Mariví Pinilla, exalcaldesa de La Muela, el pueblo zaragozano que se convirtió en el paradigma de la vertiente rural de la corrupción que acompañó a la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo, lleva 5.000 días bajo sospecha. Sin embargo, trece años, ocho meses y cinco días después de que comenzaran las pesquisas sigue sin haber sido condenada ni absuelta en firme, en uno de esos casos, que menudean en los asuntos de cuello blanco, en los que la lentitud de la justicia alcanza niveles asombrosos. Otros veinte acusados se encuentran en una situación similar pese a que la mayoría de ellos (15) fueron formalmente declarados culpables ya en 2016.

Esos 5.000 días son los transcurridos desde que el 26 de diciembre de 2007 dos ciudadanos que resultaron ser dos exconcejales de confianza de Pinilla, su exteniente de alcalde Fernando Embarba y Marisol Aured, que la sucedería al frente del PP, se personaron en el recién creado Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Zaragoza para ofrecer las primeras pistas de un asunto que, con el permiso del saqueo de la plataforma logística Plaza, pasa por ser el mayor caso de corrupción destapado en Aragón.

Las pesquisas derivaron en dos macrojuicios de los que se derivaron sendas sentencias, una a finales de septiembre de 2016 con 29 condenados y en la que a Pinilla le cayeron 16 años y medio de prisión y multas que superaban los 10,5 millones de euros por 14 delitos de corrupción, y otra similar, de julio de 2019, con penas similares de prisión pero dos millones menos en multas y tres delitos menos, después de que el Supremo ordenara repetir la primera vista al haber permanecido sin abogado durante varias sesiones tras discrepar con el que comenzó el juicio y no haber llegado a declarar.

La malaya aragonesa llegó a llamarse al caso, por los paralelismos que la trama de corrupción de esta localidad de la estepa zaragozana guardaba con las que se fueron descubriendo en torno a Jesús Gil y sus sucesores en la ciudad malagueña, entre los que se encontraba lo voluminoso de un sumario de 89.433 folios. La denominación policial, no obstante, fue operación Molinos en alusión a los aerogeneradores característicos de su paisaje desde hace más de dos décadas.

¿Qué fue el ‘caso La Muela’?

Las sentencias y las investigaciones declaran a la existencia de una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de La Muela, una localidad zaragozana que hoy se acerca a los 6.000 habitantes (5.894, según el INE) tras haber sido escenario de un vertiginoso desarrollo urbanístico con el que quintuplicó su censo durante la burbuja, cuando pasó de los 1.008 vecinos de 1996 a los 4.928 de 2009, en año en el que la Policía desató la operación Molinos.

En esos años, con Pinilla en la alcaldía, los sobornos, el tráfico de influencias y los pelotazos florecieron junto a una gestión populista en la que cabían los viajes de vecinos al Caribe con cargo al consistorio, la construcción de una plaza de toros con techumbre en la que llegó a cantar Julio Iglesias en unas fiestas patronales o los continuos ascensos del equipo de fútbol local, con un hermano de la alcaldesa como entrenador y con magras aportaciones de algunas constructoras.

¿Quiénes eran los personajes principales?

La amplia red de corruptelas incluía, básicamente y además de a parte de la familia de la entonces alcaldesa como beneficiarios, a concejales (todos del Par) y empresarios de la construcción entre los que destacaban Julián de Miguel, ya fallecido y que desde Aranade pilotó el desarrollo Urbanístico del pueblo, y Carmelo Aured, alcalde en la primera legislatura democrática y primo de Pinilla que aparecía en varias de las operaciones inmobiliarias en las que se centró la investigación.

¿De cuánto dinero hablamos?

Los distintos informes que obran en la causa apuntan a un volumen de fraude fiscal superior a los ocho millones de euros. La segunda sentencia señala que la familia de Pinilla llegó a recibir 3,49 millones de euros de De Miguel y su empresa tanto en metálico como en especie (viajes y coches) entre 2002 y 2009.

Las pesquisas incluyen episodios como el del constructor madrileño que logra que Pinilla le entregue 250.000 euros en efectivo en una bolsa de supermercado tras rogarle en varias ocasiones que le diera dinero porque lo elevado de las comisiones que tenía que pagar estaban asfixiando su negocio.

¿En qué punto se encuentra el asunto en los tribunales?

Ahora mismo, en una especie de limbo, ya que la Sala Segunda del Supremo, que recibió hace casi dos años, en noviembre de 2019, los recursos contra la sentencia que emitió en julio de 2019 la Audiencia Provincial de Zaragoza, sigue sin ni siquiera señalar fecha para la votación y el fallo de la propuesta que pueda preparar el ponente del recurso. Entre la primera sentencia de la Audiencia de Zaragoza y la que ordenó repetir el juicio pasaron algo menos de veinte meses, un plazo que ya ha superado con creces en esta segunda ocasión.

