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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Salamanca a demoler el denominado parque de la maquinaria, un complejo construido durante la alcaldía de Alfonso Fernández Mañueco junto al río Tormes que ha servido para guardar camiones del servicio provincial de carreteras, así como servicios de limpieza y recogida de basura urbana.
El auto, al que ha tenido acceso Público, otorga un plazo extraordinario de tres meses para ejecutar la demolición del enclave. En noviembre, la sala ya dictó una primera sentencia obligando al Consistorio a derribar el complejo y ahora, al constatar "que no se ha cumplido lo ordenado", exige la actuación con una amenaza de abrir "los correspondientes expedientes sancionadores".
Además, los magistrados condenan al Consistorio a pagar la totalidad de las costas del procedimiento "en base a la temeridad demostrada en dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales" o a hacerlo de manera conjunta con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), también condenada por haber autorizado la construcción del parque. Además, para asegurarse de que el Ejecutivo cumple lo dictado por la Justicia, el alto tribunal requiere al alcalde actual, Carlos Manuel García Carbayo, a comunicar mensualmente el estado de las obras de demolición.
La construcción del enclave se remonta al mandato de Mañueco en la ciudad salmantina. El alcalde aprovechó la demolición del dique del río Tormes para levantar en ese lugar el polémico parque. El hoy presidente de Castilla y León consiguió la autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero, entonces presidida por Pedro Valín, exconsejero del PP de Agricultura y Ganadería de la Junta entre 1996 y 2007, y pudo levantar el parque. Todo ello generó un rechazo social importante, con colectivos ecologistas y partidos de la oposición en frente.
Años después, en 2019, con la CHD renovada y el complejo construido, se emitió un nuevo informe desfavorable a la antigua autorización de obras, lo que abrió una brecha entre las dos instituciones que persiste en la actualidad y que ha sido clave para entender la actual sentencia que considera ilegales los edificios construidos.
De hecho, el Ayuntamiento de Salamanca, al conocer esta última sentencia de demolición ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la CHD con la que solicita una indemnización de 6,8 millones de euros por los supuestos daños que supondrá el derribo de las instalaciones y el traslado de las mismas al polígono de 'El Montalbo', tal y como ha informado Europa Press.
El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha explicado este jueves a los medios que dicha reclamación se debe a los "daños" que ha supuesto a las arcas municipales la declaración de nulidad de la autorización concedida por la Confederación.
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