La líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, atiende a Público un día después de conocer la sentencia del TSJM que le condena a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad durante la protesta por un desahucio sin alternativa habitacional en 2014. Dice encontrarse todavía "sorprendida" ya que no esperaba este veredicto y que, desde ayer, le acompaña un sentimiento de "cierta indefensión". No obstante, también señala a este medio que se siente "con fuerza", gracias a todo el apoyo recibido por parte de la ciudadanía, y anuncia que recurrirá la sentencia en los próximos días. "Confío en que al final se imponga la justicia y la cordura", señala. 

PP y Cs han pedido su dimisión. ¿Piensa en dimitir tras conocer la sentencia que le condena a 19 meses de prisión?

Estaba claro que la derecha (Cs, Vox y PP), en caso de que hubiera una condena en mi contra, lo iba a utilizar políticamente para atacarme y también está claro que lo va a intentar seguir utilizando en el futuro. Pero yo hago política para tratar de avanzar hacia una sociedad con más justicia social y con una mayor protección de los derechos humanos. Ese día, aquel 24 de enero de 2014, estaba protestando contra un desahucio de una persona con discapacidad. Para mí, hacer política es perfectamente compatible con la lucha por una sociedad más justa. No pienso dimitir. 

Señala usted que lo que hacía en aquel desahucio era luchar por una sociedad más justa, pero la sentencia le considera culpable de haber agredido e insultado gravemente a agentes de Policía.

Sigo defendiendo que, a pesar de que se me condena por un delito de atentado a la autoridad, la realidad es que a mí se me identificó y se me ha juzgado por ser una activista social que fue a protestar por un desahucio. Además, el hecho de que después adquiriera cierta visibilidad pública y política ha estimulado una voluntad de juzgarme y condenarme. Las acusaciones que hacen algunos agentes de Policía, que después han sido asumidas por el tribunal, son falsas. 

Nosotros en el juicio aportamos nada menos que 115 vídeos, cientos de fotos, los testimonios de esos fotoperiodistas que habían realizado esos vídeos y fotografías y que dijeron que habían aportado toda la prueba documental sin seleccionar partes. Por parte de la acusación, lo único que aportaron fue la propia declaración de los agentes. La mitad de los agentes que fueron al juicio, de hecho, ya no se acordaban de mí y solamente tres agentes dijeron que yo era responsable de los hechos por los que se me acusaba. En eso se basa la condena contra mí. 

Entonces usted reitera que en ningún momento agredió a ningún policía. 

Sí, claro. Me parece importante destacar que a mí en esa protesta ni se me detiene ni se me identifica por parte de la Policía. La identificación llega prácticamente un mes después. Y esto es muy importante. En el juicio quedó probado, a mi entender y aunque en la sentencia apenas se menciona, que hubo un montón de irregularidades en el proceso seguido por la Brigada Policial de Información que conduce a mi identificación. 

¿A qué irregularidades se refiere?

En primer lugar, como acabo de decir, mi identificación no se produce en el propio desahucio cuando supuestamente estaba cometiendo los delitos por los que he sido condenada. Se produce unos 20 días después, que es cuando inicia el proceso la Brigada Provincial de Información y no los propios policías municipales, que son los que dicen haber sufrido las agresiones.

Es relevante saber que esos municipales no consideraron necesario abrir una investigación, pero la Brigada Provincial inició el procedimiento a partir de unos vídeos que en ocasiones dicen que vieron en las redes sociales y en otras ocasiones señalan que a través de las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, estos vídeos nunca han sido aportados como prueba al proceso y eso es muy raro. Si dice que me han identificado a través de unos vídeos, lo normal sería que los aportaran como prueba y así quedaría todo claro. Pero no lo han hecho. 

También considero que hubo irregularidades en el atestado policial. Esa Brigada Provincial de Información dijo a las 9 de la mañana del día 19 de febrero, 20 días después del desahucio, que había identificado sin ningún género de dudas a las personas que estaban en ese desahucio. Pero, sin embargo, el atestado policial dice que son los agentes municipales, los que estuvieron en ese desahucio, los que me identifican a las 10 y 50 horas. Es decir, casi dos horas después de que la Brigada Provincial ya dijera que había identificado a los responsables de lo ocurrido tras aquel desahucio. Hay otra contradicción evidente. Y en esta ocasión creo que esto demuestra que había un intento por parte de la Brigada de indicar a los agentes municipales, por así decirlo, a qué personas tenían que señalar cuando les mostraron unas fotos mías que, por cierto, tampoco sé porque tenían ya que yo no había sido detenida nunca. Creo que esto indica que hubo un intento de señalar a algunos activistas sociales y así se inició todo este procedimiento.