¿Qué aspectos debe resolver el Supremo?

Además de las impugnaciones referentes a la carga de la prueba de las condenas, de la cuantía de las penas y del hecho de que, tras más de una década de tramitación, la Audiencia de Zaragoza no aplicara la atenuante de dilaciones indebidas por la inusualmente larga duración de la instrucción, uno de los temas nucleares se encuentra en la validez de las escuchas telefónicas a partir de las cuales se fue estructurando el caso y de los registros domiciliarios efectuados, a raíz de estas, en la redada de marzo de 2009, ya que de ahí salieron el grueso de las pruebas condenatorias.

Las defensas argumentan, a partir de los datos del propio sumario, que el control judicial de esas grabaciones tiene lagunas, por lo que reclaman su nulidad y, con ella, la de todas las pruebas derivadas de las mismas, lo que equivaldría a la anulación del caso. La Audiencia las ha convalidado en dos ocasiones

¿Dijo algo el Supremo sobre las escuchas en su primera sentencia?

No; o sí, según se mire. No se pronunció sobre su validez, aunque sí incluyó una curiosa anotación: ordenó a la Audiencia que no ejecutara las condenas de los quince acusados que habían pactado sus penas antes del primer juicio por si el segundo, o su posterior revisión, pudieran acarrearles consecuencias favorables. Fuentes judiciales interpretan esa decisión como una medida preventiva ante una eventual declaración de nulidad de los pinchazos telefónicos.

¿Cuál es el balance de condenas?

En las investigaciones del caso llegó a haber medio centenar de imputados, aunque el número de condenados tras el primer juicio fue de 29. Ahora mismo, el balance es de siete condenados en firme, ninguno de ellos con penas que conllevaran el ingreso en prisión, otros quince confesos con la ejecución de las penas en el aire y cinco más, que serían seis con el fallecido De Miguel, pendientes de que el Supremo se pronuncie. El resto fueron absueltos o retiraron los cargos. Pinilla está en libertad bajo fianza de 150.000 euros después de que la Audiencia se la rebajara hace tres años desde los 800.000 con los que salió de la cárcel de Zuera en julio de 2009.

¿Hay más casos abiertos en torno a la ‘operación Molinos’?

Sí, al menos uno en la jurisdicción civil. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza declaró hace dos años a Pinilla, a los exconcejales Juan Carlos Rodrigo y Fernando Barba y a De Miguel, fallecido poco después, responsables de la quiebra de la SUM, la Sociedad Urbanística de La Muela, que fue el instrumento del desarrollo inmobiliario del pueblo. La jueza concluyó que habían falseado las cuentas para dar una apariencia de solvencia a una empresa que había acabado arruinada con un agujero de 12,5 millones de euros. Les condena a restituir a los acreedores, entre los que destaca la Agencia Tributaria con más de dos millones, la parte de esa cifra que quede pendiente de cubrir tras liquidarla, además de inhabilitarlos durante quince años para administrar empresas.

¿Cómo queda el Ayuntamiento?

A la espera de que se resuelvan esos dos procesos, el penal y el civil. Del primero depende que pueda llegar a cobrar 1,7 millones como indemnizaciones por varias operaciones urbanísticas y contables que le supusieron quebrantos. En el segundo, recurrido ante la Audiencia de Zaragoza, se juega 12,5 millones: si el tribunal mantiene la declaración de culpabilidad del concurso asumirán las consecuencias los exconcejales y la exalcaldesa, mientras que si es revocada la responsabilidad pasaría a la SUM y, con ella, al consistorio.

¿A cuánto ascendía el agujero en las cuentas municipales?

"La deuda está liquidada. Desde 2015 hemos pagado 18 millones", explica el alcalde, Adrián Tello (Cha), que cifra en 33 millones de euros el agujero que se encontraron los concejales en la legislatura 2011-2015, la primera sin Pinilla en la alcaldía desde 1983. La cifra se completa con los 12,5 millones de la SUM y otros dos liquidados en esa primera etapa postMolinos. "Hemos visto de todo, había créditos impagados de un millón y medio que han acabado costando más de tres", anota.

"La tardanza es una vergüenza. La justicia cuando es tan lenta no es justicia", explica Tello, para quien el proceso "ha sido un viaja hacia la nada, o hacia poco: el agujero era de 33 millones y al Ayuntamiento le van a dar 1,5, si se lo dan", una situación a la que se le suma que tampoco ha recuperado los terrenos municipales vendidos por debajo de su valor en los años de la burbuja.

La situación económica del Ayuntamiento no impidió, por otra parte, que se en los últimos años se hayan desatado algunas batallas políticas, entre las que destaca la fallida moción de censura que llevó al Par a expulsar a sus concejales.