Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.

Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha sido imputada, junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao, José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número uno de Santiago.

María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su partido respeta las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos en los que se imputa a políticos y posteriormente son sobreseídos.

La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han señalado que la decisión de la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero 'se ajustó a derecho' y se tomó 'avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento'.

Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales 'es un derecho' que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la Pokemon renunció a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como Corcubión (A Coruña), se han adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago 'en otras legislaturas' y con otros partidos en el gobierno municipal. La jueza ha tomado esta decisión por la denuncia de un particular.