La posibilidad de indagar sobre los presuntos negocios ilícitos de Juan Carlos I sobrevuela de nuevo los pasillos del Congreso. Varios grupos mantienen conversaciones desde este jueves para solicitar por cuarta vez en menos de un año la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre las cuentas del rey emérito, huido desde el pasado mes de agosto a los Emiratos Árabes.

Los últimos acontecimientos sobre las finanzas del monarca han motivado estas negociaciones. En concreto, su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, comunicó este miércoles a través de un comunicado que el padre de Felipe VI presentó ante la Agencia Tributaria "una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos". De esta forma, según ha podido saber Público, el emérito podría haber ocultado a Hacienda al menos 800.000 euros después de haber abdicado en junio de 2014.

Esta declaración para regularizar su situación fiscal y evitar así un delito fiscal está vinculada al supuesto uso de tarjetas opacas de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como el resto de miembros de la Familia Real entre 2016 y 2018, utilizando fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

De esta manera, varios grupos barajan la posibilidad de solicitar a la Mesa del Congreso la creación de una comisión para que se investiguen las finanzas de Juan Carlos I, tal y como han señalado a este medio varias fuentes parlamentarias de la negociación. De hacerlo, previsiblemente este viernes, sería la cuarta vez en esta legislatura que se pide la apertura de una comisión de investigación sobre esta cuestión.

Los escritos presentados en anteriores ocasiones no pasaron de la Mesa. El rechazo constante del PSOE, PP y Vox en el órgano de la Cámara ha frustrado cualquier intento de que esta institución cree un órgano para tratar estos asuntos. El criterio, sometido a estudio por los servicios jurídicos del Congreso, siempre es el mismo: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, los letrados sostienen que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado".

Otros intentos frustrados en la presente legislatura

A principios del mes de marzo se conoció que la Fiscalía suiza abrió una investigación al rey emérito, quien presuntamente recibió en 2008 una donación de casi 90 millones de euros por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra. A su vez, el exjefe del Estado habría donado parte de ese dinero –unos 65 millones de euros– en 2012 a la que en su momento fue su amante, la aristócrata y empresaria Corinna Larsen.

Tras estas informaciones publicadas en varios medios, ERC y el Grupo Plural, por un lado, y Unidas Podemos, por otro, solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito. Sendas peticiones contaron con el respaldo de Bildu, JxCat, Más País, Compromís y el BNG. Sin embargo, el PSOE, PP y Vox aunaron sus votos en la Mesa del Congreso para vetar dicha propuesta. 

Días después, mientras España estrenaba el decreto de estado de alarma y asumía el estallido de la pandemia provocada por el coronavirus, Felipe VI anunció repentinamente a través de un comunicado que renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y que éste dejaría de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey. El rey hizo este anuncio después de que unas informaciones le señalaran como beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I y vinculada a la donación del régimen saudí.

Ocho partidos no dejaron pasar la oportunidad para volver a la carga y reclamar nuevamente una comisión de investigación. ERC, PNV, JxCat, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís registraron una petición para crear un órgano "relativo a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí". En esta ocasión, Unidas Podemos no se sumó porque no era "acertado el momento", y lo "responsable" era hacerlo después de la pandemia.

Una vez más, el PSOE, PP y Vox frustraron este intento en la Mesa del Congreso, que sí contó con los votos favorables de los miembros de Unidas Podemos presentes en este órgano. La Secretaría General del Congreso señaló entonces que no procedía la admisión a trámite de la iniciativa debido a "la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara".

A principios de junio, Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG volvieron a registrar una propuesta similar. En esta ocasión, para sortear el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, estas formaciones se limitaron sólo a cuestionar las "presuntas ilegalidades o irregularidades" cometidas por Juan Carlos I desde su abdicación, cuando dejó de ser inviolable. Previamente, la Fiscalía del Supremo había abierto una investigación al emérito por posibles comisiones ilegales del denominado AVE a La Meca. Y, por tercera vez en esta legislatura, la Mesa del Congreso, con los votos en contra del PSOE, PP, y Vox, dieron portazo a la iniciativa. 

PSOE, PP y Cs rechazaron otras dos comisiones en 2018

Dos años atrás, en septiembre de 2018 con Pedro Sánchez ya en la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Unidos Podemos pidió una comisión de investigación sobre la Monarquía amparándose en el artículo 31 del reglamento del Congreso. "El artículo 76 de la Constitución establece la posibilidad de crear comisiones de investigación para temas del interés general. Parece evidente que es del interés general que haya posibles delitos fiscales de cohecho o de blanqueo cometidos por el anterior jefe del Estado", esgrimió entonces Pablo Iglesias. El órgano de gobierno de la Cámara Baja, con los votos en contra del PSOE, PP y Cs, rechazó esta iniciativa que tenía por objeto investigar las supuestas irregularidades cometidas por el rey emérito tras unas revelaciones realizadas por Corinna, quien aseguró que éste tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

Un mes después, Unidos Podemos y ERC volvieron a la carga y solicitaron una petición similar para indagar sobre las finanzas de Juan Carlos I a partir de 2014, cuando ya no era rey. No obstante, el PSOE, PP y Cs volvieron a vetarla en la Mesa del Congreso alegando "la inviolabilidad" de la figura del monarca, a pesar del tiempo acotado.