El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al Director Adjunto Operativo Eugenio Fernández Pino, y a otros cuatro altos cargos de la cúpula policial de Mariano Rajoy por las presuntas investigaciones sin ningún tipo de control judicial sobre varios cargos de Podemos en 2015 y 2016. 

En una providencia, el magistrado ha citado a Martínez y a Enrique García Castaño para el 28 de octubre. Al día siguiente, deberán comparecer Pino y José Ángel Fuentes Gago. Finalmente, Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira se deberán presentar ante el juez el 6 de noviembre.

García Castaño sufrió un ictus en mayo de 2022 que llevó a que el entonces instructor del caso Villarejo, el ya jubilado Manuel García Castellón, archivase la causa para él por su estado de salud.

En su escrito, el juez también acepta la realización de las declaraciones testificales solicitadas por Podemos para aclarar los hechos, y señala que estas se programarán de acuerdo con la disponibilidad del calendario del juzgado. 

Querella contra la 'Policía patriótica'

Podemos presentó una querella contra la llamada 'Policía patriótica' del PP por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido morado, era su posterior filtración a medios de comunicación afines al Gobierno de Rajoy bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modus operandi se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el falso informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

Aval de la Audiencia Nacional

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha adoptado esta decisión después de que este verano la Audiencia Nacional avalara esta investigación al rechazar el recurso de Martínez contra la admisión de la querella de Podemos.

En su recurso, Martínez señalaba que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en veintitrés conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco del caso Kitchen, el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, por el que está pendiente de juicio junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al igual que gran parte de los imputados en esta nueva causa.

Según la Sala de lo Penal, la querella no solo se basa en los chats mencionados sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en medios de comunicación.

El magistrado excluyó no obstante de la causa al exministro Fernández Díaz al no ver indicios suficientes contra él, si bien acordó investigar a Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.

Martínez denunció además en un escrito al juez la falta de "rigor" de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en su oficio sobre las consultas desde bases de datos policiales a 55 diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, entre los que se ha incluido a Yolanda Díaz (ahora en Sumar).

El ex secretario de Estado de Interior apuntaba que de las búsquedas en bases de datos policiales aportadas al juzgado, "docenas" no se corresponden con la identidad de integrantes de la formación morada, sino con la de otros ciudadanos con nombres iguales o similares.