Silencio en el juzgado. Una vez más, la Ley de Secretos Oficiales del franquismo ha sido clave para impedir que se conozcan datos sobre la venta de armas al régimen saudí, responsable de los brutales ataques contra Yemen. Mientras allí superan ya los 200 mil muertos, en Madrid el juzgado de instrucción número 53 ha inadmitido una querella interpuesta por la asociación de juristas Sociedad Humana para que se investigue el envío de 400 bombas guiadas a la dictadura árabe.

Según ha dado a conocer Greenpeace –integrante junto a Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y FundiPau de la plataforma Armas Bajo Control– la entidad denunciante advierte en su querella que "este armamento pudo haber sido utilizado en la guerra de Yemen", donde se cometen "graves crímenes y violaciones de derechos humanos contra la población civil del país".

"Según la legislación española e internacional, está prohibida la exportación de armamento a lugares en conflicto, que pueda ser usado para cometer violaciones de derechos humanos, por lo que autorizar este tipo de transacciones podría ser constitutiva de un delito de prevaricación", recuerda Greenpeace.

Sin embargo, la Ley de Secretos Oficiales del franquismo garantiza el hermetismo del Estado a la hora de tramitar las licencias de armamento. Tal como informó Público hace algunos días, el Gobierno de Felipe González aprovechó esa norma franquista para clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), encargada de otorgar las licencias para la exportación de armas. Así se aprobó en un Consejo de Ministros en 1986 y sigue hoy plenamente vigente.

De ahí que Sociedad Humana haya chocado con el muro del silencio. "El juzgado ha argumentado, para no admitir a trámite la querella, que era fundamental aportar la autorización del envío de las bombas, un documento al que la asociación querellante no tiene acceso porque está protegido por la Ley de Secretos Oficiales, y el juzgado no accedió a solicitarlo al Gobierno", destaca Greenpeace.

La organización ecologista y pacifista señala además que "el juzgado considera, además, que la jurisdicción competente para conocer de este asunto es la contencioso-administrativa, y no la penal".

"Irónico"

En tal sentido, advirtió que "resulta irónico que para poder investigar la comisión de una presunta prevaricación por parte del Gobierno, la justicia exija que se presente la licencia de autorización de la venta, que el propio Gobierno tiene la potestad de ocultar con base en la ley franquista de Secretos Oficiales".

"Gracias a esta ley, la venta de armas está fuera del control del Parlamento y de la sociedad civil, aun cuando, como este caso, el secretismo del envío podría implicar una grave violación de los derechos humanos. La justicia debería cumplir con su función constitucional de controlar a los demás poderes del Estado, y pedir al Gobierno que le autorice a conocer el contenido de la licencia cuyo contenido se está tratando de impugnar", señala Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

Por tales motivos, la organización ecologista y pacifista Greenpeace ha exigido la reforma de dicha ley. Este punto está hoy en el ámbito del Congreso a raíz de una reforma propuesta por el PNV.