Los juzgados avanzan, pero los responsables políticos del operativo policial, y por tanto de las cargas del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, durante la jornada del referéndum soberanista, tampoco están dispuestos a bajar el ritmo.

De hecho, parte de los 8 jefes de núcleo que actuaron el 1-O en Barcelona ya han declarado como testigos o imputados en algunas de las 27 causas que instruye el Juzgado número 7 de Barcelona, junto a otra treintena de agentes.

Sin embargo, más allá de la responsabilidad de actuaciones concretas en cada uno de los colegios electorales, o de los golpes propinados a los concentrados para votar por cada uno de estos policías, no hay más explicaciones sobre quién y cómo dio órdenes de actuar desde la parte superior de la cadena de mando, e incluso se niega que estas directrices existieran; se actuó en base a un mandato judicial que interpretaron los mandos operativos, y estos fueron los que tomaron decisiones, vienen a decir los responsables políticos.

Fuentes de varias acusaciones populares personadas en las distintas piezas que instruye el Juzgado 7 explican a Público que no hay agendados nuevos interrogatorios hasta septiembre -cuando comparecerá un agente que actuó en la Escola Víctor Catalá- , apenas unos días antes de que se cumplan dos años del 1 de Octubre.

Hasta ahora, el responsable político directo de estas actuaciones, el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coordinador del operativo conjunto -integrado por Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra-, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, se han ratificado en sus declaraciones ante el Supremo, incidiendo en que los responsables de dar la orden de actuar fueron los mandos operativos sobre el terreno, y en que el único mandato con el que contaban era el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para impedir el referéndum. El mismo que recogía en el apartado de Fundamentos de Derecho que la actuación policial debía discurrir “sin afectar a la normal convivencia ciudadana”.

No obstante, distintas acusaciones inciden en que es necesario dilucidar quiénes fueron los responsables políticos de orquestar un complejo operativo en el que participaron en torno a 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil, y no únicamente de los agentes que se sirvieron de sus defensas o de pelotas de goma en su actuación. "Aquí es probable que no se impute sólo a policías", apunta una acusación, precisando que tienen previsto apuntar más alto en la cadena de mando.

Según las fuentes consultadas, hay un total de 39 agentes investigados por los hechos en los colegios electorales Ramon Llull; Pau Claris; Mediterrània, Prosperitat, Àgora, Escoles Pies Sant Antoni o Escola Infant Jesús y otros tantos, todos ellos en Barcelona.

Las unidades de Policía estaban estructuradas en núcleos, a su vez integrados por grupos, si bien los jefes de núcleo -todos ellos con el rango de inspector jefe- eran los máximos responsables de su actividad. Ellos decidían qué material antidisturbios usar, si se utilizaban o no pelotas de goma y otras tantas variables, como explica una de las acusaciones, incidiendo en que a todas luces obedecían pautas de sus superiores jerárquicos.

La denuncia por las cargas, presentada el mismo 1 de octubre por la Generalitat de Catalunya, derivó en la apertura de diligencias previas, y posteriormente se abrieron cada una de las piezas separadas que hoy siguen vivas, agrupadas en el 7.

Con todo, este es sólo un ejemplo más de las causas que integran el laberinto judicial del procés: se ha hablado en particular del juicio contra la cúpula del Govern (febrero-junio de 2019), celebrado en el Tribunal Supremo, pero la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya también tienen un rol en este entramado judicial.

Nieto y Pérez de los Cobos mantienen posiciones

Nieto testificó ante el Juzgado 7 en junio; Pérez de los Cobos tomó el testigo la semana pasada, y ambos se ratificaron en lo mantenido hasta la fecha. Y, a diferencia de los máximos responsables del Gobierno por esas fechas, incluidos el presidente, Mariano Rajoy, o el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Nieto dijo asumir su responsabilidad sobre el operativo que aseguró no haber orquestado, y defendió férreamente a los agentes. Anteriormente, sindicatos policiales alabaron la comparecencia de Nieto ante el Supremo, mientras que la de Zoido fue criticada incluso entre las filas del PP, siempre fuera de cámara.

De hecho, el exnúmero dos de Interior volvió a afirmar ante el Juzgado 7 -por videoconferencia- que la actuación policial fue "ejemplar", y ambos reiteraron que no se dio orden concreta de iniciar las actuaciones, pero tampoco de pararlas. La última intervención de la Policía Nacional en Barcelona, según una de las partes en esta investigación, se registró en torno a las 15.00 horas, si bien Pérez de los Cobos insistió ante el juzgado barcelonés, como había hecho ante el Supremo, en que las actuaciones siguieron produciéndose durante la tarde.

Y, en línea con lo expuesto ante el Alto Tribunal, las acusaciones trasladan que el coronel de la Guardia Civil volvió a cargar contra su némesis particular, el major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero -que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir de enero de 2019-, pero también contra los policías catalanes. Pese a la petición de las defensas, el tribunal que debe dictar sentencia sobre el procés no permitió un careo entre el coordinador del operativo y de Ferrán López, excomisario jefe de los Mossos, dada la magnitud de las contradicciones entre sus respectivas versiones de lo ocurrido en aquella jornada. 

Ante la Sala de lo Penal del Supremo, de los Cobos, que insistió en que su única tarea era “coordinar” -y no dirigir-, sostuvo que no hubo "enfrentamientos con ciudadanos en ningún caso", pese a las imágenes de las cargas; que los agentes hicieron "un uso exquisito de la proporcionalidad", y que la actuación de los Mossos perseguía dificultar el trabajo de Policía y Guardia Civil, en lugar de impedir el referéndum.

En el juicio a la cúpula del procés, el Ministerio Público llegó a imputar al Govern la responsabilidad por las lesiones de todos los heridos registrados en esa jornada. Fueron 1093, de los que cerca de 1.000 eran civiles. La sentencia del Supremo está prevista para octubre y, visto el ritmo del resto de procedimientos, se hace difícil pensar que por estas fechas haya sido posible identificar a los responsables políticos de las cargas.