Este artículo se publicó hace 3 años.
MyanmarLa junta militar de Myanmar aumenta la represión y ordena un apagón de internet para intentar frenar las protestas
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha calificado de "inaceptables" los informes sobre violencia, intimidación y acoso del país, tras alertar sobre un creciente uso de la fuerza.
Madrid-Actualizado a
La ONG NetBlocks ha denunciado un apagón de internet de unas ocho horas aproximadamente en Myanmar durante esta noche de lunes ordenada por la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, desde cuando se han venido registrando protestas en las calles en contra de la toma del poder que los militares no han conseguido contener.
Según han confirmado en su cuenta de Twitter, desde la 1.00 (hora local) "está en vigor un cierre casi total de Internet en Myanmar; los datos de la red en tiempo real muestran que la conectividad nacional está a sólo el 14% de los niveles ordinarios tras el apagón informativo ordenado por el Estado".
Aproximadamente a las 9.00 horas, la organización ha informado que "los datos de la red muestran que la conectividad nacional ha alcanzado niveles normales tras el apagón informativo; las redes sociales siguen restringidas para la mayoría de los usuarios; la duración del incidente es de unas ocho horas".
El relator especial de la ONU sobre la situación de Derechos Humanos en Myanmar, Tom Andrews, ha criticado esta nueva medida de los militares, asegurando que es como si "los generales hubieran declarado la guerra al pueblo de Myanmar: redadas nocturnas, los arrestos se disparan, más derechos despojados, otro corte de internet y convoyes militares que entran a las comunidades. Son signos de desesperación. Atención generales: ustedes van a responder"
Asimismo, el Ejército ha suspendido las leyes sobre privacidad para permitir arrestar a ciudadanos y registrar propiedades sin una orden judicial, en medio de una ola de arrestos nocturnos esta noche de domingo de opositores del régimen, según informa The Irrawaddy.
Así, las autoridades ahora pueden ingresar a propiedades privadas para registrar, confiscar pruebas y arrestar sin una orden judicial, y también pueden interceptar los mensajes privados y exigir datos personales de comunicaciones telefónicas y electrónicas.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha calificado de "inaceptables" los informes sobre violencia, intimidación y acoso de Myanmar, tras alertar sobre un creciente uso de la fuerza y un supuesto despliegue de vehículos blindados en las principales ciudades del país.
Guterres ha pedido al Ejército de Myanmar que "garantice el pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y que los manifestantes no sean objeto de represalias"
Guterres ha pedido al Ejército y a la Policía de Myanmar que "garanticen el pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y que los manifestantes no sean objeto de represalias".
Tras lo que ha añadido que las continuas detenciones de dirigentes políticos, funcionarios del gobierno, actores de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación "son muy preocupantes, al igual que las restricciones a los servicios de Internet y de comunicación. No deben interrumpirse para garantizar el derecho a la libertad de expresión, que incluye el acceso a la información", ha puntualizado.
El secretario general ha reiterado su llamamiento a los Estados miembros de Naciones Unidas para que, a través de su influencia tanto colectiva como bilateral, garanticen la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país asiático.
Por último, ha instado a las autoridades militares a que permitan "urgentemente" la visita al país de su enviada especial, Christine Schraner Burgener, y se permita evaluar la situación de primera mano.
El Ejército birmano asumió el poder el 1 de febrero después de la detención de los principales dirigentes políticos del país, tras lo que declaró el estado de emergencia durante un año.
El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas. Desde entonces, las manifestaciones se han sucedido en las calles para condenar el golpe y han sido duramente reprimidas
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