La huella de ERC en la acción del Govern de Salvador Illa

El 8 de agosto del año pasado, Salvador Illa fue investido nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, tras recibir el apoyo de ERC y los Comuns, con quienes su partido, el PSC, había cerrado acuerdos los días previos. Su llegada al Govern suponía el incuestionable inicio de un cambio de ciclo en la política catalana y ponía punto final a los ejecutivos independentistas que se habían sucedido durante la etapa del procés.

Ahora bien, ocho meses más tarde, la realidad es que la acción de Illa al frente de la Generalitat está mucho más marcada por la continuidad que por la ruptura. Obviamente, hay diferencias con el anterior ejecutivo que encabezaba el republicano Pere Aragonès, y cambios en las prioridades –el conflicto territorial casi ha desaparecido de la agenda política–, pero no hay mes en el que no se evidencie la huella de ERC en la actuación del gobierno catalán.

El cumplimiento del acuerdo de investidura sellado entre socialistas e independentistas explica, en parte, que el ejecutivo de Illa esté tirando adelante iniciativas diseñadas en el anterior mandato, pero que quedaron colgadas con el final anticipado de la legislatura, así como otras medidas que figuraban en el programa electoral de los republicanos.

De hecho, en numerosas ocasiones el presidente ha elogiado el trabajo hecho por su antecesor. A la vez, el paso de los meses ha evidenciado la necesidad de Illa de profundizar en la alianza con ERC y los Comuns si quiere aspirar a que su presidencia sea fructífera, descartando pactos ocasionales con Junts o, incluso, el PP, con los cuales podría tener coincidencias en proyectos económicos o de infraestructuras.

A corto plazo, el Govern debe de negociar con las dos formaciones de izquierdas la aprobación de los dos suplementos de crédito que suman casi 4.000 millones y que tienen que permitir incrementar los recursos de los que dispone el ejecutivo, con la idea de ganar estabilidad y allanar el terreno para la negociación de los presupuestos del próximo año, tras no poder aprobar los de 2025.

Del alquiler de temporada al Catalunya Media City

El traspaso de Rodalies y la consecución del nuevo modelo de financiación, que ERC quiere "singular", son probablemente las dos principales patas del acuerdo de investidura entre republicanos y socialistas. En unos meses marcados por el constante caos ferroviario, se han dado pasos significativos para culminar esta carpeta, como por ejemplo el inicio de los trabajos para ejecutar los traspasos a la Generalitat de las líneas R1, R2 y R3 o la creación de los estatutos de la empresa mixta –participada por las dos administraciones– que tiene que gestionar el servicio.

La cuestión de la financiación está más verde y lejos de la concreción, pese al acuerdo para empezar a reforzar ya la hacienda catalana.

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Más allá de estos dos grandes ámbitos, las muestras de la impronta republicana en la actuación del Govern de la Generalitat son constantes. Los últimos ejemplos se vivieron la semana pasada. El martes, el ejecutivo cerró un acuerdo con ERC, los Comuns y la CUP para aprobar un decreto para regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, entre otras medidas en vivienda, que se tramitará como proyecto de ley.

Cómo destacó la portavoz parlamentaria de Esquerra, Ester Capella, la medida supone recuperar la iniciativa impulsada al final del mandato de Aragonès –ya con las elecciones convocadas– y que contaba también con el apoyo de Comuns y la CUP. Entonces, el PSC –como Junts– votó en contra del decreto. Paralelamente, el Govern también anunció ya hace unos meses la voluntad de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, en uno de los puntos que forma parte de los acuerdos de investidura tanto con ERC como con los Comuns.

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La semana pasada, además, el Parlamento aprobó la tramitación de la proposición de ley impulsada por ERC para crear el cuerpo de acción exterior de la Generalitat, justamente otro de los aspectos del pacto sellado en verano entre republicanos y socialistas para que los primeros votaran "sí" a la elección de Illa como president. Y apenas hace 15 días se anunció el impulso al Catalunya Media City, el hub audiovisual gestado durante la pasada legislatura y que casi no presentará cambios.

Recuperación de leyes

Uno de los "compromisos esenciales" del acuerdo de investidura citaba explícitamente la "continuidad" de las "políticas públicas". La propia composición del nuevo Govern ya evidenció la voluntad de cumplirlo al situar como consellers dos altos cargos del ejecutivo de Aragonès, en concreto Francesc Xavier Vila como titular de Política Lingüística y Sónia Hernández al frente de Cultura.

