El nuevo jefe superior del cuerpo de la Policía Nacional en Catalunya, nombrado 24 horas después de la Diada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un experto en las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidas como antidisturbios, a las que el Estado atribuye "el monopolio del uso de la violencia contra los ciudadanos".

José Antonio Togores Guisasola ostenta el rango de Comisario Principal, entró en el cuerpo con 19 años, en 1979, y en 1993 ascendió a inspector jefe. En la actualidad es considerado como el mejor experto que dispone el Ministerio del Interior en las unidades antidisturbios, al frente de las cuales estuvo desde el 2006 hasta el 2012. Es decir, que fue nombrado por el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue cesado por su sucesor, el popular Jorge Fernández Díaz, tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Por esas fechas, el comisario ya pertenecía al entorno familiar de la entonces princesa Letizia, ya que en junio de 2004 el padre de la actual reina, Jesús Ortiz, contraía matrimonio con Ana Togores Guisasola, hermana del flamante jefe superior de la Policía Nacional de Catalunya, después de conseguir el divorcio de su primera esposa, Paloma Rocasolano.

Entre el 2013 y el 2016, Togores fue consejero de Interior de la Embajada de España en Colombia, para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, justo después de su etapa como jefe del Área de seguridad Ciudadana y Operaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Incidente en Venezuela

En aquella época el comisario principal apenas era conocido. Pero el apellido Togores no llegaría a los medios de comunicación por aquella boda, sino por un incidente diplomático con el gobierno de Venezuela, que encabezaba Hugo Chávez.

Estando al frente de las Unidades Antidisturbios, Togores fue enviado a Venezuela junto con grupo de 53 agentes de las UIP para participar en una expedición de repatriación de presidiarios españoles que cumplían condena en ese país. Por diversas razones, el gobierno venezolano retuvo la partida del avión de regreso sin precisar las causas inicialmente.

El Gobierno español emitió un comunicado oficial de los hechos, pero el comisario no estaba de acuerdo con el Ministerio de Exteriores e Interior y decidió emitir su propio comunicado.

Según esto, el 18 de marzo de 2010, el Gobierno de Zapatero aludía sólo a "problemas en el plan de vuelo". Pero el jefe de los antidisturbios redacta un informe contradiciendo al Ejecutivo. En este informe, que se envió a varios periodistas en España, el comisario José Antonio Togores afirmaba que los agentes españoles habían recibido un "trato vejatorio" por parte del gobierno de Chávez. Añadía que "los policías fueron recluidos en una base militar en Caracas y distribuidos en habitaciones para tres o cuatro personas. En la puerta de cada una se situó un policía venezolano limitando sus movimientos".

Se quejaba también de que "los agentes españoles no podían acceder a las habitaciones de sus compañeros ni comunicarse con ellos"; que, cuando intentaban hacerlo, los venezolanos les obligaban a volver a su habitáculo; que tampoco se les dejaba hablar por teléfono, y que algunos policías españoles establecieron contacto con España, pero cuando fueron descubiertos por los venezolanos, les obligaban a apagar los teléfonos. También aseguraba que "algún agente pidió algo para el desayuno, pero los venezolanos les dijeron que no era posible ingerir alimentos en aquellos momentos".

Cuando la expedición regresó a territorio español 15 horas después, el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero no tomó ninguna medida disciplinaria contra el comisario, según afirman fuentes policiales.