El Gobierno del PP implantó las tasas judiciales en 2012 y argumentó que iban a financiar la justicia gratuita en España. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto". Agrega que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".

En este sentido explica que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su "ámbito competencial" cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino.

"Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa", especifica Justicia.

Baldoví registró ante la Mesa del Congreso de los Diputados una pregunta en la que solicitaba información sobre el destino otorgado por el Gobierno a esta recaudación. El diputado de Compromis también quería saber si el Ejecutivo ha procedido a transferir el dinero a las comunidades autónomas con competencias de Justicia.

512 millones de euros

En otra respuesta enviada el pasado mes de noviembre al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno cifró en más de 512 millones de euros la recaudación por este gravamen, aprobado a finales de 2012 y que está a punto de ser reformado por el Ministerio dirigido por Rafael Catalá.