El juez archiva el 'caso Neurona' después de tres años de investigación contra Podemos

El magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha archivado el caso Neurona contra Podemos, después de tres años de investigación sobre casi una decena de cuestiones, tras la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. 

La resolución de archivo, anunciada por El País, pone fin a una macrocausa que ha mantenido imputado a Podemos durante la pasada legislatura, estando en el gobierno de coalición. "No cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales", ha sentenciado el juez para cerrar la última pieza derivada, la que investigaba los trabajos de la consultora mexicana Neurona para Podemos.

El resultado del informe pericial sobre los trabajos de Neurona para Podemos en la campaña electoral de abril de 2019 determinó que no existía ninguna anomalía en el precio pagado por el partido. 

Tras este informe, poco más podía hacer el juez Escalonilla por mantener abierta una causa sin fundamento. 

El partido ha sufrido desde el verano de 2020 una constante auditoría de sus cuentas por las investigaciones abiertas a raíz de la denuncia del abogado despedido Calvente. Todas ellas se han ido archivando y solo quedaba viva la de los trabajos de la consultora Neurona, sobre la que la Fiscalía se pronunció en enero de 2022 sobre la ausencia de indicios delictivos. 

El origen de una causa vacía de contenido

Grandes titulares sobre las finanzas de Podemos, sobre una caja 'b' parecida a la del PP; desvío de fondos, comisiones, financiación ilegal. Las informaciones sobre las cuentas del partido morado han sido una constante desde diciembre de 2019, cuando el abogado José Manuel Calvente fue despedido de Podemos y comenzó a lanzar en medios de comunicación sospechas sobre la financiación de la formación.

En julio de 2020 el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, abrió diligencias previas. Los presuntos delitos iniciales investigados por el juez no eran leves: financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida. 

Ya desde el principio se vio que el denunciante no tenía mucho que ofrecer. Calvente declaró ante el juez que su conocimiento de parte de los hechos que denunciaba procedía de "rumores a nivel de militancia". Pese a esto, el magistrado desplegó una nutrida batería de diligencias de investigación. 

La causa se desgajó en nueve piezas separadas, la principal es la relativa al contrato con la consultora mexicana Neurona, en la que estuvieron imputados por presunto delito electoral Podemos; su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; su director de comunicación, Juan Manuel del Olmo; y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.

El juez sospechaba que el contrato de Podemos y Neurona, de 363.000 euros, que pagó el partido a la consultora, fue un contrato simulado. Pero la investigación demostró que personal de la consultora mexicana se trasladó a España y realizó efectivamente los trabajos para la campaña electoral y que el precio pagado fue un precio normal de mercado. 

Piezas archivadas

Seis meses después de abrirse la macrocausa contra Podemos se archivaron cuatro de las líneas de investigación derivadas de la querella de Calvente. Una de las primeras en recibir el carpetazo fue la relativa al contrato con la consultora portuguesa ABD Europa LDA. Calvente había señalado que los contratos con esta empresa para la campaña electoral para las elecciones generales de abril de 2019 fueron simulados y que hubo desvío de fondos hacia una especie de red política de corrupción internacional. Pero el juez no percibió ninguna irregularidad en los contratos con la portuguesa ABD, que habían estado fiscalizados además por el Tribunal de Cuentas. 

Algunas de las piezas archivadas sufrieron el letargo de los recursos de las acusaciones populares, Vox y la asociación de abogados Prolege. Así ocurrió con la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos, un fondo destinado a causas sociales, que fue archivada hasta dos veces por el juez Escalonilla. La Audiencia Provincial de Madrid decretó finalmente el archivo definitivo, por constatarse que no existió desvío de fondos. 

Sobresueldos y sede nueva

Lo mismo sucedió con la investigación sobre los presuntos sobresueldos en Podemos. El juez archivó dos veces esta línea de investigación, al entender que la gerente del partido estaba facultada para aplicar complementos salariales y que estos estaban autorizados por el Consejo de Coordinación de Podemos. 

Además de estas cuestiones, José Manuel Calvente había denunciado que las obras de la nueva sede de Podemos habían sufrido sobrecostes injustificados. Pero el juez no encontró irregularidades y archivó la investigación por presunta apropiación indebida. En la misma fecha, enero de 2021, el juez también sobreseyó la investigación relativa al presunto clonado del ordenador de una de las abogadas del partido, porque ni la presunta perjudicada ni los responsables del partido habían denunciado tal delito. 

Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, se unió a las denuncias de Calvente y denunció las donaciones realizadas por miembros de Podemos a través de la Fundación 25-M. Esta pieza también fue archivada. 

Carmona había denunciado que su cese se debió a represalias por haber investigado internamente presuntas irregularidades en Podemos. Pero una jueza descartó esa hipótesis. También se archivó el asunto sobre las costas procesales que presuntamente se habría quedado Pablo Iglesias derivadas de un procedimiento en Pamplona. 

La 'vergüenza' del 'caso Niñera'

Una de las piezas separadas que más sufrimiento causó a los miembros de Podemos fue el de la supuesta niñera de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Esta investigación se abrió a raíz de la unión de Mónica Carmona a la causa.

En julio de 2022 el juez Escalonilla archivaba esta investigación, en la que llegó a haber dos trabajadoras de Podemos acusadas de haber desarrollado la tarea de cuidadora de los niños de la pareja.

El magistrado finalmente no tuvo más remedio que sentenciar: "No sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público".