Entre 2017 y 2022, más de sesenta políticos, abogados, periodistas y personas de la sociedad civil relacionadas con el independentismo catalán fueron espiadas con Pegasus, un programa de espionaje de la firma israelí NSO Group. Entre los espiados estaban los expresidentes Pere Aragonès, Joaquim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. Espionajes autorizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como reconoció en el Tribunal Supremo. Ahora, y por primera vez, una investigación internacional pone nombres y apellidos a los responsables de Pegasus y su distribución en Europa. 

Se trata de una investigación impulsada por el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia y otras organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y Amnistía Internacional. El informe pericial apunta a tres cargos concretos de la empresa israelí propietaria del software, NSO Group, con filiales en Luxemburgo, que serían los principales responsables de ese espionaje supuestamente ilegal y no amparado por la legislación española.

Se trata de Shalev Hulio, fundador de la empresa matriz NSO en 2010, actual consejero delegado y directivo de dos filiales luxemburguesas desde 2019; Omri Lavie, también fundador y directivo de una filial luxemburguesa; y Yuval Somekh, directivo de una de las filiales entre 2016 y 2020 y de otra filial entre 2019 y 2020.

Una ampliación de la querella

La investigación revela que estos tres serían los responsables del espionaje ilegal en el teléfono de Andreu Van den Eynde, el abogado del expresidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Ruben Wagensberg por la causa del 1-O. En este sentido, Irídia, en nombre de Van den Eynde, ha presentado una ampliación de querella en el juzgado barcelonés que lleva unos dos años investigando la causa. La entidad aporta el informe pericial que apunta contra estos tres directivos y pide al juzgado que reclame a Luxemburgo su colaboración y declaración por videoconferencia.

Por otro lado, las organizaciones reclaman a la Unión Europea que asuma las conclusiones de la comisión del Parlamento Europeo sobre este espionaje y legisle para evitar abusos. Además, quieren que se prohíba el software Pegasus al considerar que su uso es totalmente incompatible con el respeto a los derechos fundamentales. Así, aseguran que el programa espía no discierne qué tipo de información se extrae de los dispositivos móviles infectados y, por lo tanto, es imposible limitar su capacidad invasiva, como se requiere en cualquier intromisión en derechos fundamentales.

Anaïs Franquesa, directora de Irídia, ha explicado que cualquier persona investigada por un juzgado, incluso si se le intervienen las comunicaciones, tiene más derechos que una persona espiada con Pegasus. Así, recuerda que cuando la policía intercepta las comunicaciones de un móvil, posteriormente se puede saber qué se ha obtenido y durante cuánto tiempo. Además, puede impugnarse. Sin embargo, con Pegasus esta información ha sido imposible de conseguir hasta ahora.

Celia Carbonell, también de Irídia, ha recordado que algunos estudios apuntan a que Pegasus podría haberse utilizado en 70 estados y contra 50.000 personas. En España, tampoco están seguros de que solo lo tenga el CNI, sino que en varios sumarios judiciales contra el independentismo catalán existen indicios de que la Policía Nacional o la Guardia Civil también podrían haber tenido acceso a ellos.

Irídia pondrá este informe pericial al servicio de otros casos de espionaje judicializados y ha advertido de que no se detendrá, y que llegará hasta las instancias judiciales internacionales, si hace falta, para detener estas prácticas.

Un documental en HBO

Coincidiendo con el anuncio de Irídia se ha hecho público el primer trailer del documental de HBO Max Surveilled, sobre el ciberespionaje de NSO Group desvelado por el periodista de The New Yorker Ronan Farrow. El documental, que también aborda el ciberespionaje con Pegasus a independentistas catalanes, podrá verse a partir del 20 de noviembre.