El juez Llarena ve un posible delito en la nueva fuga de Puigdemont y remite la investigación a los juzgados de Barcelona

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, ha enviado a los juzgados de Barcelona los dos informes policiales relacionados con la entrada en España del expresident catalán Carles Puigdemont el pasado agosto sin ser detenido. 

El juez del Supremo pidió entonces explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d'Esquadra y, tras recibir sendos informes, ha llegado a la conclusión de que Puigdemont pudo ser detenido.

Llarena admite que el informe de los Mossos expresa "la dificultad de abordar la detención" de Puigdemont "en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga", si bien no ve esos "impedimentos" que argumentan los Mossos en detectar al expresident en dichos momentos.

Llarena, que no tiene competencias para investigar estos hechos pero que tampoco está dispuesto a dejarlos pasar por alto, considera, además, que no se puede excluir "la participación de otros responsables no aparentes en los delitos" de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, y por ello remite los informes a los juzgados de Barcelona "a los efectos legales oportunos".

Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención vigente, apareció el pasado 8 de agosto en Barcelona y dio un breve discurso en el paseo de Lluis Companys, a pocos metros de un amplio dispositivo policial, desplegado para la investidura del socialista Salvador Illa; después, logró escabullirse entre los congregados sin ser detenido y consiguió salir de España.

Tres agentes de los Mossos d'Esquadra fueron detenidos por ayudar a huir a Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona. Dos de ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo de forma cautelar. 

Al tercero no se le abrió expediente disciplinario, a diferencia de los otros dos, por estar de baja.