¿A quién pertenece el Pazo de Meirás, a la familia Franco o al Estado? Esa cuestión se discutirá la próxima semana en el Juzgado número 1 de A Coruña con la declaración de siete testigos en un juicio que durará una semana. El proceso fue iniciado por la Abogacía del Estado y tratará de recuperar el inmueble para convertirlo en público, ya que la familia de Francisco Franco defiende que el pazo es de su propiedad y que la compra del dictador Franco cumplió la ley.

En la causa sobre la residencia estival del tirano figuran también como intervinientes y piden la recuperación de la propiedad: la Xunta de Galicia, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada (donde se ubica el pazo) y A Coruña. Se han personado a seis familiares de Franco y a una sociedad mercantil. El Gobierno bipartito del BNG y PSdeG-PSOE en 2008 lo declaró bien de interés cultural (BIC). En 2017 el Parlamento gallego pidió la creación de una comisión de expertos para valorar la adhesión al dominio público y después se hizo una apelación al Gobierno central para que se pusiese manos a la obra para poder recuperarlo.

De esta manera, la Abogacía del Estado defiende que la compra del inmueble por parte del dictador Francisco Franco en 1941 habría sido hoy un delito de falsedad en documento público. Además, el Gobierno también postula que el Pazo de Meirás fue la residencia oficial del que era en ese momento el Jefe del Estado y que las obras de rehabilitación se realizaron con fondos públicos.

El Estado sostiene que la compra por parte del dictador en 1941 fue "simulada" y "fraudulenta", según sostuvo el abogado Javier Suárez, y que el título de 1941 se hizo para "subsanar una situación anterior" de 1938 con "pago ficticio". Por su parte, la familia Franco se fundamentan en que la compra que llevó a cabo Franco fue legal, que la propiedad le pertenece y que han sido los dueños "hasta hoy" de "buena fe" y con "justo título".

La solicitud se presentó hace un año y la familia Franco dice que se sintió "acosada" por la demanda del Ejecutivo. El abogado de los nietos del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, teme que el juicio se pueda politizar al coincidir en semana electoral. Además, también cree que es una "estrategia de acoso y derribo" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y que lo que se disputa en el caso es una "propiedad privada" y no de dominio público. Para defenderse ante el juez presentarán pólizas de seguro y declaraciones de la renta del dictador, documentos que según su versión justifican que el inmueble era de su propiedad.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, espera que el Pazo de Meirás "vuelva a ser de todos los españoles" y cree en la "reparación, la justicia y la memoria" como fortalecedoras de la democracia. También considera que esta demanda está fundamentada en una "gran documentación y en una gran argumentación jurídica". "Esperamos que al final vuelva a ser de todos los españoles lo que siempre tuvo que ser de todos los españoles", manifestó Losada. Según su postura, la posesión de la familia Franco a partir de la muerte del dictador "no les permite adquirir la propiedad, porque el dominio público es imprescriptible".

El juicio se inicia este lunes con la declaración de siete testigos, entre ellos, el guardia hortelano del Pazo hasta 1990 y vecinos del municipio; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña; el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo; el exalcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares, y un allegado de la familia Martínez Bordiú Franco, suegro también de una de las demandadas y que participó en la rehabilitación del inmueble tras el incendio en 1978.

Millones de euros públicos para Meirás

Fueron más de 3,5 millones de euros los que desvió el dictador para invertir en Meirás, antes propiedad de la aristócrata e intelectual Emilia Pardo Bazán. Ese dinero proviene de expoliaciones a ayuntamientos e instituciones públicas y también a vecinos y trabajadores de A Coruña, a quienes el franquismo engañó para que donasen dinero, robando también varias hectáreas de fincas a labradores del lugar.

Así lo revelan el historiador Manuel Pérez Lorenzo y el investigador Carlos Babío Urkidi, que publicaron hace dos años Meirás. Un pazo. Un Caudillo. Un expolio.. Un volumen que cuenta con más de mil documentos históricos y múltiples testimonios orales en más de 400 páginas, fruto de una investigación de 21 años. En ella sacan a la luz cómo el dictador se apropió de todo lo que le apetecía, como ha ocurrido también con las estatuas medievales de la Catedral de Santiago que todavía reclama el Ayuntamiento de la capital gallega.

Según revelan estos documentos Franco empezó a gastar dinero en Meirás en plena guerra y siguió haciéndolo en los años posteriores cuando España padecía la hambruna y así continuó todo su mandato. A partir de 1944 la familia ordenó obras destinadas a la mejora del Pazo, que cuenta con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados y varias construcciones. Franco fue engordando su patrimonio y el de su familia por las relaciones que iba construyendo a su alrededor con las élites políticas, económicas y mediáticas de la provincia coruñesa.

Antes de la crisis de la COVID-19, cuatro días al mes la familia imponía visitas  en el Pazo de Meirás en donde se ensalzaban la figura del dictador, pero de momento, las puertas del viaje a la desmemoria permanecen cerradas.