Los audios -desvelados este viernes en exclusiva por Público- que muestran cómo Joan Mesquida, candidato de Ciudadanos al Congreso por Baleares, agilizó trámites al grupo Cursach en el Ayuntamiento de Calvià y recibió varias entradas para el concierto de David Guetta y un pase para Megasport en su lugar, llegan a las filas del partido naranja tres semanas antes de las elecciones generales. Desde la cúpula de la formación optan por mantener silencio y su líder, Albert Rivera, al ser preguntado por este medio, ha procurado como única respuesta: "¿Qué es esto, una entrevista?", esquivando así comentar la polémica.

Mesquida ha sido uno de los fichajes más sonados de los 'naranjas' para esta campaña. Fue director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de secretario de Estado de Turismo con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En el momento de las grabaciones, en el año 2015, Mesquida era director de proyectos estratégicos en el Consistorio de Calvià. 

Tras publicarse la información de este medio, Mesquida -que no ha negado haber participado en las grabaciones- ha tratado de restarle importancia a las mismas: "No es una cuestión nueva. Ya di explicaciones. Lo que sale en las grabaciones es algo totalmente legal. Es una absoluta tontería. Nunca hago nada que no pueda explicar. Las grabaciones son de 2016. Hoy, la eficacia de la Administración parece que es una ilegalidad", ha afirmado Mesquida en la emisora balear IB3. La única respuesta oficial de Ciudadanos ha sido remitirse, directamente, a las palabras de su candidato. 

Las conversaciones telefónicas -que fueron intervenidas e investigadas por el juez instructor y el fiscal del 'caso Cursach' Manuel Penalva y Miguel Angel Subirá- desvelan una serie de llamadas entre el candidato de Ciudadanos y el director general del grupo Cursach, Bartolomé Sbert. Este último solicitó asesoramiento a Mesquida, entonces, para la presentación de un proyecto acústico. El exsocialista puso a su servicio a dos de los cargos públicos que fueron detenidos e imputados por beneficiar a la red mafiosa: Jaume Nadal, entonces director general de Comercio y Actividades de Calvià, y Bernat Rossinyol, ingeniero del Consistorio.

El inicio de esa relación de servicio a los intereses de Cursach fue de muy poca entidad, ya que Mesquida empleó a Nadal y Rossinyol para lograr que el concierto del DJ francés David Guetta en el Hotel BH de Magaluf en agosto de 2015 pudiera superar el límite de decibelios permitido, a cambio de cinco pases VIP y de un carnet de acceso libre para su mujer al gran club deportivo MegaSport de Palma.

En esta campaña electoral, Baleares está sacudida por los continuos sobresaltos informativos relaciones con la macro-causa judicial del entramado mafioso de Bartolomé Tolo Cursach, en la que se están produciendo oscuras maniobras para invalidar toda la instrucción. Desde Interior se ha desmantelado todo el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó la organización criminal; se pretende imputar al juez y al fiscal que dirigieron la investigación por unas presuntas filtraciones que también han servido de excusa para violar el derecho de los periodistas a la confidencialidad de sus fuentes.

En octubre de 2017, tras hacerse pública la investigación judicial, el PP de Calvià solicitó al equipo de gobierno municipal que abriera un expediente informativo a Mesquida, entonces director de Turismo, para determinar su posible vinculación con el caso Cursach. Los 'populares' recordaron al citado Jaume Nadal, a quien se cesó después de que se le relacionase con presuntas irregularidades en la tramitación de la licencia de la macrodiscoteca BCM de Magaluf. "Solicitamos que se trate con la misma vara de medir a todos los funcionarios del ayuntamiento de Calvià, y se actúe de manera igualitaria todos los casos por parte del equipo de gobierno, en este caso, abriendo expediente de información reservada al director municipal", argumentaban los conservadores.

Ciudadanos pasa por alto su código ético con Mesquida

Los 'naranjas' incumplen, de facto, con su código ético al pasar por alto que Joan Mesquida fue investigado por la fiscalía del 'Caso Cursach'. En sus estatutos, establecen que los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido "asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidad previsto en las leyes, absteniéndose entre otros supuestos de participar o desarrollar toda actividad privada que pueda conllevar un supuesto claro de conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo, y no aceptando ningún trato de favor ni de ninguna otra índole que implique directa o indirectamente algún tipo de privilegio o ventaja".

Además, también incluyen que los representantes institucionales y los cargos orgánicos de la formación deberán poner su responsabilidad , y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo "si fuere investigado, aún sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal".

Esta no es la única ocasión en la que Ciudadanos ignora deliberadamente cumplir con su código ético, los de Rivera han hecho la vista gorda con la corrupción y el fraude hasta en seis ocasiones, como desgrana Público.