La fecha del juicio al procés se conoció este viernes, con una antelación de apenas 11 días naturales -6 laborables, como se cuentan los tiempos en esta esfera-, y a menos de una semana del arranque de la causa las defensas aún no han recibido traslado oficial de medio centenar de pruebas documentales que serán analizadas en este proceso. Equipos legales de los dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo ante el Tribunal Supremo en apenas cuatro días laborables, denuncian a Público las dificultades para preparar y pulir sus respectivas estrategias de cara al juicio que arrancará el 12 de febrero.

Desde la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, explican que, dado el enorme volumen de documentos que se manejan en esta causa, entre escritos, audios, y vídeos, la mayoría de estos archivos no han podido ser volcados en la plataforma de intercambio de datos que se emplea en estos casos, Lexnet. Cifran en más de 50 el número de pruebas documentales admitidas, aún no transmitidas a las partes, y cada una de ellas puede englobar a su vez varios DVDs, archivos de audio o extensos documentos.

"Sólo en nuestro caso hemos presentado 10 discos duros con vídeos y documentos que nos han admitido. El resto no han recibido traslado, nosotros tampoco", apuntan, recordando que hay 12 procesados en la causa, lo que la hace más compleja. "Tienes que tener en cuenta lo que hacen las otras partes, te puede influir".

Detallan que parte de estas pruebas documentales han sido reclamadas a distintas administraciones después de publicarse el auto de admisión de pruebas -el viernes-, cuando trascendió también la fecha de arranque del juicio. Parte de estas administraciones aún tendrían que responder, lo que implicaría nuevos retrasos, siempre según las defensas. "Lo propio es que nos dejen leer estos documentos, organizar la defensa, puntualizar los interrogatorios", reiteran.

Además, de no recibir traslado a tiempo, advierten de que podrían esgrimir el artículo 745 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para intentar suspender la apertura del juicio -si bien la norma citada atribuye esta potestad al presidente del Tribunal que juzgará la causa, el magistrado Manuel Marchena-."El Presidente del Tribunal podrá suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos independientes de su voluntad, no tuvieren preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos", reza este artículo.

En esta línea, critican también la ausencia de un calendario de sesiones más detallado -el actual sólo hace referencia a los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de febrero, para abordar las cuestiones previas y el interrogatorio de los procesados-. Incluso señalan que el propio presidente del Tribunal que juzgará el procés ya reconoció en el oficio remitido al Ministerio del Interior para el traslado de los presos -fechado el 10 de enero- que no iba a cumplir con la normativa que establece los plazos para estos traslados. Los 9 dirigentes independentistas presos fueron trasladados el pasado viernes a Madrid desde cárceles catalanas.

En este escrito, Marchena recuerda que el artículo 664 de la LECrim establece que el tribunal debe disponer que los presos sean "inmediatamente conducidos a la cárcel correspondiente", "una vez señalado el día para el comienzo de las sesiones". También reconoce que el artículo 33 del Reglamento Penitenciario impone una "antelación mínima de 30 días", si bien solicita su traslado para "la última semana de enero" -sólo 20 días después-. Lo justifica afirmando que esta actuación persigue garantizar la “seguridad” y el traslado en condiciones de “dignidad” de los presos, así como su derecho a "un proceso sin dilaciones indebidas", pero la defensa le afea que "ni siquiera" cumpla el plazo de 30 días del Reglamento Penitenciario".

Sólo 3 de los dirigentes procesados se encuentran hoy en libertad. De los 9 que están en prisión provisional, la representación de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull denunció el lunes que los presos no tengan permiso para usar sus ordenadores, en los que almacenan miles de folios, vídeos y audios sobre el caso. También solicitó su puesta en libertad, mientras en un segundo escrito pedía que el arranque del juicio se posponga tres semanas, el mismo periodo que reclama la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

De hecho, más allá de las dificultades para trabajar sin sus equipos informáticos -comprados a tal fin "mientras estaban privados de libertad", como recuerdan los abogados al Supremo-, los letrados hacen hincapié en las dificultades que implica que sus clientes tengan que prepararse en prisión.

