La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido un informe al Tribunal Supremo en el que se muestra favorable a acumular allí todas las causas abiertas por rebelión, sedición y malversación en relación al referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia de Catalunya del 27 de ese mismo mes, en contra del orden constitucional.

La magistrada considera que todas las personas querelladas, así como otras investigadas, forman parte de una “compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión” de Catalunya y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario.

Entiende que los integrantes de esa organización realizan desde 2015 una estrategia premeditada “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”. Por ello, considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

La magistrada, que investiga la querella de la Fiscalía contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, los miembros de su Govern, así como los líderes de ANC, Òminum –Jodi Sànchez y Jordi Cuixart- y los jefes de los Mossos –Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana-, responde así a la petición del juez Pablo Llarena que se encarga en el Supremo de una causa abierta por los mismos motivos contra la expresidenta del Parlament y presidenta de la Diputación Permanente, Carmen Forcadell, y la Mesa de la cámara autónoma.

El informe analiza las actividades ilegales desarrolladas que podrían ser constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) “bajo la autoría intelectual y superior” de los líderes de esta organización. Y, por ello, concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa.

“La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, destaca la magistrada.

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado” de los hechos, “lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”.

Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

Una organización con un plan

En su informe, La juez Lamela explica que, de acuerdo a las investigaciones realizadas en la Audiencia Nacional, hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Catalunya y su proclamación como república independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno.

La magistrada destaca el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

También describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en dicho plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum, la desobediencia “reiterada” a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado, apostilla.

Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, explica. A su vez, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, “a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo” hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar la desobediencia y la movilización social.

ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”, sostiene en referencia a la multitud que rodeó la consellería de Economía durante un registro judicial y las realizadas el día del referéndum suspendido por el TC.

Espionaje a la Guardia Civil y la Policía

Para Lamela, cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra en este proceso: “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”.

La juez resalta que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

¿Desvío de Fondos Públicos?

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, así como la organización del referéndum del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.

El Govern –explica- hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo.

Lamela considera que el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada [25.000 euros], “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”

La magistrada incluye en su informe la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Catalunya, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para el 1-O y para los proyectos iniciales sobre una nueva República independiente.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.