El juez imputa al exministro Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas pero deja fuera a Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como investigados al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez Vázquez, por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas después de que 2013 revelara la existencia de una caja B en este partido y que investigaba este órgano judicial.

En un auto, el magistrado opta por no citar como imputada a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en contra de lo que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El juez quiere centrar primero la investigación en las órdenes dadas dentro del departamento de Interior para montar este operativo parapolicial que tenía como objetivo robar a Bárcenas, exsenador del PP, la documentación comprometedora que conservaba sobre la doble contabilidad y el cobro de sobresueldos y conocer sus pasos ante la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez -altos cargos del Gobierno del PP de Mariano Rajoy -deberán declarar ante el juzado los próximos 30 y 29 de octubre. Las citaciones se han producido dentro de la pieza denominada 'Kitchen', una de las 25 piezas del macrosumario del caso sobre José Manuel Villarejo, la supuesta red criminal montada por el comisario dentro de la Policía Nacional.

Esta pieza separada es la número 7 y se abrió en 2018 al descubrirse que, entre la documentación intervenida en el domicilio de Villarejo, se evidenciaba la existencia de un encargo proveniente de altos cargos de Interior para obtener información y documentación de Bárcenas, encargo que se debió "exclusivamente a su condición de comisario" de Policía Nacional, dice el juez.

La investigación se centra en la red policial paralela dirigida por Martínez y el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el comisario Enrique García-Castaño, entre otros integrantes de la llamada policía patriótica y que están imputados en el caso Villarejo.

"Participación directa del ministro"

El magistrado cita al exministro Fernández Díaz, en línea con lo solicitado por el fiscal, ya que resulta "necesaria, útil y pertinente". Y toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, "desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad".

Así se desprende de los audios registrados al comisario Villarejo, investigado por liderar una supuesta organización criminal, así como de los mensajes transcritos y de la documentación recabada.

García Castellón considera especialmente revelador de la importancia de la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación, el pago al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados procedente de Interior, lo que según el instructor, "evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo".

Pago con fondos reservados

El chófer de Bárcenas fue captado y convertido en agente infiltrado, para lo que recibió un total de 53.000 euros procedentes de fondos reservados. La Secretaría de Estado de Seguridad no ha justificado ante el Juzgado Central de Instrucción 6 el origen de estos pagos, a pesar de que fueron desclasificados por el Consejo de Ministros en diciembre de 2018 y mayo de 2019 a petición del juez.

El magistrado explica además en el auto que el chófer obtuvo una plaza de funcionario de la Policía Nacional como parte del pago, tras superar un proceso de oposición. Este hecho "requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio".

García Castellón entiende que antes de abordar la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez quien en sus pruimeras citaciones no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.

Martínez Vázquez, el número dos de Fernández Díaz, ha mostrado esta voluntad de declarar, una vez alzado el secreto del sumario. Y está dispuesto a contar al juez todo lo que sabe.

El magistrado cita también como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas, el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez. Todos ellos serán interrogados sobre sus conversaciones con Martínez.

Robo en el 'zulo' del extesorero del PP

Anticorrupción destacaba en su escrito que tanto el ministro como Martínez mantenían "comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo" donde Luis Bárcenas guardaba sus grabaciones de conversaciones con dirigentes del PP que habría cobrado soresueldos y comisiones ilegales. Estas conversaciones -explicó el fiscal al juzgado- coinciden en el tiempo con el momento en que el chófer de Bárcenas "obtuvo la información que se buscaba y que almacenó en dispositivos electrónicos que fueron supuestamente entregados a Eugenio Pino".

El 'zulo' de Bárcenas -como así lo denominaba Villarejo- fue localizado por esta trama en un local de la calle General Díaz Porlier de Madrid, según se desprende de las grabaciones intervenidas al comisario. En el verano de 2013 se produjo un acceso ilegal a este inmueble y parte de la documentación robada "podría estar en poder de García Castaño", según el magistrado.

El comisario García Castaño -alias Gordo, Big o Talla en la trama- "estaría al tanto de la operación, asumiendo, al parecer, el desarrollo del trabajo de campo", explica el juez en el auto.

Hechos graves cometidos por servidores del Estado

El magistrado concluye que es Interior el órgano desde donde se pudo desplegar la operación. Y, aunque dado el momento de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, considera que este es el momento de ahondar los "indicios tangibles" y "evidencias sólidas" en esta investigación "de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda".