La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el cartel que Vox colocó en la estación de Metro de Sol durante la campaña de las pasadas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid contra los menores extranjeros no acompañados, en el que comparaba la pensión de jubilación que recibe una persona mayor con el gasto mensual dedicado a estos menores. El tribunal  desestima el recuso  de la Fiscalía y valida dicho cartel con el argumento de que no se puede considerar que éste represente unas "ideas a prohibir", mientras han de admitirse otras "tan criticables o más que estas". 

Los jueces consideran que el mensaje del cartel es un mero "eslogan electoral" y que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces", los menores extranjeros "representan un evidente problema social y político incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio".

El cartel electoral de Vox comparaba lo que costaba mantener a un menor inmigrante sin familia con "la pensión de tu abuela" y enfrentaba la imagen de una señora mayor con la de un joven enmascarado y capucha. Junto a estas fotografía se podía leer el eslogan Protege Madrid, vota seguro. 

En el auto, los magistrados rechazan el recurso presentado por la Fiscalía,  y sostienen que "el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas (sic), en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes".

Al tribunal poco parece importarles si las cifras que menciona Vox en el cartel sobre el coste de mantener a estos menores para el Estado (4.700 euros al mes por menor, según el partido de la ultraderecha) sean falsas. Ya se demostró que esas cifras estaban claramente infladas, pero el tribunal afirma al respecto: "Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores extranjeros] representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio".

La Fiscalía argumentaba que el cartel pretende "trasladar una imagen prejuiciosa", al vincular a los menores extranjeros con la delincuencia.
El Ministerio Público entendía que ello inducía a una "negativa" respuesta social hacia un colectivo ya "doblemente vulnerable".

"No cabe tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos", responde la Audiencia Provincial de Madrid. Concluye el tribunal que el cartel "se trata de un eslogan electoral, que como tal no permite considerarlo, mediante un uso alternativo del derecho, como unas ideas a prohibir mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que éstas".

Una jueza de Madrid ya archivó a finales de abril, en plena campaña electoral,  la denuncia del PSOE contra Vox por supuestos delitos de odio y electoral tras publicar este cartel. El pronunciamiento  de la Audiencia es la respuesta al recurso de la Fiscalía a la decisión de la jueza.

En su auto, la jueza de instrucción número 53 de Madrid decretó el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistieran delito. La jueza consideró que se trataba de un ejercicio de la libertad de expresión. En la resolución, la magistrada decidió el archivo provisional porque esos mensajes tampoco presentaban, en su criterio, la intensidad necesaria para generar un riesgo contra los menores no acompañados.

La Audiencia de Madrid tiene aún por resolver le recurso interpuesto por la Asociación Ciudadanía Progresista 'Progresa' contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional.

Una burda mentira

En un reportaje firmado por Jairo vargas y Celia Vasco, Público contactó con la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes que calificó de "bulo" el cartel de Vox. La supuesta partida de 4.700 euros. Explicaba la asociación "no va a menores, sino a gastos como las instalaciones o sueldos de profesionales que trabajan en estos centros". Y apuntaba que, en la Comunidad de Madrid, "el 71,1% de los menores en centros de protección son de nacionalidad española, frente al 28,9% de origen extranjero". Según el registro del Ministerio de Interior, en la Comunidad de Madrid habría 356 menores migrantes de los 9.000 que había en España en diciembre, aunque estas cifras no son del todo exactas y no se miden de forma correcta y constante. 

Por otra parte, los supuestos 426 euros de pensión que, según Vox, recibe "tu abuela" también son una cifra tergiversada. La pensión de jubilación media de la Seguridad Social en la región de Madrid fue de 1.194,84 euros al mes en 2020, un 2,15% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, la pensión media más común en Madrid fue de 1.366,82 euros en febrero de 2021. Por sexos, la pensión media de los hombres fue de 1.468 euros; en el caso de las mujeres, 979,33 euros. 

"Un mensaje vergonzoso"

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, lamentó que "la Justicia haya lanzado un mensaje vergonzoso" al avalar ese cartel durante la pasada campaña electoral. Consideró que esta decisión judicial "profundiza en la desconfianza" en la Justicia y "ha hecho un señalamiento de niños desamparados".

La portavoz del PSOE, Hana Jalloul, dijo que respeta las decisiones de la Audiencia Provincial y afirmó que su partido mantiene su valoración política: "Es un cartel repleto de mentiras, racista y xenófobo que incita al odio hacia un colectivo vulnerable". Dijo que este cartel reproduce un "mensaje propio de la ultraderecha que sostiene el Gobierno de la Comunidad Madrid y que tanto mima la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso".

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, dijo que "esta sentencia es para que se lo hagan mirar" los jueces, y consideró que Vox hace campaña "sobre la mentira". Asimismo, condenó "los discursos de odio y que el poder judicial los ampare".

La Fundación Internacional de Derechos Humanos también se ha pronunciado, asegurando que "la Justicia Española no cumple los estándares internacionales de respeto al Estado de Derecho ni a los Derechos Humanos", califican de "racista y xenófoba" la esencia que impregna el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial español.