Santiago Abascal retó a Alberto Núñez Feijóo. Le dijo que si el Senado admitía a trámite la ley de amnistía, estaría “colaborando lateralmente con el golpe”. Pero ¿puede el Partido Popular, con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, no admitir a trámite la ley de amnistía? Edmundo Rodríguez Achútegui, juez portavoz de la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, lo descarta. También Naiara Arriola, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas ICADE. Sin embargo, la gincana a la que se asoma la proposición de ley de amnistía no se reduce al Senado —donde el PP tratará de obstaculizarla—, sino que también pasará, a todas luces, por la estación del Tribunal Constitucional (TC) y por Europa.

La mañana del pasado viernes los socios de investidura de Pedro Sánchez trasladaron una petición a la Mesa del Congreso para que la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que registró el PSOE el pasado día 13, se tramite por el procedimiento de urgencia. El órgano rector de la Cámara se reúne el martes, 21 de noviembre, y previsiblemente (habida cuenta de su mayoría progresista) lo aceptará.

Eso es todo lo que se sabe con certeza hasta el momento. Los siguientes pasos son, en buena medida, una incógnita, pero no un misterio. 

Para empezar, hay que esperar la más férrea lucha del Partido Popular desde el Senado. Como señalan Rodríguez Achútegui y Arriola, una vez la proposición de ley reciba el visto bueno del pleno del Congreso, pasará a la Cámara Alta. Ahí, la Mesa la admitirá a trámite. Lo hará porque el artículo 90.2 de la Constitución concreta que el Senado dispondrá de un plazo de dos meses para “introducir enmiendas u oponer su veto” ante los proyectos de ley. A su vez, la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002 equiparó los proyectos de ley (las iniciativas legislativas que llegan del Gobierno) a las proposiciones de ley (las que llegan del Congreso de los Diputados, como será el caso de la ley de amnistía). “Así ha ocurrido siempre”, tercia Rodríguez Achútegui.

Otra cosa es lo que pase después. La reforma del artículo 133 del Reglamento del Senado alargará las cosas. Es el primer paso —sin contar las algaradas callejeras y las protestas que ha impulsado el PP, y también Vox, en la calle— con el que los populares pretenden combatir la ley. El entorno jurídico del Partido Socialista espera meses intensos. Así lo confirman a Público. Con el 133 modificado, los conservadores se aseguran la potestad de escoger la tramitación ordinaria en lugar de la de urgencia cuando el texto legislativo llegue al Senado. Por tanto, podrán alargar el paso de la amnistía por la Cámara Alta de los 20 días, a los dos meses, independientemente del carácter de urgencia que aplique el Congreso.

La mayoría popular en la Cámara Alta, en todo ese tiempo, podrá vetar o introducir enmiendas a la ley. Las mismas fuentes jurídicas del PSOE creen que lo que más complejidad puede añadir al proceso es que “se introduzcan enmiendas que generen discrepancias” a su alrededor. De todas formas, el PP podrá ir más allá y diversificar su estrategia. Javier Maroto, vicepresidente de la Cámara, anunció durante la jornada del jueves, que existe la posibilidad de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, acuda al Senado para hablar sobre la ley. Es algo que generaría expectación y un ruido que interesa en las filas populares.

Además, el PP tiene la Comisión de las Comunidades Autónomas, su “comisión estrella”, tal y como la califican desde el PSOE. “La usarán con asiduidad”, deslizan. Desde ella, podrán elaborar informes sobre las iniciativas que, como la ley de amnistía, llegarán del Congreso de los Diputados o del Gobierno. Otro flanco más.

En cualquier caso, una vez finalice todo el proceso en la Cámara Alta, y dando por hecho que la ley habrá recibido su veto o se le habrán introducido enmiendas, la iniciativa volverá a la Cámara Baja, donde los diputados deberán aprobar por mayoría absoluta el conjunto final del texto (art. 81.2 CE), ya de forma definitiva.

El papel del Tribunal Constitucional

Si todo sigue su cauce normal, tras su paso por ambas sedes parlamentarias, el jefe del Estado, Felipe VI, sancionará la ley (art. 91 de la Constitución), la refrendará el presidente del Gobierno o, en su caso, los ministros competentes (art. 64.1) y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese punto, el control del TC se podría accionar —o no— por dos vías diferentes. La vía del recurso de inconstitucionalidad y la de la cuestión de inconstitucionalidad.

“El recurso de inconstitucionalidad”, explica Rodríguez Achútegui, “deben presentarlo 50 diputados o 50 senadores del mismo o de diferentes partidos”, como dispone el artículo 162.1.a) de la Constitución. Si dichos senadores o diputados consideran que una ley aprobada contradice algún precepto constitucional, lo elevan al TC. Importante, en caso de que el órgano lo acepte, es que no se suspende la aplicación de la ley y, “en ningún caso”, especifica el magistrado, “se puede plantear ese recurso de inconstitucionalidad antes de que la ley se publique en el BOE”.

Parece difícil imaginar un escenario en que los de Feijóo no usen la herramienta.

La otra vía es la cuestión de inconstitucionalidad. La profesora Naiara Arriola la define como “un mecanismo que permite al juez suspender el proceso y plantear una cuestión al TC, si en el momento de dictar sentencia considera que la ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Constitución”. En otras palabras, si, llegado el momento, un juez observa un indicio de inconstitucionalidad al aplicar la ley de amnistía en un caso concreto, puede elevarlo al Constitucional mediante esa “cuestión de inconstitucionalidad”.

No es trivial. Esta herramienta existe porque “ningún juez puede dejar de aplicar una norma (por ejemplo, una futura ley de amnistía) por muy en desacuerdo que esté”, explica la profesora. Por eso, en caso de que alguno aprecie choques con la Carta Magna, existe un instrumento previsto para que decida el TC.

La UE valora a Sánchez

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la enhorabuena, el jueves, a Pedro Sánchez por su reelección como presidente del Gobierno. “Deseo que trabajemos juntos para abordar los desafíos de la UE”, le dijo. Hizo lo propio Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Es cortesía, pero también una muestra “de la buena relación que tiene el presidente Sánchez con los cargos de la UE”, señala Carlos Entenza, politólogo, jurista y codirector de la asociación Ideas en Guerra.

Sin embargo, el PP se encargará, ya a partir de la próxima semana, de elevar el debate sobre la amnistía a instancias europeas. Este miércoles, 22 de noviembre, la Eurocámara debatirá la ley de amnistía a petición del Partido Popular Europeo. Es un escenario que quieren aprovechar en Génova.

“Es de esperar que los populares traten de implicar tanto como sea posible a la UE”, desliza Entenza, “pero lo cierto es que Bruselas casi nunca interfiere en la política interna de los Estados miembros y que España es un socio fiable, así que dejarán actuar al TC”.

Queda mucho partido y el partido se juega en muchos terrenos distintos. Las derechas, como están demostrando, no escatimarán en esfuerzos y complicarán cuanto puedan la carrera de obstáculos que inició la ley de amnistía desde el preciso momento en que se registró en el Congreso.