El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha rechazado las intenciones de la Abogacía del Estado para que continúen la exhumaciones en el Valle de los Caídos. Así lo ha dictaminado el tribunal madrileño tras denegar la solicitud del organismo público que pedía que se ejecute el auto que levantaba las medidas cautelares que paralizaban las excavaciones. 

Por lo tanto, la pelota cae ahora en el Tribunal Supremo, que debe adoptar una postura relativa a este asunto y decidir si se mantienen las medidas cautelares o si se permiten realizar las exhumaciones. El magistrado deniega que se aplique la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este juzgado dio luz verde al recurso de Patrimonio Nacional contra la sentencia del tribunal madrileño que impedía ejecutar las excavaciones. 

De esta forma, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo da la razón a la alcaldesa de El Escorial, Carlota López, que se ha negado a renovar la licencia para autorizar el acceso a las criptas. El Consistorio, en un informe jurídico, alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.

Algo que ha llevado a los familiares de las personas inhumadas a interponer una querella por un presunto delito de prevaricación al contravenir dos resoluciones judiciales. Una de ellas es la sentencia del TSJM, que señala que la exhumación de los restos no supone "una transformación urbanística", por lo que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística".

La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.