Según la comunicación difundida la semana pasada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, los presos tienen derecho a efectuar dos llamadas telefónicas de 20 minutos a la semana, si bien el reglamento contempla que no haya limitaciones de tiempo ni horario para hablar con sus abogados. Pueden reunirse con ellos en locutorios especiales “sin barreras físicas entre letrados y procesados”, y bajo la supervisión de funcionarios que "sólo tienen contacto visual".

Críticas a las pruebas admitidas

Por su parte, desde el equipo legal del exvicepresident Junqueras y el exconseller Romeva se suman a la crítica de los letrados de Cuixart sobre el margen que les han dado para prepararse, y denuncian que el Alto Tribunal haya rechazado admitir "pruebas especialmente trascendentes" para la causa.

"La aceptación de muchos testigos quiere hacer parecer que el Tribunal es aperturista, que acepta las pruebas de las defensas", explican los letrados. Se refieren a parte de las pruebas que surgen del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -"Muchas de las que solicitaban las defensas no han sido aceptadas"-, así como a las del Juzgado número 7, "que investiga la violencia policial del 1-O".

Denuncian también que no se haya aceptado la comparecencia como testigo del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya. Este medio avanzó que Baena está detrás de una cuenta de Twitter desde la que habría reprendido a políticos a los que él mismo habría estado investigado, además de criticar a partidos independentistas.

En la misma línea, cuestionan que tampoco se haya aceptado la comparecencia de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado. Su mensaje de Whatsapp remitido a todos los parlamentarios del PP en la Cámara Alta prometía que, con la frustrada designación de Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP seguiría controlando la sala encargada de enjuiciar el procés.

La filtración del mensaje puso a Cosidó contra las cuerdas, y ocasionó que Marchena renunciase a postularse para este puesto. "Cosidó dijo que él controlaría por detrás el Tribunal", recuerdan las defensas. Este episodio sirvió a los procesados para solicitar la recusación del magistrado ante la Sala del 61 del Alto Tribunal, que rechazó apartar a Marchena. "El whatsapp atribuido al señor Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie más", argumentó entonces la sala.

En última instancia, la defensa de Junqueras lamenta el "intento de confusión" que aprecia en los argumentos del Supremo para rechazar la presencia de observadores internacionales -podrán entrar en sala como público, pero no se les reconocerá el estatus que aspiran a lograr, ni tendrán asientos reservados-. "No conocemos ningún observador en el planeta que supervise unas elecciones por televisión. Una cosa es ver, otra es observar, y hay cosas muy sutiles que sólo pueden apreciarse desde la sala", apostillan desde su equipo.

El Supremo afirma que sí han tenido tiempo suficiente

Por otro lado, fuentes del Supremo consultadas por este diario restan importancia a que las defensas aún no hayan recibido las pruebas documentales, “que estarán incorporadas y se utilizarán en el correspondiente momento procesal”. Recuerdan que la semana que viene se abrirá la fase de cuestiones previas, que dará paso a las declaraciones de los acusados, los testigos y finalmente a las pruebas documentales.

Y, sobre el argumento de las defensas de que no han tenido suficiente tiempo para prepararse, las fuentes citadas recuerdan que, frente a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que fija en 30 el máximo número de páginas de un escrito de defensa, en el caso del procés el más breve “ronda las 80 páginas, y el más extenso [Carme Forcadell, expresidenta del Parlament] se acerca a las 260”. “Alguien que ha presentado este tipo de escritos evidencia que ha tenido suficiente tiempo para prepararlos exhaustivamente”, apuntan.

Con todo, y frente a quienes acusa de atacar el prestigio de la Justicia y la Democracia en España, el Alto Tribunal vende un enorme esfuerzo por garantizar la “transparencia” del proceso. Los magistrados son conscientes de que su prestigio depende de cómo se desarrolle el juicio, y por eso pretenden cuidar al máximo todos los detalles, con la vista puesta además en que nada pueda ser usado en su contra frente a la Justicia europea.