Jordi Panyella: "En la justicia no se ha producido transición, se ve perfectamente en el caso Puig Antich"

Jordi Panyella ha repasado como nadie el proceso penal que acabó con la ejecución de Salvador Puig Antich la madrugada del 2 de marzo de 1974. Buena parte de su investigación reposa en el libro Salvador Puig Antich, cas obert (Angle Editorial, 2014) y en otras indagaciones que ha obtenido después de entrevistar a varios testigos directos de los hechos. Periodista del diario El Punt Avui, Panyella (Barcelona, 1966) analiza el contexto en que se produjo la terrible ejecución del joven libertario, contra el que los jueces de la época fabricaron un sumario lleno de falsedades para condenarlo a la pena capital.

¿Podríamos decir que el caso Puig Antich es la metáfora de un régimen que murió matando?

Contiene todos los elementos. Es la rabia acumulada y condensada del

franquismo en aquel episodio. Cada vez que hablamos de Puig Antich nos damos cuenta de la barbaridad que significó. En el caso de Salvador, por ejemplo, leí recientemente una carta preciosa que su madre le escribió cuando él empezaba a tener voluntades revolucionarias. Está llena de sentimientos y redactada de forma muy pulcra por una mujer que había sido maestra durante la República, lo que revela hasta qué punto la dictadura impidió que aquella generación continuara desarrollando su tarea docente. El daño fue tan bestia que solo cuando retomamos el caso de Salvador y otros similares somos conscientes de ello.

¿La continuidad de las estructuras policiales y judiciales procedentes del franquismo ha impedido una reparación jurídica?

Sin duda. Si en algún ámbito no se ha producido la transición es en la

justicia. En el caso de Salvador se ve perfectamente. En 2005, cuando se presentó al Tribunal Supremo el segundo recurso de revisión, los abogados toparon con una sala segunda injertada de franquismo, que rechazó el recurso a pesar de que estaba muy fundamentado y contaba con el aval de dos magistrados, según los que Salvador no tuvo un juicio justo. Los magistrados defendían que el principio de justicia había sido completamente pisoteado.

¿La circunstancia de que Carlos Rey, redactor de la sentencia, haya sido el abogado de la exdirigente del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de corrupción Método 3, también confirma el cordón umbilical que ata la actualidad con el franquismo?

Solo hay que ver como los verdugos han continuado viviendo, trabajando y enriqueciéndose tranquilamente. Si el segundo recurso ya ponía de manifiesto la impunidad en términos legales, todas las acciones que se tomaron a posteriori tampoco han fructificado. José Utrera Molina, responsable de su asesinato, murió en la cama y el día que lo enterraron le cantaron el Cara al Sol con su yerno, el exalcalde popular de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, allí presente. El juzgado de Barcelona tumbó la querella, también muy fundamentada, contra Carlos Rey por crímenes de lesa humanidad y la causa se ha desestimado sobre la base de que los hechos, de acuerdo con la Ley de Amnistía del 77, han prescrito.

¿Después de cinco décadas, a qué obedece la negativa a abordar el caso?

Es la prueba de que el Estado se autodefiende y no entiende de siglas a la hora de articular un discurso de pacificación entre españoles. De hecho, quien condecora con la medalla de oro al mérito policial al subinspector Fernando Anguas, muerto en el incidente donde detuvieron a Salvador, fue el PSOE, no el PP. Los dos están de acuerdo en los pilares fundamentales sobre los que se sustenta lo que conocemos como el régimen del 78. No tienen ninguna intención de tocarlos.

¿Las dificultades que las hermanas se han encontrado para declarar también muestran esa falta de voluntad?

Es una vergüenza que después de tantos años, se las prive del derecho a una tutela judicial efectiva y tengan que ir hasta Argentina para buscar justicia. Esto tendría que remover a cualquier magistrado mínimamente democrático

¿Qué falta por conocer del incidente en el que fue arrestado Puig Antich?

Está todo dicho, todas las pruebas confirman que fue un proceso injusto, incluso un detalle que no se sabía hasta ahora. Se ve que, según los viejos activistas del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), el arma que llevaba Salvador venía de los maquis y estaba trucada, de modo que disparaba en forma de ráfagas. Esto podría explicar que el inspector Anguas presentara muchos disparos en su cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Como el tribunal se negó a la prueba balística, tal y como reclamaba la defensa, porque es preceptivo, no se puede saber exactamente qué fusil tenía Salvador. Los del MIL dirán que mató al policía con aquel tipo de ametralladora, por así remarcar que era un acto de militancia, pero la verdad es que es imposible saberlo. Con todo, fue condenado a muerte.

¿Cree que tendrá recorrido el proceso que puso en marcha en Buenos Aires la magistrada María Servini?

Por la trascendencia que tiene la causa, tendría que generar algunos movimientos, pero dudo que acabe con una resolución condenatoria, sobre todo viendo la protección de la que gozan los verdugos por parte del Estado. A la [jueza] Servini le han puesto muchos obstáculos para conseguir testigos o extraditar a alguno de los investigados. Igual que, parapetándose en la Ley de Amnistía, el Tribunal de Estrasburgo ha denegado todas las peticiones de las hermanas para que el caso pudiera dirimirse debidamente. Sin esta colaboración, es muy difícil que pase nada.

¿El muro de la impunidad es demasiado alto?

Lo que impide que el caso avance es una tríada jurídica. Por un lado, la Ley de Amnistía, que hemos descubierto que se maquinó para blindar a los criminales de la dictadura que tenían las manos manchadas de sangre. En segundo lugar, la retroactividad de las leyes, según la que a nadie se le puede aplicar una norma que lo perjudique por un episodio ocurrido con anterioridad. Y, finalmente, la prescripción del delito. Con estos dispositivos, el Estado ha cerrado todas las puertas y los jueces se han ahorrado abordar un caso que, con el paso de los años, se ha vuelto mediático.

¿El proceso iniciado en Madrid por unas torturas cometidas por la Brigada Político-Social en 1975 podría hacer cambiar las cosas?

Me extrañaría. Pienso que quedará en una solución formal más que en diligencias que destapen los abusos que se producían en los calabozos. La lucha ahora está en comprobar el alcance que tiene la Ley de Memoria Democrática en relación con las peticiones de justicia que hay en todo el Estado. Tanto en el caso Puig Antich como en otros muchos. Veremos si finalmente se trata de una ley-escaparate, pensada para colocar cuatro letreros en edificios, o si realmente pretende que las autoridades actúen en consecuencia y encausen a los funcionarios que cometieron aquellos crímenes tan siniestros.