La huelga en los juzgados gallegos ha colapsado por completo el sistema judicial en Galicia, con la suspensión de miles de vistas orales y de infinidad de trámites, incluidas las declaraciones testificales en casos de mucha relevancia social cuya instrucción ya llevaba años de atasco. La solución, además, no parece cercana después de que los sindicatos se hayan negado a aceptar como interlocutor al portavoz de la Xunta, el director xeral da Función Pública, José María Barreiro. Le acusan de “dinamitar” las negociaciones y han pedido por escrito su dimisión por unas declaraciones en las que llamaba a los funcionarios que no estuvieran contentos a emigrar fuera de Galicia. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, sigue apoyándole.

Entre los juicios suspendidos destaca el que iba a comenzar el pasado lunes en Lugo, y que iba a sentar en el banquillo al alcalde del PP de la localidad lucense de Barreiros, a varios concejales de su corporación y a la arquitecta municipal. Están acusados de conceder irregularmente 45 licencias urbanísticas dentro de un plan para levantar casi 3.000 viviendas nuevas en el pueblo, que suma menos de 3.000 habitantes pero que cuenta con un notable atractivo turístico dado que está situado en un entorno natural de playas y paisajes marinos. El caso de Barreiros estalló poco antes de que lo hiciera la burbuja del ladrillo, y tuvo una amplia resonancia social como ejemplo de pelotazo y aberración urbanística.

Este jueves también tuvo que suspenderse la declaración de varios testigos en el juzgado de Santiago que investiga la muerte de varios pacientes a los que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) negó hace tres años los tratamientos contra la hepatitis C que les hubieran salvado la vida, y por el que la Fiscalía acusa de un delito de homicidio imprudente a dos altos cargos del Gobierno de Feijóo.

La actuación de la Xunta en aquella ocasión, motivada por los recortes en el presupuesto sanitario ordenados por Feijóo, también tuvo una enorme repercusión y desató una oleada de rechazo social, especialmente entre la clase médica. Uno de los testimonios suspendidos por la huelga fue el de Evaristo Varo, jefe de Servicio de Digestivo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, uno de los galenos más combativos con la decisión de la Xunta de negar a sus pacientes el tratamiento que requerían y miembro de Batas Blancas, la asociación cuya denuncia motivó la intervención de la Fiscalía.

Según los colegios de abogados de Galicia, la mayoría de los juicios suspendidos por la huelga tendrán que aplazarse más de un año, dado que la agenda de señalamientos para el actual está completa, y se verá además afectada por las nuevas citas para otros trámites que tendrán que cuadrar jueces, fiscales y secretarios.

Manifestación en el Obradoiro de los trabajadores de la Administración de Justicia. EFE

Los trabajadores de la justicia, que se mantienen en huelga con un seguimiento que ha llegado a superar el 90% con el apoyo de buena parte de los jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores de la comunidad, reclaman mejoras salariales que compensen los recortes que sufrieron en sus nóminas en los últimos años, pero también un incremento del presupuesto de la Xunta para los juzgados que permita dotarlos de los medios materiales y humanos necesarios para sacarlos de la, a su juicio, “dramática situación” que padecen.

De hecho, Galicia es, según el Poder Judicial, una de las comunidades que sufre mayores retrasos, que en ocasiones, como en los casos de Barreiros y la hepatitis C, hacen que su instrucción se prolongue años y su resolución y, en su caso, la compensación de las víctimas, hasta lustros. Además, la situación física de algunos juzgados es de un absoluto deterioro y raya las condiciones mínimas requeridas para que puedan ser considerados como centros de trabajo.

La situación empieza a poner contra las cuerdas a la Xunta y especialmente a Feijóo, cuya reacción, lejos de buscar la conciliación y la mediación dialogada para lograr una salida rápida y negociada al problema, ha sido responsabilizar y desacreditare a los trabajadores por ejercer su legítimo derecho y utilizar los medios públicos y presionar a los privados, sobre los que cuenta con notable influencia gracias a su política de ayudas y subvenciones a dedo, para que hagan lo mismo.

Desde el flanco sindical, los trabajadores lamentan ese modo de actuar, que denigra la imagen pública de los funcionarios en un sector muy deteriorado por los recortes, y recuerdan que los que más pierden con la huelga son precisamente ellos y sus familias, que ya llevan perdidos once días de salario con sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

“La huelga no es un capricho. A nosotros nos cuesta dinero”, advierte Xesús H. Sánchez, secretario de Xustiza de la Confederación Intersindical Galega, la central mayoritaria en la comunidad por número de delegados. Sánchez subraya además que las cantidades que a ellos les detraen de sus salarios suponen un goloso ahorro para una Administración que ha basado buena parte de su política en los recortes. Los sindicatos calculan que por funcionario que ha secundado hasta ahora los once días de paro, el Ejecutivo de Feijóo se ha ahorrado unos 800 euros entre salario y costes sociales. “Si esa cifra se multiplica por cada trabajador y trabajadora en huelga, estamos hablando de muchos cientos de miles de euros”, sostiene.