MADRID
Actualizado:En su repaso de las diferentes tramas de corrupción política y económica del PP, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha relatado en detalle durante su parlamento al inicio de la moción de censura lo que ha calificado como "cloacas policiales": las conspiraciones y montajes de la brigada política de Interior que sacó a la luz Público al desvelar las grabaciones en el despacho del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Montero incluso ha citado expresamente a la periodista de este diario Patricia López, a la que ha elogiado por su "valiente" trabajo de investigación que ha permitido revelar muchas interioridades de las cloacas de Interior.
La primera mujer que ha parlamentado en una moción de censura en España también ha hablado del excomisario José Manuel Villarejo Pérez, uno de los más destacados miembros de esa brigada política, al aludir a "la más vergonzosa" de esas operaciones ilegales en favor de multimillonarios: el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto para intimidarla y obligarle a retirar sus denuncias de acoso contra Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
La portavoz de Unidos Podemos también ha recordado que "hoy esta Cámara investiga el posible uso partidista del ministro del Interior para atacar al adversario", refiriéndose a la comisión de investigación --la primera que se crea en el Congreso después del 11-M-- formada para averiguar las maniobras de la brigada política, y en la que ya han comparecido el exministro Fernández Díaz, su interlocutor Daniel de Alfonso (exjefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, destituido por el Parlament al desvelar Público las grabaciones) y el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Zoido incendia Twitter al negar que haya "Policía política"
Sin embargo, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se apresuró a replicar a Montero, a través de Twitter: "No existe ninguna Policía política. @Irene_Montero_ insiste en criticar o elogiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según le interesa".
No existe ninguna Policía política. @Irene_Montero_ insiste en criticar o elogiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según le interesa.
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 13 de junio de 2017
De inmediato, la directora de Público, Ana Pardo de Vera, respondió al ministro, recordándole que este diario cuenta con pruebas de cargo e irrefutables sobre la existencia de la brigada política en Interior durante el mandato de Fernández Díaz en Interior:
Ya lo creo que existe, señor ministro. En @publico_es lo contamos con todo lujo de detalles (y pruebas)
— Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 13 de junio de 2017
Saludos cordiales. https://t.co/Tc0XfbVxtW
Tras el tuit del ministro, la red social se incendió con respuestas de los usuarios y la propia Patricia López le recordó a Zoido, también vía Twitter, que su Ministerio del Interior, bajo su mandato, "ha enviado documentos no oficiales (sin nada q los identifique cómo tal) al Congreso", como ha quedado patente en los trabajos de la comisión de investigación y se encargó de denunciar el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral:
Señor ministro, su Policía ha enviado documentos no oficiales (sin nada q los identifique cómo tal) al Congreso. Como demostró @MayoralRafa https://t.co/3topRPXsuf
— Patricia López (@patricialopezl) 13 de junio de 2017
Antes de denunciar las actividades ilegales organizadas en la Policía desde la cúpula del Ministerio del Interior, Montero había pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las presiones a los fiscales que investigan escándalos del PP: "Las denuncias de injerencias en el poder judicial se acumulan desde que usted es ministro de Justicia. Dimita, y ahórrese y ahórrenos este bochorno".
La portavoz de Unidos Podemos hizo un relato exhaustivo de las evidencias de que --en el caso Lezo-- el Ejecutivo trató de proteger a Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid) a través de Interior y del exjefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, quien tuvo que dimitir pocos meses después de ser designado tras los sucesivos escándalos provocados por su actuación en favor de los imputados de ese caso sobre el saqueo de los fondos públicos del Canal de Isabel II.
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