La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que aglutina al 70% del colectivo, advierte de que un régimen fiscal especial para Catalunya "no tiene cobertura legal ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía catalán ni en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)". No solo eso, la independencia fiscal de Catalunya tendría "consecuencias nefastas y catastróficas".

No es la primera vez que la IHE expresa estos argumentos. En una rueda de prensa este lunes, la cúpula de la asociación ha detallado que, según la propuesta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la independencia fiscal provocaría que los ingresos tributarios de Catalunya se duplicaran, pasando de 26.000 millones de euros a 52.000 millones. Esto significaría una reducción de en torno a un 20% del total de los recursos de los que se nutre el sistema de financiación autonómica.

"Después, Catalunya contribuiría al resto del Estado para sufragar gastos comunes, como lo hacen País Vasco y Navarra", ha dicho José María Peláez, portavoz de IHE, que ha subrayado que la Constitución solo habla de los derechos forales de esos dos territorios históricos. 

Histórica reivindicación

La Generalitat pide al Gobierno central la cesión del 100% de los impuestos que se recaudan en Catalunya, que aportaría una serie de recursos a un fondo de solidaridad para las comunidades con menos capacidad económica. Según el sistema reivindicado tanto por ERC como por Junts, el déficit fiscal que sufre Catalunya se podría corregir, ya que si bien la comunidad es la tercera en nutrir de fondos procedentes de la recaudación al sistema general, es la decimocuarta en recibir recursos del Gobierno central. 

El president Pere Aragonès realizó este anuncio el pasado 20 de marzo, coincidiendo con el anuncio del adelanto electoral. Pide una "financiación justa" para Catalunya para lo que solicita la totalidad de los impuestos recaudados en la comunidad, lo que equivaldría a "la plena soberanía fiscal". 

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado cree que esta petición implicaría la desaparición en Catalunya de la agencia tributaria estatal y la implantación en exclusiva de una agencia tributaria catalana, algo que no está previsto ni en la LOFCA ni en el propio Estatuto de Autonomía catalán vigente.

Tipos de impuestos

Son tres los tipos de impuestos que tramitan las comunidades autónomas: los propios y los que el Estado ha cedido, que son Patrimonio y Sucesiones; los tributos estatales cedidos parcialmente, como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, respecto de los que el Estado es el titular de la gestión y se cede a las comunidades un porcentaje de la recaudación; y los tributos estatales no cedidos, como son el Impuesto de Sociedades y el de la Renta de los no residentes, en los que las comunidades no tienen participación.  

"La cesión a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos recaudados en Cataluña conllevaría efectos muy negativos sobre la
eficiencia del sistema tributario, ya que incrementaría los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuiría su seguridad jurídica y, en general, haría más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario", consta en el estudio de IHE. 

Para la asociación de inspectores de Hacienda, la independencia fiscal de Catalunya "conllevaría el incumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, capacidad económica, de solidaridad y de garantía de servicios públicos mínimos".

Además la entidad cree que "se produciría un gran deterioro de los servicios prestados por la AEAT a los ciudadanos, como es el caso de las devoluciones del IRPF".

Cesión de impuestos no propios

La IHE recuerda que el Estatuto de Catalunya vigente establece que corresponde al Estado la gestión de los tributos cedidos parcialmente, "si bien se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza del tributo. Para desarrollar estas
previsiones, está prevista la constitución de un Consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la Agencia Tributaria española (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña". 

"Dicho precepto hace referencia a los tributos cedidos parcialmente, por lo que el Estatuto nunca puede amparar la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, como se nos pretende hacer creer", advierte IHE. 

Pero el sistema planteado por Aragonès incluiría la cesión de los "tributos no cedidos, como el impuesto sobre Sociedades, y, en consecuencia, la cesión de la gestión, inspección y recaudación de dichos impuestos —alerta la entidad—, que no son propios de la comunidad". 

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado recuerda que las comunidades autónomas "no tienen competencias sobre la hacienda
estatal". 

Pese a que el PSOE y ERC pactaron para la investidura negociar una "financiación adecuada" para Catalunya, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho que no a la petición de Aragonès, poniendo el foco en que se estudiaría impulsar una reforma del "sistema en su globalidad", es decir, para todas las comunidades autónomas.