Diego García, exgerente de una filial del Canal de Isabel II, ha afirmado al juez que Ignacio González cobró 1,8 millones de dólares (1,5 millones de euros) de una comisión de 5,4 que se repartieron entre 5 personas, incluido el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, por la compra de una empresa en Brasil.

En su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el exgerente de Inassa (filial colombiana del Canal) ha dado detalles de la compra en 2013 de la brasileña Emissao, una empresa por la que el Canal pagó, a través de Inassa, 30 millones de dólares y que después perdió su valor hasta los 5.

Una compra por la que, ha dicho, cinco personas cobraron una comisión total de 5,4 millones de dólares. Aparte del propio García, el expresidente madrileño y Moro, también recibieron dinero el hombre fuerte de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, y Ramón Navarro (exgerente de la Triple A, propiedad de Inassa), según han informado fuentes presentes en la declaración.

De esa cantidad, ha explicado García, todos obtuvieron 900.000 dólares menos González, que se quedó con 1,8 millones, si bien fue Rodríguez Sobrino quien custodió este dinero ante las sospechas del expresidente madrileño de que le pudieran descubrir ya que estaba siendo investigado por el asunto de su ático en Estepona (Málaga).

Además, ha señalado que la parte de Moro la recibieron él y Ramón Navarro (exgerente de la Triple A, propiedad de Inassa) y que después él se la dio en efectivo al ex delegado del Gobierno en Ceuta pero no sabe si Navarro hizo lo mismo. García, también investigado en la causa que se sigue en Colombia por operaciones presuntamente fraudulentas del Canal y que continuará declarando el próximo viernes, ha explicado que él fue quien repartió el dinero entre los cinco y que ya ha devuelto su parte a la Justicia.

Por otra parte, García ha defendido la operación de compra por 73 millones de dólares de Inassa, la filial colombiana que adquirió el Canal en 2001 y que se investiga en otra pieza del caso Lezo, en la que declarará como investigado el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón el 7 de junio.

También ha comparecido hoy la cuñada de Ignacio González Pilar Cavero, socia de honor del despacho de abogados Cuatrecasas, que realizó en 2004, tres años después de la compra, un informe de la compra de Inassa a petición del expresidente madrileño.

Según Cavero, González le llamó una noche y le preguntó si el despacho tenía capacidad para realizar un informe de la operación y ella se lo transmitió a sus subordinados pero, a partir de ahí, se desentendió y no sabe cómo se hizo el informe (que fue desfavorable a la operación) ni si finalmente se pagó a través de varias sociedades.

Esa fue la primera vez que el Canal contrató a Cuatrecasas, según la documentación que este mismo despacho ha aportado a la causa y, a partir de entonces, pasó a ser cliente de la empresa pública y cobró en total 780.000 euros hasta 2009 por varios trabajos, según han precisado fuentes jurídicas a Efe.

El juez sospecha que pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" en la compra de Inassa ya que la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria".