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El juez le retira el pasaporte al pequeño Nicolás por el riesgo de fuga

La vista sobre las mediadas cautelares a adoptar contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias después de que la Fiscalía le pida 7 años de prisión por intentar estafar al presidente de Alsa se salda con la retirada del pasaporte apoyada por todas las partes. 

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados a Francisco Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás. E.P.

PATRICIA lÓPEZ

@patricialopezl

MADRID-. El pequeño Nicolás volverá a pisar todas las semanas el juzgado, ya sea en Madrid o en las Islas Canarias, después de que el juez Arturo Zamarriego haya admitido las medias cautelares solicitadas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que además ha solicitado la retirada del pasaporte. 

La medida ha sido aceptada incluso por la defensa del presunto estafador después de oponerse mediante un escrito al ingreso en prisión que solicitaba Podemos. La abogacía del Estado también ha apoyado la petición de la asociación de Policía Municipal de Madrid, después de solicitar para el pequeño Nicolás 21 meses de prisión por intentar estafar al presidente de Alsa, Jorge Cosmen, en caso del viaje a Ribadeo.

Incluso la Fiscalía, que durante meses se había negado a presentar el escrito de acusación por esta causa, ha apoyado ahora la adopción de estás medidas cautelares debido al riesgo de fuga. 

Los contras del ingreso en prisión

Los argumentos expuestos por las acusaciones han sido convincentes. El pequeño Nicolás ha advertido que tiene medios a su disposición para poder salir del país en distintas entrevistas y, "aunque a priori todo parecía fábula, diferentes documentos aportados a los procedimientos que tiene abiertos y el nivel de vida que exhibe hacer pensar que sí tiene esas posibilidades de fugarse".

Aunque los argumentos utilizados para la adopción de estas medidas cautelares se basan en el escrito presentado por Podemos en el que pedía la entrada del presunto estafador en prisión, el portavoz de APMU, Carlos Bahon, explica a Público que "después de dos años en libertad no tiene mucho sentido adoptar esta medida tan clave. Debería haberse llevado a cabo al principio. Si que es cierto que hay que tenerle vigilado, porque a fin de cuentas nosotros le pedimos 11 años de prisión sólo por uno de los procedimientos que tiene abierto". 

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