En su discurso navideño de 2011, al poco de salir a la luz el caso Nóos, Juan Carlos I, hoy rey emérito exiliado desde agosto de 2020 en Abu Dabi, pronunció una frase que pasó a la historia: "La Justicia es igual para todos". Sin embargo, desde que salieron a la luz los turbios orígenes de su fortuna, lograda a base de supuestas comisiones y otros negocios, y sus maniobras para ocultarla en paraísos fiscales, esa frase se ha vuelto en su contra. La sensación que cunde entre la ciudadanía es que pese a las investigaciones judiciales abiertas contra él dentro y fuera de España por presuntos delitos fiscales, Juan Carlos I va a salir impune, limpio de polvo y paja. La ley no parece igual para todos, al menos en este caso. Esa es la clave principal para entender por qué su posible regreso a España suscita tanta polémica.

El debate que gira en torno al rey Juan Carlos I se puede resumir en la confrontación entre dos conceptos diferentes: inmunidad o impunidad. El reciente archivo de la Fiscalía de Ginebra (Suiza) después de tres años de investigación por un supuesto blanqueo de capitales no ha hecho más que aumentar esa sensación de impunidad. Tampoco ayuda en ese sentido el más que probable futuro carpetazo de la investigación (así al menos se ha filtrado a la prensa), que por una cuestión formal aún mantiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo. A todo ello hay que sumar el hecho de que la Fiscalía del Supremo omitió un año clave en su petición de información a Suiza, tal como informó Público en exclusiva, y también que alertó al propio Juan Carlos I de que estaba siendo investigado. Privilegios que no están al alcance de todos los ciudadanos.

Además, las dos regularizaciones fiscales que el rey emérito realizó ante Hacienda por valor de cinco millones de euros por deudas con el fisco entre los años 2016 y 2018 sin duda también han ayudado a destejer la madeja judicial en su beneficio.

La percepción de que el rey emérito disfruta de un oasis judicial se ve reforzada, además, por su estatus jurídico. En el momento de su abdicación, en 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy se apresuró a blindar jurídicamente a Juan Carlos I y a parte de su familia —las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias— con el aforamiento. Esta prerrogativa implica que sólo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Antes del 2 de junio de 2014, día que se firmó su abdicación, la figura de Juan Carlos I era inviolable —como ahora lo es la del rey Felipe VI— según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española.

Un privilegio, el de la inviolabilidad, que como bien explicó en 2018 a Público Elviro Aranda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto constitucionalista, "supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito".

El otro privilegio de Juan Carlos I, el del aforamiento, también suscita muchas dudas entre los juristas: hay quien cree que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, el aforamiento persigue "proteger a quien ejerza un cargo público" y no está claro que el rey emérito lo sea en la actualidad.

Los abogados de Juan Carlos I ya no pueden invocar la inviolabilidad pero insisten una y otra vez en la inmunidad del rey emérito en cualquier foro judicial. Ese ha sido el argumento que han esgrimido ante el tribunal de Londres que este mes de diciembre se encarga de la denuncia de Corinna Larsen, la antigua amante del emérito, contra Juan Carlos I por acoso, seguimiento ilegal y difamación. Un juez inglés tiene que decidir ahora si Juan Carlos I goza de inmunidad o no.

Un perfil bajo

Con el camino judicial casi despejado –a falta de lo que decida el juez de Londres–, la vuelta de Juan Carlos I a España parece más posible que nunca. Según varias informaciones surgidas del entorno de Juan Carlos I, el rey emérito sostiene que las diferentes exoneraciones judiciales le abren la puerta para volver. En esta ocasión su regreso sí que parece inminente: según esas informaciones el rey emérito pretende pasar su cumpleaños –el 5 de enero– en España.

Es más, esas mismas fuentes apuntan a que Juan Carlos I no sólo quiere regresar para quedarse y vivir en el palacio de la Zarzuela, sino que además exige cobrar la asignación anual de 161.034 euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que su hijo, Felipe VI, le retiró en marzo de 2020, el mismo día que España se confinó.

Los deseos de Juan Carlos I no tienen por qué convertirse en realidad. Todo es aún muy difuso. En primer lugar, no es seguro que regrese aunque quiera. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado la decisión en manos de Felipe VI. Por contra, el PP sostiene que Juan Carlos I puede regresar "cuando quiera". Todo apunta a que será el actual monarca quien decida el futuro a corto plazo de su padre. En ese sentido, Felipe VI no ha dicho una sola palabra, con lo cual todo permanece en el terreno de la especulación. Cabe la posibilidad de que Juan Carlos I haga de su capa un sayo y regrese incluso en el caso de que su hijo no se lo autorizara. Pero eso también es una mera hipótesis.

En caso de regresar, quedaría por ver qué papel desempeñaría Juan Carlos I. Él pretende mantener su estatus anterior al escándalo, aseguran desde su entorno. No parece una opción realista. Lo más probable es que la Casa Real apueste por un perfil bajo, casi inexistente, con reducidísimas apariciones públicas.

Es más verosímil que Juan Carlos I termine por convertirse, como una vez dijo su buen amigo Felipe González sobre los expresidentes del Gobierno, en ese "jarrón chino en un apartamento pequeño que tiene valor y nadie se atreve a tirar a la basura, pero que en realidad estorba en todas partes".