La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que varios políticos independentistas han presentado contra él en Bélgica, que le acusan de parcialidad, y ha asegurado que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".

Por otro lado, y según informa la cadena SER, el magistrado no se trasladará a Bélgica el próximo 4 de septiembre para atender al requerimiento de la Justicia belga por la denuncia de Puigdemont y el resto de exdirigentes catalanes fugados.

El Ejecutivo cede de esta manera a las presiones de las asociaciones de jueces y fiscales —que acusan al Gobierno de desconocer los procedimientos y poner en riesgo la integridad de la jurisdicción española— y aclara de una vez su postura, pese a que el pasado viernes la fijaba en un comunicado. La circunstancia también ha sido aprovechada por el Partido Popular y Ciudadanos, que se sumaron a las críticas de las asociaciones.

El pasado finde semana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que su partido promoverá acciones de apoyo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, mientras que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, afirmó que su formación va a exigir una comparecencia “inmediata” al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aclaraciones de la ministra

La ministra Delgado ha querido poner de manifiesto, en una entrevista en Radio Nacional, la "transparencia" que ha presidido toda la actuación del Ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de su exconsellers habían interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del 'procés'.

"No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que "no entra en el fondo" de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, "no existe ni un solo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

Tras enumerar todos los pasos que se han ido dando hasta el momento, Delgado ha sido tajante: "Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena". 

Ella misma y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, tomaron nota de la misiva del órgano de gobierno de los jueces y se pusieron en contacto con sus homólogos belgas, ha explicado Delgado, quien ha relatado que Llarena pidió amparo al CGPJ y el día 16 de agosto la Comisión Permanente del Consejo acordó comunicar la situación a los dos ministerios. 

Además,el CGPJ les pidió que realizaran todo lo que estuviera en manos del Gobierno para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España. "Inmediatamente" se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero "con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción", ha añadido. 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. EFE/Archivo

Delgado ha negado que existan varios informes de Justicia sobre el asunto. Lo que hay, ha subrayado, son diversos estudios de trabajo internos, que han ido variando a medida que se ha ido analizando la estrategia a seguir.

Y todo partiendo de la base de que se trata de un tribunal extranjero ordinario donde la Abogacía del Estado "no puede intervenir directamente", como sí podría si la demanda se instruyera en los tribunales internacionales de La Haya o Estrasburgo.

Por eso, España sólo puede intervenir en este caso a través de una representación letrada de Bélgica, ha precisado Delgado, quien ha aludido a un acuerdo suscrito en 2010 entre el CGPJ y el Ministerio según el cual los servicios del Estado darán protección jurídica a los jueces si, por ejemplo, se les ataca por hechos relativos a su función.

De todos modos, en este caso el CGPJ solo pidió a Justicia que adoptara medidas para "garantizar la integridad e inmunidad jurisdiccional" de España y en eso basó su trabajo, con "transparencia" y "al margen de cualquier intoxicación interesada" .

No ha habido ningún cambio en el Gobierno 

Así, y frente a las críticas, Delgado ha hecho hincapié en que no ha habido ningún cambio en el Gobierno, sino solo un estudio de cada una de las acciones para realizarlas "bien", aunque la titular de Justicia entiende que las asociaciones de jueces y fiscales y los ciudadanos hayan planteado sus dudas. "Sí quiero decir que cada paso que ha dado el Ministerio, la Abogacía y todo el equipo ha sido comunicado", ha enfatizado.

Delgado se ha referido a la necesidad de contratar los servicios de un bufete belga, que está a la espera de la aprobación por parte de la Intervención General del Estado, a la vez que se trabaja para definir la mejor estrategia de defensa.

No se trata de una decisión política, sino técnica, con respeto a la jurisdicción belga, ha resaltado la ministra, quien ha precisado que Justicia trabaja con todos los escenarios posibles y con una "mirada de futuro".

Ha reconocido que en la demanda civil hay una parte referida a las declaraciones de Llarena, pero la mayor parte del procedimiento ser refiere al 'procés'. "No vamos a transigir lo más mínimo", ha asegurado Delgado, quien ha negado que haya algún tipo de "fisura" entre la Abogacía del Estado y el Gobierno o ella misma.