El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa Tsunami en la que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la exsecretaria general de ERC Marta Rovira y el expresident Puigdemont. 

El magistrado adopta esta decisión tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que la tarde de este lunes ha invalidado todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años, porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo, informa la Audiencia. 

Para el instructor, estas diligencias incluyen hechos que
son "susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo", pero que con el pronunciamiento de la Sala "no existen motivos suficientes para atribuir la comisión de los supuestos delitos a los investigados. 

El magistrado acuerda también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el objetivo de "su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial". 

García Castellón se ha reincorporado de sus vacaciones solo a los efectos de dictar esta resolución, informan desde la Audiencia Nacional. Este giro de guion que deja prácticamente fuera de la causa Tsunami a Puigdemont, a expensas de que se pronuncie el Supremo, se ha producido la tarde de este mismo lunes cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de una investigada en la causa Tsunami Democràtic, Marta Molina, de ERC.

La Sala de lo Penal ha declarado la invalidez de todas las diligencias que el juez instructor, Manuel García Castellón, acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021, fecha en la que dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación, declarado ahora ilegal por "extemporáneo". 

La Sala de lo Penal da la razón así a la letrada de Molina, que en su recurso se quejaba de que el juez había declarado fuera de plazo la prórroga; en concreto la había dictado el 30 de julio de 2021, un día después de que la instrucción de la causa hubiera llegado a su final legal previo a una posible prórroga. 

El tribunal ha ordenado a García Castellón que dicte la resolución establecida en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual el instructor debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021. 

En esas fechas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional aún no había dirigido la investigación de esta causa por terrorismo contra el expresidente Carles Puigdemont. 

Por lo tanto, la decisión de la Audiencia Nacional supone un fuerte revés a García Castellón, condenando la causa prácticamente a la extinción, ya que el peso de las acusaciones del magistrado para imputar de terrorismo a Puigdemont son posteriores al 30 de julio de 2021 y quedan ahora anuladas.