Albert Batlle asegura que no dejó la dirección general de los Mossos d'Esquadra por discrepancias con la hoja de ruta de la Generalitat, pero sí reconoce que sentía "un componente de incomodidad personal", por "cómo podían evolucionar las cosas", en referencia a la situación política en Catalunya, a apenas tres meses del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017.

Batlle, que ha comparecido como testigo en la 35 sesión del juicio a la cúpula del procés catalán, este miércoles, dimitió de su cargo el 17 de julio de 2014, tres días después de que hiciera lo propio el entonces conseller de Interior, Jordi Jané, y apenas tres meses de la consulta. Ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, interrogado por la fiscal Consuelo Madrigal y el letrado Juan Cremades, de la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox, también reconocía que entonces temió sufrir "presiones" de mantenerse en su puesto.

No obstante, pese a esa "incomodidad", incidía en que el principal motivo para dejar su cargo fue la "lealtad casi personal" hacia el conseller de Interior entrante, Joaquim Forn. A su entender, debía sentir plena libertad para nombrar a su propio equipo -"Tenía perfecto derecho"-, y él llevaba en su puesto desde 2014, por lo que ya había trabajado con dos de sus antecesores. Estuvo formalmente bajo su mando apenas tres días, y presentó su dimisión en una conversación de apenas "un minuto" con Forn, en su despacho.

Además, el exdirector general de los Mossos aseguraba haber advertido al Govern sobre los riesgos de seguir adelante con el referéndum -"Manifesté mi opinión al consejero de Interior"-, y recalcaba que nunca dudó de que los Mossos acatarían la ley en cualquier escenario: "Siempre dije que los Mossos se debían al cumplimiento de la ley y a la seguridad ciudadana". "Como así ha sido", apostillaba después. 

Por otro lado, a esa "incomodidad personal" se unía su constatación de la "cierta incomodidad" de la CUP, partido que apoyaba al Govern en el Parlament, con su "persona". "La CUP había pedido por activa y por pasiva mi dimisión", explicaba, afirmando que esto motivó "serios enfrentamientos en sede parlamentaria". Estas discusiones siempre estaban relacionadas con "temas de orden público", sin que hubiera "nada más profundo" tras ellas. 

"Los ayuntamientos no tuvieron nada que ver con el 1-O"

Antes de Batlle, la penúltima testigo de la mañana era Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Afirmó que la AMI no dio ningún tipo de orden a los casi 800 ayuntamientos que la integran para que respaldaran el referéndum del 1-O. 

Según su relato, tampoco estuvieron involucrados en ninguna de las tareas o reuniones preparatorias del 1-O, ni tuvieron que ver con la cesión de colegios. De hecho, no le constaba que algunos ayuntamientos de esta asociación cedieran locales públicos para votar: "Hicieron una manifestación pública, sin ningún efecto jurídico, de apoyo al referéndum", incidía. "La Generalitat nunca nos pidió la cesión de los locales para el 1-O". "La AMI nunca tuvo nada que ver con la gestión y la celebración del referéndum. Sólo hablábamos de apoyo político", zanjaba.