El debate en torno a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 se retoma esta semana en el Congreso. En concreto, la mesa de la Comisión de Presupuestos se reúne este martes para ordenar la discusión de las más de 5.400 enmiendas parciales al articulado de la ley y las distintas secciones presupuestarias, un trámite que no estará exento de polémica.

Y es que, dentro de esta extensa carpeta, habrá cuestiones que se desecharán antes de llegar a manos de sus señorías para su debate en la ponencia y más tarde, en la comisión, esta ya a puerta abierta, y con luz y taquígrafos. Así, más allá de las propuestas de veto impulsadas por el Gobierno, quien tiene la potestad de excluir las correcciones que considera que alteran su competencia en materia presupuestaria, la mesa del este órgano, con los votos de PSOE y PP, descartará previsiblemente las registradas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para regular los alquileres y prohibir los desahucios.

Ante el bloqueo de la ley de vivienda en el Congreso, que yace en la Comisión de Transportes sin visos de que se desatasque por las reticencias de los socialistas a incluir las demandas de estas grupos progresistas, amparadas en los colectivos por el derecho a la vivienda, Unidas Podemos enmendó sus propias cuentas junto a los socios parlamentarios para presionar al PSOE en este asunto.

En esencia, exigen la regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas (grandes y pequeños tenedores) en las zonas tensionadas, prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, y reclamar una serie de obligaciones sociales para "corresponsabilizar" a los grandes tenedores de vivienda.

La respuesta para estos grupos era la esperada, reconocen fuentes parlamentarias. No fue otra que un primer intento de veto la semana pasada por parte del PSOE y PP, paralizado finalmente por la presidenta de la Comisión de los Presupuestos, la morada Pilar Garrido. Si bien, el órgano parlamentario se dio de margen hasta este martes 8 para tomar una decisión definitiva.

A pesar de que Unidas Podemos ha instado al PSOE a dejar que se debatan dichas enmiendas en el seno de la comisión, los socialistas ya anunciaron que mantienen su rechazado al amparo de los dictado por los letrados de la Cámara Baja. El cuerpo jurídico desaconsejó incluir en el orden del día dichas enmiendas al considerar que "son ajenas a la materia presupuestaria".

"Como es lógico el letrado ha planteado la inadmisibilidad porque no están en línea con la tramitación de un proyecto de Presupuestos y no parece lógico desviarse de ese criterio", apostilló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves en los pasillos del Congreso.

No obstante, este asunto no acaba aquí, avisan fuentes de ERC y EH Bildu, dos formaciones indispensables para que las cuentas públicas salgan adelante. En esta línea, aunque reconocen que la legislación en el ámbito de vivienda "debe avanzar mediante la propia ley", estas formaciones intentarán también adelantar en esta materia vía Presupuestos "hasta donde se pueda", reconocen fuentes parlamentarias republicanas.

Asimismo, ante las palabras optimistas de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que prometió el desbloqueo de la tramitación de la norma antes de que finalice el año, desde ERC inciden en que para ello es necesario que "alcance al menos los niveles de protección de la ley catalana", parcialmente suspendida por el Constitucional, en lo relativo a la regulación de los alquileres, y que la ley en cuestión no incurra en la "invasión competencial".

En EH Bildu también observan con precaución esos "intentos" del ala socialista del Gobierno de dejar la pelota en su tejado como un mecanismo de presión. "Con nosotros eso no va a funcionar", añaden fuentes de la coalición abertzale en el Congreso. Por ende, aunque no quieren hablar de "líneas rojas", las formaciones de izquierdas aprovecharán el contexto de estos últimos Presupuestos de la legislatura para tratar de arrancar un acuerdo al PSOE en esta materia que ponga fin al bloqueo de la norma.