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Así mismo, buena parte de los primeros pasos en materia legislativa han estado marcados por esta continuidad entre los gobiernos de ERC y PSC. En diciembre, por ejemplo, el Govern aprobó tanto el proyecto de ley para la erradicación del amianto, como el de memoria democrática. Semanas antes, ya había validado el Estatuto de Municipios Rurales. Las tres son normativas que provienen de la etapa de Aragonès y la previsión es que en los próximos meses el Parlament las valide definitivamente, presumiblemente sin grandes cambios.

Ya durante 2025, el ejecutivo ha aprobado otros proyectos de leyes heredados de los republicanos, como el de la Economía Social y Solidaria de Catalunya o el de la Filmoteca. Y, además, en enero el Parlament validó eliminar los privilegios fiscales al Hard Rock, una iniciativa de los Comuns y ERC que el PSC apoyó después de cambiar de posición y que hará muy difícil que el complejo de ocio y del juego se llegue a materializar.

Así mismo, las comisiones bilaterales Generalitat-Estado también han servido para profundizar en esta huella republicana del Gobierno socialista. Así, por ejemplo, en la celebrada en febrero se acordó el incremento de los agentes de los Mossos d'Esquadra, que ya se había negociado en la etapa de Joan Ignasi Elena (ERC) como conseller de Interior.

Eso sí, si en la anterior presidencia el objetivo era llegar a los 22.000 agentes en 2030, ahora la cifra se eleva hasta 25.000, en una muestra de la centralidad que da a la seguridad –a partir de un enfoque policial– el ejecutivo de Illa. El organismo también sirvió para aprobar la creación de un consorcio entre las dos administraciones que justamente fiscalice la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya, otro de los puntos presentes en el pacto de investidura.

Y hace apenas tres semanas, el Govern y ERC pactaron rebajar el IRPF para los trabajadores que cobran menos de 33.000 euros. Era una medida que las dos formaciones ya habían acordado un año antes, a pesar de que entonces con los papeles cambiados –los republicanos, en el ejecutivo; los socialistas, en la oposición– y situando la cantidad en 35.000 euros.

Cuestiones pendientes

Hay otros elementos del acuerdo de investidura prioritarios para ERC que todavía no se han materializado. Es el caso, por ejemplo, del Pacto Nacional por la Lengua, que ahora mismo se encuentra encallado, fundamentalmente por las dudas de Junts y por el rechazo de la CUP, que hace unos días anunció que se desmarcaba definitivamente de él. La iniciativa surgió bajo la presidencia de Aragonès, con la voluntad de reavivar el catalán e impulsar su uso social.

También va con retraso la creación de la Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que según el pacto mencionado tenía que materializarse en el primer pleno de legislatura.

La iniciativa pretende crear una mesa de partidos en el Parlament para buscar una salida al conflicto territorial con el Estado y la realidad es que tanto republicanos como socialistas han priorizado hasta ahora otras cuestiones, como el traspaso de Rodalies, la nueva financiación o la crisis de la vivienda, antes de abordar un conflicto político que ha perdido peso. ERC pretende reactivar la cuestión, con la voluntad de que la Convención sea una realidad próximamente.

El nuevo Govern ha mantenido la Oficina del Plan Piloto para la Renta Básica Universal (RBU), pero la ha colocado en el Departamento de Derechos Sociales en vez de en el de Presidencia y ha descafeinado su visibilidad y ambición. Un hecho que ha generado críticas de Sergi Raventós, el antiguo director.

Donde también se vislumbran diferencias entre republicanos y socialistas es en el debate alrededor de la ampliación del aeropuerto, que como ha avanzado Público se prevé que sea la nueva gran batalla política de Catalunya. A priori los socialistas son partidarios de ampliar la infraestructura, aunque esto comporte un impacto ambiental en el espacio natural de La Ricarda, mientras que ERC plantea otras alternativas y, sobre todo, prioriza el traspaso del aeropuerto, hasta ahora controlado por Aena.

Lo que suceda no es una cuestión menor, sino que puede determinar el futuro de la alianza entre las dos formaciones. Y, de paso, la estabilidad de un Govern de Illa que, hasta ahora, se ha dedicado a cuidar al máximo las relaciones con los republicanos y avanzar en el cumplimiento de unos acuerdos que son condición necesaria para que los socialistas puedan aspirar a contar con unos presupuestos el próximo año. Por lo tanto, la previsión es que continuará la impronta republicana en la Generalitat.