Esta denuncia que usted realiza sugiere que usted considera ser víctima de una especie de montaje policial.

Lo que tengo claro es que la Brigada Provincial de Información tenía una intención clara de señalarme porque me conocía por ser activista social. Esto no es incompatible con decir, y así lo creo honestamente, que puede haber agentes municipales, que son los denunciantes, que se equivocaron al identificarme. Es decir, que piensan que soy una de las personas que les insultó y que me están confundiendo.

De hecho, en ningún momento he negado que en esa protesta, y es evidente en las pruebas que nosotros mismos presentamos, que hay personas que les insultan y les lanzan objetos. Nunca lo he negado. Por tanto, pienso que pudo haber una confusión a la hora de la identificación por parte de algunos agentes municipales.

El relato que hace la sentencia de hechos probados pone en su boca una serie de insultos deleznables que son muy graves. ¿Se reconoce en esas frases?

Ni mucho menos. Y esto es curioso. Se me condena por un delito por atentado con instrumento peligroso, pero la derecha y determinados medios de comunicación priman esos presuntos insultos que son auténticas barbaridades al hecho en sí de la supuesta agresión que he cometido. Hubo un agente que declaró en el juicio que yo le había dicho que su hijo le tenía que pegar un tiro o algo así. No me parece casual que la derecha utilice estos insultos mucho más que el delito de atentado a la autoridad con instrumento peligroso. Creo que cualquier persona que me conozca sabe que son insultos que yo nunca diría. Son insultos machistas, lamentables y creo que hay una intencionalidad en intentar atribuírmelos a mÍ

También me parece destacable que algunos de estos insultos no aparecen en el atestado policial de ese día. Es decir, en el juicio sacaron insultos que supuestamente yo había dicho y que no estaban en el atestado policial.

En el vídeo que usted lanzó tras conocer la sentencia dijo que era una condena injusta y desproporcionada. Su abogado, en este artículo de Público, denunciaba que va contra la propia doctrina del Supremo.

Creo que hay tres cuestiones fundamentales que demuestran en qué se basa la sentencia y la debilidad argumentativa que tiene a la hora de concluir que yo lancé objetos contra la Policía.

En primer lugar, la sentencia despacha y rechaza prácticamente toda la prueba documental que nosotros aportamos en, prácticamente, dos líneas de la sentencia. Considera que 115 vídeos y cientos de fotos son pruebas "estáticas" y "seleccionadas" que no aportan y ni siquiera las valoran. Parece que tengo que llevar una cámara en la cabeza para que el tribunal pudiese valorar una prueba documental porque todo lo demás lo considera "seleccionado" y parcial. 

En segundo lugar, la versión de los policías la compran automáticamente, a pesar de incongruencias, cambios, contradicciones entre varios agentes... Pero lo asumen directamente por parte del tribunal. 

En tercer lugar, y creo que esto es importante para contestar a la pregunta que me hacía antes de si yo lancé objetos a la Policía o no, para que me puedan condenar por un delito de atentado se me ha aplicado una cosa que se llama coautoría o delito masa. Se basan en el hecho de que, a pesar de que no tengan claro que yo lanzara un objeto que impactó en un policía, yo estuve en esa protesta con un rol destacado y que, por tanto, soy responsable de las consecuencias de lo que allí sucedió. Ligan mi activismo social con la PAH, aunque yo ya haya dicho que no formaba parte de este movimiento, para señalar que yo era una persona importante en ese grupo y que, por tanto, esas lesiones se me pueden imputar a mí. 

Este criterio no respeta mi presunción de inocencia. Se me ha condenado por un delito de atentado con instrumento peligroso, pero en ningún momento hay ningún agente que diga que yo le tiré un objeto peligroso.

En una entrevista previa con 'Público' decía que confiaba en que no hubiera interferencias políticas en su sentencia. ¿Cree que se han dado? ¿Cree que si no fuera responsable de Podemos CAM no estaríamos hablando de una sentencia condenatoria?

