La jueza de lo Penal que ha procesado por acoso al director general de la Corporación Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, y a otros siete directivos y directivas de la tele y la radio públicas de Galicia, ha extendido la querella presentada por la trabajadora que los denunció a otro de los ejecutivos de la casa. Además, ha ampliado los hechos por los que investiga a otros dos mandos ya acusados de vulnerar sus derechos laborales.

La magistrada Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, abrió diligencias el año pasado contra varios mandos de la cadena pública de radio y televisión, a los que ha imputado bajo la acusación de armar una estrategia de descrédito profesional y personal contra una periodista crítica que fue trasladada de puesto de trabajo por una decisión que su defensa considera sexista y discriminatoria.

Además de Sánchez Izquierdo, están siendo investigados Xosé Pereira Fariña, director de innovación y negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas cuando ocurrieron los hechos; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal de la Radio Galega. Todos han declarado ya ante la jueza y la fiscal del caso.

A petición de la defensa de la trabajadora, la jueza ha acordado ampliar la querella a Víctor Tubío Villar, director de recursos humanos, quien en un principio había sido citado como testigo. En su providencia, firmada el pasado 28 de junio, acuerda también extender la investigación sobre los hechos imputados a López Carballeira y a Casás Macía, a quienes ha citado para una nueva comparecencia en el juzgado los próximos 9 y 10 de octubre, respectivamente.

Ansiedad y depresión

La trabajadora que los denunció ha sufrido varias bajas por enfermedad y ha padecido a consecuencia del acoso varios episodios de ansiedad y depresión que afectaron también a su entorno familiar y social, según los informes médicos del Servizo Galego de Saúde, de un psiquiatra privado, de un perito forense judicial y de la médico de la CRTVG.

La periodista, que había perdido en los tribunales de lo Social la demanda que presentó por su traslado, asegura haber sufrido desde entonces el ninguneo de sus superiores, que le negaron de manera recurrente permisos y solicitudes de libranza y conciliación y que la sometieron a cambios constantes de horarios y a los peores turnos de trabajo.

También le privaron de su derecho a secundar la huelga feminista del 8M de 2019 -fue la única mujer incluida en los servicios mínimos- y la excluyeron no sólo de las coberturas informativas relevantes, sino de las reuniones habituales de redacción, asignándole además coberturas de temas menores que ni siquiera llegaron a emitirse.

También ocultaron los reconocimientos profesionales que recibía, de los que la TVG sí se hacía eco en sus informativos cuando quienes obtenían esos mismos galardones eran otros compañeros.

Antes de recurrir a los tribunales, la periodista acudió a la comisión contra el acoso de la CRTVG, que, con la oposición expresa de las delegadas de los trabajadores, rechazó que existiera infracción alguna sin examinar siquiera las pruebas que aportó.

La dirección le negó acceso a su expediente y también se negó a que en las conclusiones de la comisión se reflejaran las discrepancias y el voto particular de los representantes de la plantilla.

Contra la ley gallega

Alfonso Sánchez Izquierdo dirige la CRTVG desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombró para el cargo en 2009. Alfonso Rueda lo ha mantenido en él a pesar de que desde 2011 incumple una ley autonómica que establece que su puesto debe ser cubierto por una persona elegida con el voto de al menos dos tercios de los miembros del Parlamento de Galicia. El PP nunca ha disfrutado de esa mayoría.

Durante sus mandatos, Sánchez Izquierdo acumula centenares de sentencias en contra de su gestión por vulneración de derechos laborales y fundamentales de los trabajadores, despidos nulos o improcedentes, persecución de periodistas críticos y discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos.

La última de ellas fue el mes pasado, cuando el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio iniciado a raíz de la denuncia de una trabajadora víctima del terrorismo que también fue trasladada pocos días después de que expresara en público sus discrepancias con Feijóo.

Los trabajadores de la CRTVG, que llevan más de seis años manifestándose cada viernes contra la situación que padecen, relacionan todas esas represalias con la estrategia de Sánchez Izquierdo de convertir los medios públicos de comunicación de Galicia en una herramienta de manipulación informativa al servicio de los intereses del Partido Popular.