Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo miércoles, 25 de noviembre, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que las prioridades del Ejecutivo para avanzar en la lucha contra la explotación sexual pasan por reforzar la capacidad de perseguir a los proxenetas y por acabar con la "absoluta desprotección" de las mujeres víctimas y en contextos de prostitución.

La titular de Igualdad garantiza que este Gobierno va a ser "el que más lejos va a llegar" en la lucha contra la explotación sexual, con "medidas contundentes", para poner fin a la impunidad de la "poderosa" industria proxeneta, pero descarta multar a los "puteros" porque "no sirve para que haya menos".

"En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros. (...) Las medidas más urgentes y que mejor nos pueden permitir luchar contra la explotación sexual tienen que ver con atajar el origen: la impunidad de la industria proxeneta", asegura Montero. 

A través de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Ejecutivo pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, esto es, alquilar locales donde se explota a mujeres.

"Creo que vamos a ir más lejos que cualquier gobierno en esta materia. Acabar con la impunidad de la industria proxeneta, a pesar de saber que son personas muy poderosas, a las que nadie ha tocado y que han permanecido en la impunidad siempre. Y, por otra parte, garantizar los derechos de las mujeres", subraya.

Aun así, Montero reconoce que "seguramente sea insuficiente", pero estas medidas son un "primer paso necesario e imprescindible" que tiene que ir acompañado de una "vía fuerte de ofrecimiento de alternativas sociales, laborales y habitacionales" a las víctimas y del impulso de una ley de trata. Su ministerio y el de Trabajo están "corriendo" para poder poner en marcha un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de trata y prostituidas.

Sin dudas para la ley del solo sí es sí

La futura ley de garantía integral de la libertad sexual, que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y equiparará las violencias sexuales a la violencia de género, dará "pasos significativos" a finales de año o principios de 2021.

A Montero no le "cabe duda" de que recibirá un respaldo mayoritario del Parlamento pues se trata de una norma que protegerá "a las mujeres de todas las formas de violencias machistas", pese a lo que espera que la extrema derecha la cuestione y la niegue.

"El Parlamento español es un Parlamento de mayoría feminista democrática que entiende que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es intolerable. (...) El Parlamento va a aprobar la ley y solamente la extrema derecha y la derecha extremada se va a quedar en el mensaje criminal de cuestionar la violencia de género", alerta. En cuanto al PP, "lo razonable y esperable" es contar con su apoyo, "en congruencia con haber formado parte del Pacto de Estado".

Otros cambios legislativos que quiere abordar es la modificación de la ley del aborto, tanto para derogar la reforma del PP de 2015 -y permitir a las jóvenes de 16 y 17 años poder interrumpir el embarazo sin necesitar el consentimiento de sus padres- como para mejorar la educación sexual y reproductiva, y reconocer la explotación reproductiva, los vientres de alquiler, como una forma de violencia machista.

En este sentido avanza que se prohibirá la publicidad de aquellas empresas que anuncian una práctica que está prohibida en España.

La "otra gran pandemia": la violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es, en palabras de Montero, "la otra gran pandemia. Una de las formas de violación de los derechos humanos más estructural, más habitual, más silenciada, más invisibilizada y que más impide el desarrollo de proyectos vitales a millones de mujeres".

La ministra recuerda que, según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida: "Los datos son espeluznantes respecto a lo normalizadas y estructurales que son esas violencias". Durante el confinamiento han crecido, además, las formas de violencia de control y las más silenciosas.

Montero considera preocupante la desconfianza que muchas mujeres sienten hacia las instituciones: "Tenemos que ser capaces de que las puertas por las que entran las mujeres les hagan sentirse seguras, confiadas en que las instituciones están ahí para ayudarlas; ahora ellas mismas nos dicen que son estrechas y por eso hay muchísimas mujeres que todavía no denuncian y hay muchísimos asesinatos machistas donde no había ninguna denuncia previa".

"Tenemos la obligación de hacer que esas puertas sean más en número y más grandes y seguras (...).  La tarea más importante que tenemos por delante es conseguir que cada mujer sepa en lo más profundo de sus pensamientos que no está sola", añade.

Además, la ministra hace hincapié en la necesidad de promover políticas que garanticen la independencia económica de la mujer y ataje la pobreza y la vulnerabilidad, una "forma indirecta" de luchar contra la violencia machista.

Considera necesario que las políticas públicas se empiecen a corresponsabilizar de los cuidados en el ámbito doméstico, un asunto hasta ahora "ausente" y "una de las "grandes carencias durante la pandemia": "No hemos sido capaces de impedir que las mujeres tengan que hacer malabares durante meses para compatibilizar trabajo y cuidados", sostiene.

Y también queda pendiente dignificar las tareas del hogar y ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras domésticas, que asegura que se hará en esta legislatura. "Estamos trabajando en ello. Si tuviese una fecha nada me gustaría más que poder decirla. Es una prioridad", declara.

"Queremos que las personas trans vivan con derechos"

Otro de los proyectos más importantes del Ministerio de Igualdad es la futura ley trans, cuyo objetivo es despatologizar la transexualidad (que no haya que declararse enfermo para el cambio de género), avanzar en la autodeterminación del género, eliminar trabas burocráticas, hacer los procedimientos más ágiles y atender los derechos de los niños y las niñas trans.

Son medidas alineadas, asegura Montero, con los organismos internacionales.
"Las personas trans existen desde siempre y de lo que se trata es de decidir si queremos que vivan con derechos o sin derechos. Y la respuesta del Gobierno es unívoca: queremos que vivan con derechos", dice Montero, que insiste en que la sociedad española tiene una deuda histórica con este colectivo cuyos derechos son vulnerados.

"Lo que debatimos es si la ley les reconoce que son seres humanos sujetos de derechos y en qué condiciones se realizan esas transiciones. (...) La despatologización y la facilitación de esos trámites son una condición necesaria para garantizar que les estamos dando todo su derecho a la identidad personal, a la dignidad humana y al cumplimiento de sus derechos fundamentales", destaca.

La ministra cuenta que la fase de consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de ley ha recibido una "cantidad ingente de aportaciones" y espera que la ley reciba un "enorme apoyo social".

La ministra de Igualdad considera que "en los momentos más difíciles, España ha mostrado la enorme conciencia de lo que implica la riqueza de la diversidad (...) y va a volver a ser pionera en reconocer que todas las personas tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, independientemente de cómo nos sintamos o de a quién amemos".