanitarios públicos, privados y concertados. Así lo recogen varias enmiendas al articulado presentadas por los grupos a la propuesta.

La ponencia designada en el seno de la Comisión de Justicia comienza este martes a redactar un informe con las enmiendas parciales para corregir la iniciativa. El Pleno del Congreso dio el visto bueno a su tramitación parlamentaria después de rechazar los vetos de PP y Vox al proyecto de ley.

Los grupos registraron hasta mediados de octubre más 250 enmiendas. En este sentido, el grupo socialista, que presentó la iniciativa, y Unidas Podemos han introducido una veintena de propuestas de corrección. Entre sus enmiendas destaca la modificación al punto dos del Artículo 14 relativo a las medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud, que "se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o concertados, y en el domicilio particular, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza", es decir, añade la posibilidad de que esta prestación se pueda realizar en el hogar del solicitante. En la exposición de motivos de la propuesta inicial se mencionada esta idea de soslayo, pero no estaba especificada en ninguno de los artículos de la ley.  

Los partidos que sostienen al Gobierno proponen ampliar los requisitos para recibir esta ayuda al introducir la opción de un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en España superior a doce meses. La proposición inicial recogía en el Artículo 5 la necesidad de "tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud", entre otras cuestiones. 

Asimismo, crean una disposición para que las comunidades autónomas den a conocer la aplicación de la norma en todo el territorio del Estado español a través de un informe anual publicado por el Ministerio de Sanidad. Y, a fin de garantizar los medios y los apoyos necesarios en la tramitación de la petición, sendos grupos añaden otra disposición para las personas con discapacidad: "Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sorda, con discapacidad auditiva y sordociegas".

Evitar la "privatización de la muerte"

Por otra parte, el ERC también recoge entre sus enmiendas que la prestación de ayuda para morir pueda realizarse en el domicilio, ya que "se considera de suma importancia que el entorno en el que se practique" la ayuda asistida "se ajuste al máximo, en la medida de lo posible, a las preferencias del paciente". Asimismo, plantea que la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario pueda producirse "no solo en el centro sanitario o socio-sanitario sino también en su domicilio". 

Además, para evitar la denominada "privatización de la muerte", la modificación al Artículo 14.2 registrada por ERC "persigue establecer la obligación legal de la prestación de la ayuda para morir por la sanidad pública, con exclusión de cualquier otra modalidad de gestión u oferta de servicios privados". 

También, el grupo liderado por Gabriel Rufián expone que hay que "evitar trabas burocráticas que dificulten el proceso de acceso", para ello, suprime el control previo a la prestación de la Comisión de Evaluación y Control, que se realizaría después de el médico responsable ponga en conocimiento de la situación a este órgano competente. "Ninguna otra ley de eutanasia impone dichos controles previos", sostiene.

En esta línea, ERC también propone que "transcurrido el plazo de 15 días naturales sin recibir respuesta, el paciente deba entender que su solicitud ha sido aceptada", pues a su entender, el redactado actual de la proposición de ley no regula el significado del silencio administrativo en este estadio del procedimiento. 

En el texto de enmiendas, ERC argumenta la "necesidad de amparar la actuación del personal sanitario diferente al médico que pueda igualmente cooperar o causar la muerte de una persona en los casos cubiertos por la presente ley", una petición que añade a la disposición final tercera.

El PNV pide una nueva denominación de la iniciativa: "Ley orgánica de despenalización y regulación de la eutanasia y la ayuda médica para
morir", pues entiende que la proposición de ley "omite en su texto la referencia expresa a 'la ayuda médica para morir', a pesar de despenalizarlo y regularlo". En esta línea, solicita que el texto reconozca expresamente las dos diferentes modalidades, ya que "difieren en su realización y en la carga moral que comportan". El grupo vasco añade que el objeto de esta ley es "regular los derechos y obligaciones del personal sanitario que atiende a estas personas". 

El PP insiste en negar el derecho a morir

Eh Bildu, que también aboga por incluir el domicilio como otro de los lugares para llevar a cabo esta práctica, propone que en la exposición de motivos no debe plantearse "la eutanasia y el suicidio asistido como líneas disyuntivas o antagónicas. No es el sufrimiento inaguantable lo que justifica la eutanasia, ni siquiera la compasión, la justificación básica se encuentra en el reconocimiento de la condición de la persona la que exige el respeto a la libertad individual de disponer de la propia vida".

En este sentido, la formación abertzale defiende que "es necesario trascender el paternalismo que encubre someter semejante decisión personal, la propia muerte, a las decisiones de especialistas médicos, juristas y administrativos. Todo lo cual para acabar negando materialmente la autonomía de la voluntad de quien decide que su vida es insoportable".

Ciudadanos ha introducido una serie de enmiendas para configurar una regulación integral del derecho a la "disposición de la propia vida". El PP, que presentó una enmienda a la totalidad que proponía como alternativa una ley basada en los cuidados paliativos, insiste en negar a través de sus correcciones al articulado el derecho a morir.