El exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que reclaman hacer campaña electoral en libertad e invocan su derecho fundamental a la participación política ya que son candidatos de dicho partido.

Los políticos de ERC piden su puesta en libertad al magistrado en el que aducen que son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre y tienen derecho a participar en la campaña sin que su encarcelamiento "estigmatice de forma indebida su programa político". Este "nuevo elemento" —exponen— no pudo valorar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando los envió a prisión preventiva el pasado 2 de noviembre.

Además de esgrimir el derecho fundamental a la participación política, también reclaman su garantía para ejercer el derecho de defensa.

Los exconsejeros republicanos expresan en su escrito su acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución "desde la más profunda discrepancia política y jurídica". Si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, sostienen que las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación" y dentro de una "lectura amplia, progresista y extensiva" de la Constitución con el objetivo "de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya".

El escrito ha sido presentado ante el Tribunal Supremo, donde Llarena acumuló el viernes pasado las causas abiertas por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra los miembros del Govern cesado de Carles Puigdemont a la causa abierta contra la Mesa del Parlament que aprobó la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre.

Los abogados de los exconsellers de ERC, del PDeCAT —Jordi Turull y Josep Rull—, y de los líderes de las entidades de ANC y Òmnium —Jordi Sànchez y Jordi Cuixart— han solicitado volver a declarar debido a esta acumulación y solicitan su puesta en libertad. En su decisión ha pesado que Llarena dejó en libertad a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de que ésta renunciara a la vía unilateral a la independencia.

La defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa rechaza las causas por las cuales ingresaron en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, como son el riesgo de que vuelvan a delinquir o que se den a la fuga.

Ante el riesgo de reiteración delictiva, los exconsejeros de ERC replican: "lo relevante es reconocer que pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Catalunya, acudieron a la citación del Juzgado Central de Instrucción ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno".

Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

En cuanto al riesgo de fuga, exponen que ninguno de ellos ocupa posiciones de poder institucional, “y en el caso que en el futuro volvieran a ocuparlas, están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”.

A este respecto, recuerdan que acudieron al llamamiento urgente de la juez Lamela, "y ello pese al altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional", como apuntaban los medios de comunicación aquel 2 de noviembre, debido al momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría.

Explican que el riesgo de fuga desaparece por haber sufrido ya prisión provisional y por tener arraigo familiar. El escrito expone aquí otra carga de profundidad: la urgencia de la citación judicial ordenada por Lamela no permitió a los investigados recabar las pruebas para demostrar “su profundo arraigo en el territorio nacional”.
Además, reiteran también que hayan incurrido en los delitos de rebelión o sedición por las protestas, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, tipos penales que exigen violencia. Y "no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario".

La defensa de los exconsejeros de ERC denuncia "el esfuerzo de la Fiscalía para convertir en delitos de rebelión y sedición los actos que, analizados detalladamente, no son más que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales" que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos.