El juez Juan Carlos Peinado, con la citación como testigo de Pedro Sánchez, ha tensado aún más la cuerda en la investigación que mantiene abierta, a instancias del sindicato ultraderechista Manos Limpias, sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. 

La decisión de Peinado, cuya idea es acudir a Moncloa a interrogar a Sánchez y grabar la declaración, ha marcado el devenir político y ha copado los titulares de los medios.

Mientras tanto, el abogado de Gómez y la Fiscalía han recurrido la decisión. Los argumentos utilizados son de grueso calibre y siembran dudas sobre las verdaderas intenciones del magistrado. Van desde la inexistencia de artículos en la legislación hasta la falta de utilidad de la declaración.

Por un lado, Sánchez, más allá de las consideraciones relativas a su condición de presidente del Gobierno, no tiene por qué declarar en una causa que afecta a su esposa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de tal obligación a los "parientes en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil". 

Por otro lado, para Antonio Camacho, el abogado de Gómez, la "voluntad libérrima" del juez de interrogar a Sánchez se enmarca dentro de una "singular línea de investigación", que "carece de sentido". 

Por último, para la Fiscalía, esta citación no es ni "necesaria", ni "útil" ni "pertinente". Aunque el presidente puede ser objeto de "las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática", éste no debe verse abocado a un tratamiento procesal "ni distinto ni más gravoso que los demás españoles".

Una causa "política"

Para el Gobierno de España, el episodio revela que la causa abierta contra Gómez "es exactamente lo que parece: esto no es una causa judicial, es una causa política alentada por la derecha y la ultraderecha". 

Así, para Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, esta causa tiene "un objetivo claro: atacar al presidente, a su familia y erosionar a este Gobierno progresista, y lo digo hoy, que hace un año que se celebraron las elecciones generales".

En efecto, el juez Peinado recogió en un auto que investiga, nada menos, que "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial [del pseudosindicato ultra Manos Limpias]".

Para el PSOE, esto podría apuntar a una investigación prospectiva, prohibida en el ordenamiento jurídico. La esposa del presidente del Gobierno está investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. 

La Audiencia Provincial de Madrid se pronunció sobre la causa del juez Peinado el pasado 29 de mayo, en un auto en el que ponía límites al juez. Los magistrados ordenaron al juez que se circunscribiera a las adjudicaciones públicas que recibió el empresario Carlos Barrabés del Gobierno y que desechara el resto de los hechos denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartan hasta ahora irregularidades en la concesión de las ayudas públicas a Barrabés.