El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves desde la localidad de Pontons (Barcelona) que su formación presentará "hoy mismo" el recurso de inconstitucionalidad que encargó al bufete de abogados que ahora preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. El recurso se interpone contra la ley del Parlament de Catalunya en la que se regula el precio de los alquileres. A juicio de Casado, "es un ataque a los futuros arrendatarios y a los inquilinos". "Al final cuando se ataca la propiedad privada lo que van hacer los propietarios es no poner en alquiler esos pisos", ha argumentado.

La norma se aprobó el pasado 9 de septiembre el Parlamento de Catalunya y obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

A modo de respuesta, los populares encargaron al despacho Martínez-Echevarría & Rivera Abogados la elaboración del recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que la elección del despacho de Rivera no es casual. El principal objetivo de Casado es convencer al millón de votantes que se decantaron por Ciudadanos el pasado 10 de noviembre y también al otro millón que decidió no acudir a las urnas. 

El presidente del PP ha pasado de querer formalizar una alianza entre ambas formaciones a querer absorber a Cs y por eso trata de acercarse a su electorado: primero contratando a su gran referente -presidente de la formación durante trece años- y también copiando partes de su discurso, como reveló Público.

Para Casado esa medida atenta "contra la libertad de los pequeños propietarios, muchas veces clases medias o personas que han recibido herencias de sus padres". "Lo que hay que hacer en Catalunya es bajar impuestos, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y apostar porque esa bajada de impuestos cree más empleo", ha defendido.

La solución, según el líder del PP, pasa por "ayudar a las familias y a los jóvenes en especial a que se emancipen" pero "no con estas medidas que al final encarecen la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler".