La izquierda independentista cifra en 438 las personas que se beneficiarán de la amnistía frente a las 309 que dice el Gobierno

Los activistas y manifestantes independentistas que se verían beneficiados por la amnistía serían 438, más allá de políticos, cargos de confianza y funcionarios. Es el cálculo que ha hecho la organización antirrepresiva cercana a la izquierda independentista Alerta Solidària, muy superior a las 309 personas que había apuntado el PSOE. “Es una cifra más alta pero es corta por el volumen de represión que hemos sufrido estos años”, critica en conversación con Público el portavoz Martí Mayoral.

La ley de amnistía está iniciando su andadura parlamentaria. La semana pasada el PSOE la registró en el Congreso como resultado de las negociaciones con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez. La dura oposición de la derecha y la ultraderecha, manifestándose desde hace más de 15 días seguidos en la calle Ferraz de Madrid, y también de la cúpula judicial, no hace prever una implementación plácida.

Ha habido varios bailes de cifras sobre cuántas personas entrarían en el paraguas de este perdón institucional. En septiembre, Òmnium Cultural cifraba en 1.432 las personas represaliadas que deberían acogerse a ella, sin conocer todavía el redactado de la ley, la cual no se concretaría hasta semanas más tarde, a raíz de la finalización de las conversaciones del PSOE con ERC y Junts por la investidura de Sánchez.

Por otro lado, el PSOE apuntaba que serían 309 los independentistas que podrían beneficiarse de la amnistía, sin más concreción, junto a 70 policías. Una cifra que en modo alguno encaja ni con la de Òmnium ni con la que ahora apunta Alerta Solidaria, a la que hay que sumar decenas de políticos, cargos de confianza y funcionarios, entre otros.

Y es que el cálculo de Alerta Solidària sólo hace referencia a activistas y manifestantes investigados o ya condenados penalmente por protestas vinculadas al 11-S y el 1-O, y también a aquellos que participaron en manifestaciones antifascistas o en contra de varias visitas del rey. “La cifra del PSOE era interesada, para intentar minimizar el impacto de la posible amnistía de cara a un público propio”, dice Mayoral.

El cálculo no incluye otras luchas que también han sufrido la espiral represiva del Procés, como la lucha por la vivienda, feminista o ecologista, según la organización. “Aunque parezcan luchas desvinculadas, en el contexto social marcado por el Procés se han visto afectadas”, apunta Mayoral.

Un ejemplo es la derogación de varias leyes catalanas por parte del Tribunal Constitucional, especialmente relacionadas con el derecho a la vivienda, que después se han visto contestadas en la calle. Tampoco entrarían los represaliados en el marco de las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hásel.

Un total de 1.133 personas

Para realizar el cálculo, Alerta Solidària parte de las 1.133 personas que han sido encausadas o condenadas por participar en protestas independentistas entre 2012 y 2023, el ámbito temporal que cubre la ley. De estas, cerca de la mitad han visto archivadas sus causas. De las que no, 132 han sido absueltas.

Las que restan son las 438 sobre quienes se aplicaría la amnistía, ya sea por causas todavía en investigación, a la espera de juicio o de sentencia, o que han terminado en condena (138). Sin embargo, Mayoral recuerda que “no hay ningún activista por causas independentistas en prisión”, mientras que sí son decenas los que han tenido que abonar multas que la ley especifica que no se devolverán.

Más “ambigüedad” para los activistas que para los políticos

Alerta Solidària lamenta la “ambigüedad” con la que está escrita una ley que en última instancia serán los jueces quienes tendrán que decidir a quién se le aplica y a quién no. “Los actos que entran en la amnistía se determinan con bastante precisión cuando afectan a los políticos, incluso casos muy concretos que encuentran la formulación jurídica para incluirlos, pero cuando llega el turno de los manifestantes es un simple párrafo que obvia las diversas casuísticas”, afirma el portavoz.

De este modo, Mayoral sostiene que es una ley “pensada para ellos” que se limita a incluir en “un cajón de sastre” a todo lo demás. “Da pie a que el juez se coja a estas ambigüedades”.