La alarma social por los casos de las rebajas de penas a hombres condenados por violaciones ha impulsado al sector socialista del Gobierno a poner presión sobre el Ministerio de Igualdad y especialmente sobre su responsable, Irene Montero, para realizar modificaciones de forma urgente en la conocida como ley del solo sí es sí. 

Este pasado fin de semana se desveló que el Ministerio de Justicia tiene listo ya un plan para poner en marcha dicha reforma de manera exprés. La forma de ejecutarla del PSOE en los próximos días es a través de una proposición de ley. Lo que no tiene el equipo que dirige Pilar Llop son datos de cuántas condenas realmente se han rebajado desde que el pasado 7 de octubre, cuando la Ley Orgánica de Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí, entró en vigor. 

Un dato clave, por tanto, es conocer cuál es el impacto real de la norma, cuánto hay de campaña mediática o de alarma social injustificada. Desde que saltaran las alarmas por las primeras rebaja de sentencias a violadores (a mediados de noviembre), las cifras barajadas por los medios de comunicación no han dejado de crecer en un goteo constante sin que haya confirmación real por falta de datos del propio Ministerio de Justicia ni ningún otro organismo del Estado. En la actualidad ,los datos distribuidos por diversos medios de comunicación es que ha habido algo más de 300 rebajas de condenas y en torno a 20 excarcelaciones.

Este periódico se ha puesto en contacto en diversas ocasiones con el ministerio que dirige Pilar Llop para averiguar cuál es el número real de revisiones de penas que está en poder de Justicia para conocer en base a qué datos ha decidido el ala socialista del Gobierno poner en marcha una reforma de una ley que aún no se ha implementado y que lleva apenas dos meses y medio de vida real. 

Sin datos fiables

Fuentes de Justicia han afirmado a este periódico no tener dichos datos ni tener constancia del número de sentencias revisadas en su conjunto por las distintos tribunales superiores ni audiencias provinciales. Tampoco cuántas de ellas fueron revisadas a la baja, cuántas rebajas de penas han sido rechazadas por los jueces, ni el número de sentencias en las que se afirma que se aplica una condena inferior por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. 

Unos datos desagregados que podrían arrojar luz y dar un panorama de lo que está ocurriendo realmente con la aplicación de la ley. El Ministerio de Justicia afirma que la recolección de dichos datos corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este medio se ha puesto en contacto con este organismo, pero ha obtenido la misma respuesta. El CGPJ afirma no tener datos, que los que les envían los tribunales superiores de Justicia son cifras parciales y que no todos lo hacen. Es decir, que no contabilizan de manera oficial los datos mencionados. 

Desde el TSJ de Valencia, por ejemplo, confirman a este diario "no tener estadísticas oficiales", pero que desde la oficina de comunicación pueden confirmar que "hasta la fecha han remitido al Cendoj (la base de datos de sentencias del Poder Judicial) un total de 46 autos con rebajas de penas dictadas por por sus tres audiencias provinciales y que en dos de esos casos la rebaja supuso la excarcelación de los penados".  

También la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte de que los datos que aporta sobre la cuestión "no es una estadística oficial". "Lo correcto es decir que la oficina de comunicación hasta el día de hoy ha tenido conocimiento de 11 revisiones (una con excarcelación) y cuatro denegaciones de revisión", apuntan fuentes de prensa del TSJ de Canarias.

La Agencia Europa Press publica actualizaciones de datos basados en sus propias investigaciones. Así, habla de que "al menos 338 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley del solo sí es sí", en su último teletipo sobre el asunto, el pasado 30 de enero. 

Esta agencia advierte de que esa cifra, 338 agresores beneficiados, corresponde a "revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma", es decir, que tanto los fallos nuevos en aplicación a la ley en vigor como las revisiones a la baja forman parte de esa estadística. Una información que, sin embargo, no puede ser confirmada por Justicia ni por el CGPJ.

Los medios se lanzan a un show sin datos contrastados

Algunos medios han instalado en sus webs o programas de televisión contadores que van actualizando constantemente el número de condenas rebajadas y cuentan con formato de espectáculo los nuevos datos conocidos, contribuyendo al ruido y a la alarma social, sin poder basarse en ningún dato oficial. Sin embargo, ninguno explica a qué corresponden los datos ni de qué fuente salen. 

Tampoco la Fiscalía General del Estado está contabilizando los recursos que los fiscales están presentando contra las rebajas de condenas que a su juicio están mal aplicadas, según confirman fuentes de la institución a este diario. El fiscal General del Estado dictó una instrucción para que los miembros de la Fiscalía se opusieran a la reducción de las condenas a los agresores sexuales cuyas penas estén dentro de la horquilla prevista para ese delito por la ley del solo sí es sí. Pero desde el 21 de noviembre pasado, cuando se recibió la instrucción, no se han contabilizado el número de recursos que han interpuesto los fiscales, algo que ayudaría a entender el funcionamiento de la nueva ley.

De lo que no cabe duda es de que la entrada en vigor ha tenido consecuencias no previstas por el Gobierno, ni por las distintas instancias que valoraron la norma (expertos del Ministerio de Justicia, CGPJ, partidos políticos en las Cortes, abogados del Estado...). El pasado 20 de enero, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que "es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados, es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en ese decreto interpretativo, pero también reconocemos que es una ley que protege a las mujeres y protege a las víctimas". Entonces afirmó que se estaba "trabajando para cambiar la ley y evitar a futuro los efectos indeseados que se han dado en su aplicación" y buscamos un acuerdo que tocara "aspectos puntuales" de la norma, pero no el concepto del consentimiento, manteniendo como único delito de agresión sexual, sin volver al modelo anterior.

El pasado sábado, sin embargo, La Vanguardia desveló que fuentes socialistas del Gobierno urgían a Irene Montero a llegar a un acuerdo cuanto antes. Solo un día después la Cadena Ser se hizo eco de algunos aspectos del plan de Justicia para cambiar la norma, un esquema en el que no se contempla eliminar el consentimiento, pero que reintroduce el concepto de violencia e intimidación para juzgar los casos de violencias sexuales, algo que desde Igualdad afirman que desvirtúa toda la norma y desprotege a las mujeres en el sistema de Justicia.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, aseveró el pasado lunes que este ministerio lleva negociando y buscando soluciones desde el mes de diciembre. Que ha planteado diversas alternativas a Justicia, pero que han sido rechazadas. También se abrió a subir algunos tipos mínimos de las penas más graves, aunque defiende que la ley no tiene ningún error y que necesita ser implementada en su totalidad para tener los efectos beneficiosos para las víctimas de violencia sexual. Igualdad insiste en que no todos, pero que sí algunos jueces están aplicando de forma inadecuada el nuevo código penal y rebajando penas de forma automática, aplicando una parte de la norma, pero no su conjunto, que propone más agravantes que el Código anterior.

Fuentes del PSOE llegaron a afirmar que este cambio se llevaría a cabo con el acuerdo con Unidad Podemos o sin él. Por su paste, el Partido Popular se apresuró a ofrecer sus votos para el cambio de la norma.