Josep Ferrer Llop
Exrector Universitat Politècnica de Catalunya

La transición abordó, entre otros, tres grandes retos: la regeneración democrática, el desarrollo económico y la vertebración territorial. Parece que ya es hora de hacer balance, y ninguno de los tres sale bien parado. Seguimos con grandes déficits democráticos, desde la memoria histórica hasta la corrupción, pasando por los órganos superiores de la justicia o los medios de comunicación. La crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro desarrollo económico. Y el modelo autonómico se enfrenta a fuertes tensiones, tanto centralizadoras como disgregadoras.

Las causas de este triste balance son múltiples, pero no se puede negarr la gran responsabilidad de los partidos mayoritarios gobernantes. Un PP rancio y un PSOE cómplice, o por lo menos tibio, nos han llevado donde estamos. El déficit democrático hay que cargarlo mayormente en el debe del PP, si bien cabía esperar actitudes más firmes por la otra parte. En lo económico hay para todos: privatizaciones, burbujas, fiscalidad, etc.,  acompañadas de una retahíla de frases célebres por ambos lados (el que no se hace rico es porque no quiere; tenemos el sistema bancario más sólido de Europa;  hemos adelantado a Italia y ahora vamos a por Francia;,...). Y en lo territorial también la lista es larga: desde los intentos de LOAPA, hasta el desprecio por el plan Ibarretxe o el 'cepillado' del estatuto catalán.

El país necesita una segunda transición que reconozca los enormes déficits de la primera (en otro tiempo tan loada) y aborde esos tres ejes desde ópticas renovadas. Difícilmente puede hacerlo la derecha, secularmente abducida por una oligarquía alejada de esas clases conservadoras y burguesas usuales en otros puntos de Europa. Las patronales, la FAES, la cúpula eclesiástica, la caverna mediática, etc. hacen imposible cualquier giro. Por su parte, el PSOE se desinfla desconcertado en el doble frente económico y territorial. En el primero refleja la desorientación de la socialdemocracia europea: sin pacto social posible ante la voracidad de la derecha, se ha quedado sin papel que jugar. En lo territorial poco crédito despierta su súbitamente renacido federalismo.

La izquierda es quien puede asumir la responsabilidad de liderar esta segunda transición. Aunque no estamos libres de culpa, no hemos organizado el GAL ni la Gürtel, no hemos apoyado las sucesivas reformas laborales ni la reciente reforma constitucional. Tenemos propuestas y programa para la regeneración democrática y para la revitalización económica en beneficio de las clases explotadas. Pero nos falta una posición clara y decidida ante el estallido soberanista catalán.

Si las elecciones del 25N confirman esta tendencia, no debemos caer en diagnósticos simplistas como egoísmos insolidarios despertados por la crisis, o alucinaciones colectivas orquestadas por CiU. Debemos partir del reconocimiento de que el pueblo catalán se ha sentido reiteradamente agredido en lo cultural y en lo económico, y de que ha visto frustrados sus intentos de convivencia: la vía autonomista de Pujol, la federalista de Maragall, el pacto fiscal de Mas. Y ha dicho basta.

Hemos llegado al punto de no retorno hacia la separación, máxime cuando la respuesta del gobierno central es más de lo mismo: amenazas, calumnias,... La izquierda debe desmarcarse de ese tipo de reacciones, partiendo de la base de que el pueblo catalán tiene derecho a separarse y tiene razones para hacerlo. Si hay culpables, hay que buscarlos más bien en el centralismo ultramontano y en la tibieza federalista.

La izquierda debe centrar sus esfuerzos en cómo gestionar la secesión con el menor daño posible, especialmente para las clases populares. Debemos minimizar los costes económicos y repartirlos con ecuanimidad. Debemos mantener y reforzar la cooperación y las relaciones comerciales. Y sobre todo debemos salvaguardar las relaciones humanas y sociales. En suma, debemos liderar una separación amistosa y solidaria.

Tras la secesión, el corredor del Mediterráneo debe seguir siendo una prioridad compartida y el castellano debe seguir siendo hablado y enseñado en Catalunya. Tras la secesión, la frontera debe ser una línea sólo visible en los mapas y cualquier habitante de ambos estados debe seguir sintiéndose acogido en toda localidad peninsular o insular.

La izquierda debe aceptar con naturalidad que se celebre un referéndum y que se aplique su veredicto, sin amenazas ni venganzas. Aceptado el nuevo statu quo, el debate se centra sin ambages en la lucha contra las recetas neoliberales y contra las políticas sociales regresivas. Ese el terreno donde la izquierda puede plantar cara. Y ahí volverán a coincidir  las clases oprimidas de ambos lados.