El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que investiga el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Más Madrid y el PSOE, que forman la acusación popular, contra su decisión inicial de no ampliar la investigación y ha abierto una pieza separada para aclarar los vínculos reales de Alberto González Amador con el Grupo Quirón, adjudicatario del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

La jueza Inmaculada Iglesias rectifica su decisión inicial, a principios del pasado mes de septiembre, de no admitir la solicitud de la acusación popular de ampliar los delitos de investigación en relación al empresario González Amador. Más Madrid y el PSOE pretendían que se le investigara por administración desleal y corrupción en los negocios, además de por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. 

Los dos partidos de izquierdas recurrieron en reforma y ahora la jueza ha estimado su recurso en lo concerniente al Grupo Quirón, gigante empresarial adjudicatario de conciertos públicos con el gobierno de Ayuso.

La jueza accede a investigar este asunto ante la posibilidad de que en realidad González Amador hubiera utilizado una empresa pantalla para simular los pagos de Quirón.

En un auto al que ha tenido acceso Público, la jueza describe el movimiento ente la empresa Maxwell Cremona, de la pareja de Ayuso, y la sociedad Masterman, vinculada a la esposa de un directivo de Quirón, para ceder a la primera ciertos trabajos.

Esta operación podría ser en realidad una simulación ilícita para que Alberto González Amador ocultara los pagos de Quirón y ocultarlos a Hacienda, evitando así pagar al fisco.