Sí, desde luego. He dicho muchas veces que es una sentencia desproporcionada, pero es que, además, no hay por donde cogerla. No hay argumentos ni para condenarme por un delito más leve del que finalmente he sido condenada. Creo que si se ha llegado a un fallo como este solo puede ser porque hay intereses políticos. Sin intereses políticos, no se entiende una sentencia como esta. Estos intereses políticos tienen que ver con que se me identificó por ser activista social y por eso me denunciaron y, posteriormente, el hecho de ser una cara conocida de Podemos ha generado cierto estímulo a la hora de que se me pueda condenar. 

Yo pensaba que el hecho de que tuviera puesto el foco público en este proceso podía generarme más garantías. Pero creo que ha pasado al revés. Creo que el tribunal utiliza mi sentencia de una forma aleccionadora para el resto. Hay que tener en cuenta que este tribunal es un tribunal politizado. No sólo porque juzga a los políticos sino también porque, en parte, es elegido por la Asamblea de Madrid. Por tanto, veo determinados elementos que indican que hay un interés político en que el fallo fuera como ha sido. 

Y en este punto quiero recordar que mi proceso judicial se inició en un juzgado ordinario y en ese juzgado el juez consideró que no había pruebas sustanciales como para procesarme por atentado a la autoridad o lesiones y me quitaron esos dos cargos e iniciaron una instrucción por desórdenes públicos. 

La sentencia también ha motivado una serie de reacciones en su partido. La más relevante es la del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que por su crítica a la decisión judicial se ha llevado una reprimenda del CGPJ.

Creo que Pablo Iglesias ha sido muy comedido a la hora de valorar la sentencia. Él mismo ha dicho que hay cosas que piensa de esta sentencia que no está diciendo por respetar su posición actual en el Gobierno. El comunicado del CGPJ, el segundo que envía contra el vicepresidente Pablo Iglesias, me parece que no debería haber ocurrido y creo que tiene que ver con que sea Lesmes, ex alto cargo del PP de Aznar, el que lo preside y con que la renovación de ese CGPJ esté bloqueada por parte de la derecha. 

También considero que es importante señalar que para que haya independencia de poderes se tiene que asumir que las personas que están en las instituciones, en este caso en el legislativo y en el ejecutivo, tienen que poder valorar las decisiones judiciales y plantear también cambios y proponerlos. Esto es una garantía democrática de independencia de un poder y otro. El problema es cuando hay demasiada connivencia entre una parte y otra, que es lo que suele ocurrir con el poder judicial de este país y la derecha. 

A raíz de esta sentencia han vuelto a aparecer los vídeos en los que usted participaba en una protesta saboteando cajeros automáticos.

Era lo que esperaba. Era obvio que iban a sacar esas imágenes para atacarme, pero yo siempre he dicho que estoy orgullosa de haberme manifestado en un contexto de huelga general y en contra de lo que estaban haciendo, en ese momento, los bancos. Hablamos de que 3/4 partes de los desahucios en ese momento eran por ejecuciones hipotecarias y que los propios bancos  se quedaban con la vivienda de unas personas que terminaban en la calle. 

Como te he dicho antes, entiendo que estar en política es defender la justicia social. Ahora lo hago en las instituciones y antes más en la calle que ahora. Pero trabajo con la misma convicción de que hay que luchar para que haya un día en el que no sea necesario manifestarse para que a alguien no le echen de su casa. 

Seis años después del día de los hechos por los que fue condenada y sabiendo lo que sabe hoy, ¿acudiría a ese desahucio?

Sí, desde luego. Me siento muy orgullosa de haber luchado por el derecho a la vivienda. Quiero recordar que sigue habiendo muchísimos desahucios diarios. En la Comunidad de Madrid hay 18 desahucios diarios aproximadamente por impago de alquiler y solamente vamos a poder cambiar las cosas, poner en marcha leyes y medidas que garanticen el derecho a al vivienda si hay personas en las calles que siguen manifestándose por el derecho a la vivienda y parando desahucios. Ahora mismo mi responsabilidad está en las instituciones, pero seguiré estando en la calle. 

Documento de la sentencia a Isa Serra (PDF)