El juez del 1-O pide al TSJC que investigue a vicepresident del Govern, Pere Aragonès

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que investigue al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal ha recibido la exposición razonada del titular del juzgado de instrucción número 13 para que asuma la causa respecto a tres investigados en su procedimiento, Aragonès, Jové y Salvadó, ya que entiende que la competencia sería del alto tribunal catalán, dada su condición de aforados.

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret será ahora la encargada de decidir si el alto tribunal catalán admite a trámite la solicitud planteada por el juez de Barcelona, que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O.

El exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó fueron detenidos por orden del juez en el marco de la operación de la Guardia Civil durante el registro de la sede de Economía el 20-S del pasado año para intentar impedir la celebración del referéndum del 1-O.

Al ser elegidos diputados de ERC en las elecciones catalanas del pasado 21-D, tanto Jové como Salvadó, que tuvieron un papel clave en la preparación del 1-O desde la conselleria dirigida entonces por Oriol Junqueras, pasaron a tener la condición de aforados, por lo que la competencia para su investigación recae en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona recibió en julio pasado un informe de la Guardia Civil en el que le pedía que siguiera el rastro del coste de seis viajes que efectuaron entre 2016 y 2017 exaltos cargos del Govern, entre ellos el actual vicepresidente Pere Aragonès, ante las sospechas de que su propósito era buscar formas de financiación exterior de una Catalunya independiente.

A partir de la documentación intervenida en varios registros, la Guardia Civil detectó seis viajes al extranjero efectuados por exaltos cargos del Govern -tres de ellos por Aragonès- para reunirse con personalidades políticas de terceros países, directivos de entidades bancarias que operaban a escala internacional, responsables de fondos de inversión especializados en la adquisición de deuda soberana y sociedades de calificación de deuda pública.

"Se ha podido determinar que todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones vinculadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente", advertía al juez la Guardia Civil, que considera que esos pagos podrían implicar un delito de malversación de caudales públicos.

El informe hacía referencia a seis viajes a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y Eslovenia -en dos ocasiones-, en los que participaron, entre otros, el exsecretario de Economía Pere Aragonès -actual vicepresidente y conseller de Economía-, el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó -imputado en la causa-, el exconseller de Exteriores Raül Romeva -encarcelado por rebelión- y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo -también imputado.

La Guardia Civil pidió entonces al juez que requiriera a la Generalitat el coste total de cada uno de estos viajes, aportando todas las facturas vinculadas a los desplazamientos, como los justificantes de pago de los billetes de avión, los gastos de alojamiento, las dietas abonadas o cualquier tipo de gasto asociado a los mismos.

También solicitó que el juez ordenara a la Generalitat que identifique a las personas que autorizaron los viajes, el orden del día de las reuniones realizadas, el número de asistentes a cada uno de los desplazamientos, la memoria justificativa del motivo de los mismos y de su resultado y la función desarrollada por cada uno de los asistentes.

Según la Guardia Civil, a pesar de que en estos seis viajes participaron altos cargos adscritos a diferentes conselleraas, los temas que se trataron "siempre se circunscribieron a competencias propias de la conselleria de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda", dirigida entonces por Oriol Junqueras.

"Todos los desplazamientos tuvieron como denominador común servir para tratar aspectos relativos a la internacionalización y financiación exterior de la nueva economía catalana, así como para analizar los sistemas tributarios de otros países en aras de desarrollar una administración tributaria lo suficientemente sólida y moderna que permitiese la recaudación de los impuestos básicos necesarios para dotar de viabilidad económica a una Cataluña independiente totalmente desconectada del resto de España", alertó.