Juan Carlos I está rodeado de escoltas, y los escoltas están rodeados de absoluto secretismo. Coincidiendo con una nueva visita del exmonarca a España, el Ministerio del Interior vuelve a guardar silencio en torno al coste que implica el servicio de seguridad que le acompaña en sus cada vez más habituales visitas.

El emérito está en Sanxenxo. El avión procedente de Emiratos, su refugio dorado, aterrizó el lunes a la tarde en el aeropuerto de Vigo bajo un amplio dispositivo de seguridad y desde allí salió hacia la localidad pontevedresa para participar en las regatas, una de sus aficiones preferidas. Se trata de su visita número 14 a España desde que se instaló en Abu Dabi.

El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, como ha ocurrido en todos y cada uno de los viajes anteriores, asumió el operativo de seguridad que acompañará a Juan Carlos I a lo largo de su estancia en tierras gallegas.    

¿Cuánto cuesta este servicio de escolta para el emérito en el marco de sus actividades de ocio? La pregunta ha sido formulada en varias ocasiones en el Congreso y en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ya fuese en un escenario u otro, la respuesta ante esa interrogante siempre ha sido la misma: silencio oficial.

Tras la llegada del emérito a Sanxenxo bajo fuertes medidas de seguridad a cargo del Estado, Público ha contactado este martes con el ministerio para solicitar información acerca de este asunto.

"Lo sentimos, pero, por motivos de seguridad, el Ministerio del Interior no ofrece nunca información sobre protección de personas ni es posible confirmar la existencia de dispositivos específicos", respondieron a este periódico desde el Gabinete de Comunicación.  

"Distorsión"

No es la primera vez que el Gobierno resuelve de esta manera una solicitud de datos en torno al emérito. En mayo pasado, Interior descartó proporcionar información sobre el coste del dispositivo que rodea a Juan Carlos I en sus visitas a Sanxenxo, una solicitud que Maldita había formulado a través del Portal de Transparencia y que recibió el amparo de dicho Consejo.

El Gobierno argumentó entonces que "los gastos incurridos por el personal que componen los dispositivos de seguridad" se inscriben dentro del presupuesto asignado al Ministerio del Interior. 

El Ejecutivo alegó que "dada la cooperación y coordinación entre diferentes unidades, cualquier información parcial sobre esta cuestión resultaría distorsionada, careciendo de sentido práctico".

A su juicio, proporcionar datos sobre el coste de la seguridad del emérito en sus viajes de ocio a España "entraría en colisión" con el "derecho fundamental" de la seguridad "ya que, de su conocimiento, se podría deducir un cierto dimensionamiento de los dispositivos establecidos, unidades y plantillas, generando un riesgo tanto para las personas protegidas como para los agentes participantes".

"Riesgos o perjuicios graves"

El Ministerio del Interior recurrió también a la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente, para asegurar que "la información sobre plantillas de personal y medios" quedaría recogida en la materia con clasificación de reservada, "por lo que, su divulgación a personas no autorizadas podría generar riesgos o
perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado".

Sostiene además que "el nivel de reserva que se otorga a los planes de protección de las personas sometidas a la misma es independiente de su naturaleza militar o de su pertenencia al ámbito de la Defensa", por lo que no cabe "discriminar en atención a esa diferente condición".