@e_bayona

ZARAGOZA .- El pulso a tres bandas que desde hace casi cuatro meses mantienen la plantilla de la contrata del autobús urbano de Zaragoza, la concesionaria Auzsa y el ayuntamiento ha tenido un inesperado efecto secundario político: ha quebrado el aislamiento del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y ha provocado, tras semanas de alta tensión política en el consistorio, el segundo consenso de la legislatura en un tema de calado, tras el aumento de la dotación para ayudas sociales del pasado otoño.

El punto de inflexión se produjo la semana pasada, cuando la plantilla rechazó en referéndum, con la oposición de tres cuartas partes de sus miembros, la última propuesta de convenio colectivo que había negociado con la empresa en el Sama, el servicio de mediación laboral autonómico, que incluía una subida del 4% hasta el 2019 pero que el comité consideraba insuficiente por no incluir otros conceptos sociales, como los complementos para las bajas.

La huelga, que el domingo alcanzará los cuatro meses con seis horas diarias de paros parciales cuyo seguimiento supera el 90% entre los trabajadores, es la más larga de la contrata. Y también la primera en varias décadas en la que aparecen nuevos factores: el comité de empresa reclama una remunicipalización que el ayuntamiento ve hoy por hoy inviable por su alto coste, pese a apoyar la internalización de servicios privatizados, y un equipo de gobierno municipal en minoría que rechaza resolver un conflicto laboral en esa empresa mediante la tradicional aportación de dinero público.

Oposición y equipo de gobierno aplacan la tensión por los paros

El resultado de esa votación, sin embargo, dio lugar a lo que el alcalde, Pedro Santisteve, define como “una nueva situación” en la que los cinco grupos municipales han decidido aplacar, al menos momentáneamente, la tensión que el conflicto estaba generando en el consistorio para tratar de buscarle una salida.

Por una parte, los cuatro grupos de la oposición –PP, PSOE, C’s y Cha- y ZeC han acordado suspender la celebración del pleno extraordinario monográfico que los primeros habían solicitado para exigir “responsabilidades políticas” a los segundos. Y, por otra, el ayuntamiento abandona el papel de mediador entre la empresa y el comité que estaba desarrollando, labor que ha sido encomendada a Juan García Blasco, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Zaragoza.

Los paros, que han provocado quejas de vecinos y cuyos efectos tratará en su próxima reunión el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, han hecho que el bus urbano pierda 60.000 usuarios al día

El experto se reunió este lunes por la tarde, horas antes de que empresa y comité acudan de nuevo al Sama, con la Junta de Portavoces municipal. “Lo que tengo que hacer es contribuir a resolver el conflicto”, dijo, desde “una posición técnica y profesional” que permita “llegar a un acuerdo y que facilite que haya un convenio colectivo”. “Tenemos que hacer esfuerzos –añadió-. Este conflicto se resuelve con voluntad, compromiso y responsabilidad”.

Por otro lado, los técnicos municipales han comenzado este lunes a trabajar en las otras dos propuestas acordadas por los cinco grupos municipales: la revisión al alza de los servicios mínimos –son del 33% por no incluir las horas punta- en las líneas en las que los paros están causando mayores afecciones –básicamente, las que enlazan centros de afluencia como hospitales y polígonos industriales, entre otras- y un estudio de cómo aplicar a mejoras en el servicio del autobús urbano el dinero que el ayuntamiento se está ahorrando por la huelga por la reducción de los trayectos.

Los paros, que han provocado quejas de vecinos y cuyos efectos tratará en su próxima reunión el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios

Auditoría a la contrata para saber hasta dónde puede llegar

Por otro lado, el equipo de gobierno de ZeC impulsa la realización de una auditoría de las cuentas de la empresa concesionaria, filial de la multinacional mexicana ADO, con el fin de “comprobar si la empresa tiene beneficios suficientes para ceder más en las reivindicaciones de los trabajadores”, según el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Ese “estudio pormenorizado”, añadió, tiene como objetivo “arrojar luz sobre las cuentas y las posibilidades técnicas” de la sociedad para “reorganizar sus recursos para obtener un ahorro que se pueda invertir en favorecer los derechos de los trabajadores”.

La Junta de Gobierno municipal, por otra parte, aprobó el viernes abrir un expediente sancionador a Auzsa por falta muy grave por un presunto incumplimiento de la contrata cometido al no haber convocado el concurso público para seleccionar a la consultora que debía efectuar la auditoría contable que el ayuntamiento le reclamó en enero.

Dos altos cargos imputados por el pago de 153 despidos

Por su parte, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, ha citado a declarar como investigados por prevaricación y malversación, a petición de la Unidad Antifraude de la Fiscalía, a dos altos cargos municipales dentro de la investigación en la que intenta aclarar si hubo alguna irregularidad en el pago de 153 despidos de la contrata del bus urbano con cargo a las arcas municipales que el anterior equipo de gobierno aprobó dos días antes de la investidura de Santisteve. La factura, que incluyó las minutas de los abogados de la empresa en el recurso de los trabajadores contra el ERE y una sanción de la Inspección de Trabajo, superó los dos millones de euros.

Se trata del jefe de los Servicios Jurídicos y coordinador del área de Presidencia y Economía la pasada legislatura, Luis García Mercadal, y del interventor, Ignacio Notivoli. El primero es el autor de un informe, fechado la víspera de la reunión, que justifica el pago por el recorte de kilómetros aplicado a la contrata. El segundo no puso reparos al desembolso.

En la querella que dio lugar a las diligencias, presentada por el sindicato Somos, aparecen también como denunciados el exalcalde Juan Alberto Belloch, su vicealcalde y actual consejero autonómico de Hacienda, Fernando Gimeno, dos concejales del PSOE y dos exediles. Ninguno de ellos ha sido citado como investigado.

La causa, que va ganando volumen a base de informes de las partes, incluye una notificación en la que el ayuntamiento hace saber al juzgado que ha iniciado los trámites para la pedir la declaración de lesividad por los pagos –en realidad solo han salido de las arcas municipales 105.502, tras paralizar ZeC el resto de los desembolsos- y escritos de defensa en los que varios denunciados –están personados todos, salvo Belloch y Gimeno- justifican el acuerdo que investiga el juez.

Sostienen que el recorte de kilómetros a la contrata –cobra en función de la distancia que cubren sus vehículos- provocó un desequilibrio patrimonial del que se derivaron los 153 despidos, cuyo coste debía asumir el consistorio como contratista.