El juez anula la orden de detención de la presidenta de las Madres de Mayo

BUENOS AIRES.- La Justicia argentina levantó este viernes la orden de detención sobre la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, luego de que este jueves se pidiera su captura por no presentarse ante los tribunales a prestar declaración indagatoria.

Según confirmaron fuentes de la asociación, este viernes recibieron un comunicado del juez que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, en el que les informaba de la anulación de la orden de detención por un acuerdo con la defensa de Bonafini.

Bonafini faltó ayer por segunda vez a la cita con el juez para declarar en la causa que investiga un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) en el programa Sueños Compartidos, un plan estatal impulsado por el anterior Ejecutivo para la construcción de viviendas sociales administrado por la fundación de la asociación.

"Ya demasiado hicieron en siete meses. Así que, Macri, pará la mano", dijo la titular de las Madres de Mayo al presidente argentino

Después de que Bonafini se ausentara de la declaración, Martínez de Giorgi ordenó el jueves el registro de la sede de las Madres de Plaza de Mayo y posteriormente la detención de la activista, quien evadió a las fuerzas policiales y se dirigió a la Plaza de Mayo porteña, donde fue secundada por centenares de personas.

Más tarde, en un acto que contó con la presencia de varios exfuncionarios kirchneristas como el exministro de Economía y diputado Axel Kicillof o el exvicepresidente del país Amado Bodou, la dirigente cargó contra el Gobierno actual: "Ya demasiado hicieron en siete meses. Así que, Macri, pará la mano", dijo.

Junto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Martínez de Giorgi ha citado a declarar en la causa a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). El magistrado busca determinar si hubo connivencia con funcionarios públicos para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.