El magistrado Manuel Marchena tiene que iniciar el interrogatorio de cada uno de los casi 500 testigos en el juicio a la cúpula del procés catalán recordándoles que están obligados a responder a las preguntas de todas las partes, acusaciones y defensas, pero este miércoles, además, ha pasado a advertirles de que también deben contestar a Vox “por imperativo legal”.

No es raro que los testigos, en particular los llamados por las defensas, denuncien el carácter “fascista” de la formación ultraderechista, que ejerce como acusación popular en la causa -tarea que desempeñan dos letrados que, además, son diputados electos en el Congreso-. Sin embargo, en la 41 sesión de la causa, Marchena se ha cansado de oír que los testigos responden a Vox por “imperativo legal” -una fórmula dialéctica que instauró el exdiputado de la CUP David Fernández-, y ha reaccionado recordando que para los testigos efectivamente es "imperativo legal" responder, y que así es en todo caso, no sólo en lo que respecta a las preguntas de los ultras.

La primera demostración de autoridad de Marchena en este sentido, con esta advertencia a los testigos, llegaba en la mañana del miércoles, durante los interrogatorios de Alfons Barceló, Joan Torres e Isabel Castell -si bien el primero no recurrió a la fórmula del “imperativo legal”-.

"Voy a contestar a la acusación popular, pero haciendo constar mi rechazo absoluto a las ideas que la extrema derecha fascista de Vox expresa en este tribunal”, esgrimía el primero. “Tiene usted obligación de contestar. Hágalo, por favor", respondía Marchena. “Está ahí sentada por imperativo legal”; “Que sepa que todo lo que ha pasado esta mañana es por imperativo legal”, espetaba a Castell. Y respondía prácticamente lo mismo a Torres: “Todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal”.

Durante la tarde, el presidente de la Sala de lo Penal ni siquiera permitía que el primer testigo de la sesión, Josep Marimon, acabase su alegato contra Vox cuando le llegó el turno de responder a los ultraderechistas. "Señoría, quería decir que, por cuestiones morales y de principios…”, empezó, para verse cortado.

“No, no, no, mire, no”. “Usted va a contestar por el mismo fundamento por el que ha respondido a las preguntas de la defensa de Sànchez y Turull, del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado”.”Usted no puede hacer ningún discurso” sobre lo que en “el sistema legal penal español” se “permite a la acusación”. “No, no, bien no”, abroncaba, en respuesta a Marimon. “Hágame caso. Responda a las preguntas”.

Sin embargo, Marchena decidía cambiar nuevamente de tercio con el siguiente testigo. Cuando la letrada Ana Bernaola, que representa a Jordi Sànchez y Jordi Turull, preguntaba a Josep Grima por una protesta frente a un hotel donde se alojaban guardias civiles el 1 de octubre de 2017 -la jornada del referéndum soberanista-, el magistrado cortó su pregunta, pese a que en su día la Fiscalía si pudo formular cuestiones similares sobre estas concentraciones a decenas de guardias civiles, a su paso por el Salón de Plenos del Alto Tribunal.

“Respondo por imperativo legal, como persona feminista”, esgrimía Grima ante los abogados ultras. Lejos de interrumpirle, Marchena rectificaba -un gesto muy poco frecuente- y, una vez concluido el interrogatorio por parte de las acusaciones, ofrecía a Bernaola la oportunidad de reformular la pregunta que minutos antes había tildado de improcedente.
Tampoco reprendía a la testigo María Guadalupe Prades por repetir la fórmula del “imperativo legal”.Frente a lo que antes eran reprimendas, ahora el presidente de la sala permanecía mudo. Precisamente, dos exdiputados de la CUP se exponen a una posible sanción penal, por no haber contestado a las preguntas de los ultras. 

Con todo, y más allá de la actuación del presidente del tribunal, la 41 sesión de la causa arrojaba pocas novedades: Casi una veintena de testigos de las defensas han seguido denunciando la violencia de la actuación policial el 1-O, han puesto de manifiesto la provocaciones de algunos ultraderechistas en esa jornada, y han enfatizado que los Mossos d’Esquadra, a diferencia de los policías nacionales y los guardias civiles, en ningún caso recurrieron a la violencia para evitar las votaciones. La mayoría no tenían claro cómo llegaron las urnas hasta los centros de votación, y todos ellos negaron haber recibido ninguna notificación para participar en el referéndum.